La cantidad de causas en el primer semestre de 2020 se redujo casi a la mitad en comparación con igual período de 2018 y 2019, advirtió la Procuraduría de Narcocriminalidad, a través de su Área de