(Por Emilio Spataro*) Señores diputados, es claro que existen modelos productivos capaces de satisfacer y abastecer a las poblaciones humanes con bienes y servicios sin sobre pasar la capacidad de carga de los ecosistemas, también está demostrado y reconocido por la Convención de Diversidad Biológica, que las comunidades locales y los pueblos indígenas son quienes efectivamente viven y conviven en armonía con la naturaleza.
Señoras y señores diputados, expositores y público presente. Agradezco la invitación. Una vez más como en lo últimos 8 años, vengo a dar mi testimonio en pos de una Ley de Humedales en la Argentina. Siendo que en dos instancias esta ley obtuvo media sanción por parte de la cámara de Senadores y aun no tenemos Ley, es claro que algo ocurre y ello es que hay sectores corporativos que de forma deliberada vienen bloqueando su sanción con mucha efectividad, la misma efectividad que demuestran para escapar de sentencias judiciales desfavorables y seguir destruyendo nuestros humedales. Si, señor presidente de la Comisión, son efectivos en destruir y perpetrar su impunidad.
Un puñado de organizaciones de la sociedad civil llegamos a una propuesta de ley de humedales en 2012 luego de varios conflictos que vale recordar, y que son conflictos que continuaron durante los últimos 8 años;
- 2005. Instalación de fábricas celulósicas en la margen oriental de río Uruguay (R.O), conflicto desde Gualeguaychú, Entre Ríos.
- 2006. Terraplén en Jahavere /Iberá, provincia de Corrientes, la comunidad denuncia a la empresa Haciendas San Eugenio.
- 2006. Proyecto de fábricas celulósicas en la margen occidental de río Uruguay, Santo Tomé, Corrientes.
- 2008. Quemas extendidas en el Delta del Paraná, denuncias desde la sociedad civil.
- 2009. Arroceras ilegales en la reserva Iberá. Denuncia a Senadora P. Meabe /Denuncia y fallo Cirignioli vs Aguerre.
- 2011. Proyecto de monocultivo de arroz y represa del multimmillonario Soros – Aranda. Arroyo Ayuí, Corrientes.
- 2012. Proyecto de acaparamiento de tierras y producción de arroz en el Delta entrerriano.
- 2012. Terraplén en islas del Paraná, frente a Rosario, provincia de Entre Ríos. Denuncia del PNST.
- 2013. Proyecto de fábricas celulósicas en el alto río Paraná, Ituzaingó, Corrientes.
- 2013. Denuncian organizaciones varias la existencia de 230km de terraplenes en el Delta del Paraná.
- 2013. Conflicto en estero Gallo Sapucay, Corrientes, terraplén en territorio comunitario.
- 2014. Forestaciones en Iberá por parte de fondos de inversión de la Universidad de Harvard.
- 2016. Denuncia a Barrio Privado en Gualeguaychú por terraplenes ilegales.
- 2017. Dragados y canales en la cuenca del estero Riachuelo en la Provincia de Corrientes.
- 2020. Quemas extendidas en el Delta Entrerriano.
15 conflictos socio ambientales en 15 años, solo en 3 provincias, todos en humedales. 3 de ellos; la demolición del terraplén en Jahavere, esteros del Ibera, la demolición del barrio privado amarras en Gualeguaychú y la situación de emergencia en el Delta; con intervención de la Corte Suprema de la Nación favorable para los demandantes.
Larga seria la lista si sumamos los conflictos socio ambientales por la destrucción de humedales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en litoral atlántico y en el resto del país,
¿Cuánto años más señores diputados? ¿Cuántos conflictos más son necesarios? ¿Cuántos humedales más deben ser destruidos? Para que tengamos una política pública nacional de defensa de humedales.
En cada conflicto son las y los pobladores de los humedales y los vecinos de ellos, quienes asumen la defensa del bien común, amparados en la constitución nacional. Pero dejan su tiempo, ponen plata de su bolsillo, dedican esfuerzo batallando contra los poderes reales para que se cumpla la ley general del ambiente y no se destruya el mismo.
En cambio, quienes destruyen los humedales cuentan con plena disponibilidad de recursos y estructura para continuar con sus ilícitos. Por que su propio modelo de negocios está basado en el despojo ambiental y los conflictos son solo una eventualidad a atender. Significativo es notar que estas corporaciones han cooptado un buen número de áreas de decisión en las provincias.
Por ellos es fundamental entender que aquí no hay un antagonismo con la producción, el antagonismo es con la renta. Hace más de 60 años, desde el surgimiento del ecologismo como movimiento moderno, que los sectores corporativos intentan plantear el antagonismo entre ambiente y producción. Al principio tuvieron el beneficio de la duda por que los impactos ambientales eran conjeturales, ahora están probados, la evidencia científica es abrumadora, todos los ámbitos de gobernanza global lo reconocen, el mundo se nos va al tacho y los impulsores de la destrucción de la biodiversidad están plenamente identificados.
El IPBES público en un informe en 2019 que son 5 los principales impulsores de la perdida global de biodiversidad que amenazan con la extensión masiva de 1 millones de especies; el cambio de uso de la tierra, el uso y explotación de recursos naturales, las especies invasoras y el cambio climático. Todos estos factores de pérdida de biodiversidad son fácilmente reconocibles en los humedales de la cuenca del plata.
Ante ellos, la sola constitución de áreas protegidas no es ninguna solución. En los últimos 30 años han aumentado la cantidad de áreas protegidas, pero esto no está evitando la pérdida de biodiversidad, según el estudio, publicado en la revista científica 'Marine Ecology Progress Series', aunque hoy existen 100.000 áreas protegidas en todo el mundo, que suman 17 millones de kilómetros cuadrados en Tierra y 2 millones de kilómetros cuadrados en los océanos, la pérdida de biodiversidad se ha acelerado.
El prestigioso hidrólogo brasileño, Carlos Tucci advirtió en un estudio hace 10 años sobre los impactos sinérgicos por la combinación de problemas ambientales en la cuenca del plata.
Señores diputados, es claro que existen modelos productivos capaces de satisfacer y abastecer a las poblaciones humanes con bienes y servicios sin sobre pasar la capacidad de carga de los ecosistemas, también está demostrado y reconocido por la Convención de Diversidad Biológica, que las comunidades locales y los pueblos indígenas son quienes efectivamente viven y conviven en armonía con la naturaleza. A ello podemos agregar métodos productivos como la agroecología, la pesca artesanal y las formas de producción ancestrales y tradicionales. Esta ley debe fortalecer y apoyar estas prácticas en los humedales.
Por supuesto que aún falta más, la sustentabilidad es un desafío de toda la sociedad, pero la responsabilidad es de los dueños de los medios de producción y del Estado. Los dueños de los medios de producción en reconvertir sus sistemas de producción priorizando el no sobrepasar los limites de los factores ambientales y atendiendo el bien común antes que abultar los márgenes de ganancias cortoplacistas.
El Estado marcando el rumbo de la política publica en la gestión de humedales. Con reglas claras, que ordenen el territorio, que basen los limites de uso en los limites naturales de la capacidad de carga de cada ambiente, que la información sea publica efectivamente y la participación este garantizada. Esto es posible, es un desafío y la forma de comenzarlo para nuestra región es con la ley de humedales.
Por ello es que deben oír los aportes de los científicos que con vocación y dedicación han generado información robusta metodológicamente con ciencia basada en datos y a las comunidades locales que viven y con los humedales.
A quienes no deben oír cuando sigilosamente vayan por los pasillos y despachos, es a los representantes de los sectores corporativos que no quieren esta ley, ellos lo han demostrado en cada oportunidad, no debaten de frente, no vienen a aportar nada, no vienen a reconocer que necesitan cambiar urgentemente su forma de producción, no vienen a convocarnos a que los ayudemos, vienen a querer perpetrar el sistema de impunidad del que gozan.
Son entidades reconocibles, de ellos, de AFOA, de ACPA y de la Sociedad Rural, es la culpa de que hasta ahora no tengamos ley de humedales. Ellos quieren seguir expandiendo sus monocultivos sobre humedales, extinguiendo al venado de las pampas que pierde su hábitat frente a los pinos en los malezales del Aguapey en Corrientes. Quieren que la plata del estado no sea para el bien común sino para el subsidio de actividades extractivas, como han hecho los últimos 20 años con la ley 25080 de promoción de plantaciones forestales. Quieren la obra publica para seguir drenando humedales de sus campos privados. No quieren cambiar, no quieren disminuir su margen de ganancia por adaptarse a los limites naturales. ¿Por qué lo harían, si inclusive tienen la impunidad de tener a más del 60 % de sus trabajadores en negro incluidos trabajadores esclavos?. Eso es lo que pasa en los humedales destruidos por la codicia de unos pocos contra el bien común de la mayoría.
¿Cuántas pandemias más necesitamos para entender que en esta dirección las corporaciones nos llevan derecho a la edad media?. Cuarentena y lavarse las manos en pleno siglo XXI, dos medidas medievales en pleno siglo de revolución digital, recordaba el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en una entrevista reciente. Pero aún estamos a tiempo de iniciar y liderar una transición ordenada hacia otro modelo de producción y vida, por ello necesitamos leyes que transfieran recursos hacia ese cambio.
Señor presidente, seguiremos, luchando, siempre, empujando una ley de humedales que limite efectivamente su destrucción, los humedales serán, una ley del congreso o serán una ley de la calle. Intereses corporativos sobre los bienes comunes, NUNCA MAS, TERRAPLENES, CANALES, QUEMAS, URBANIZACIONES, MEGAMINERIA Y MONOCULTIVOS, EN HUMEDALES, NUNCA MAS.
(*) Presentación, Emilio Spataro, reunión de Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
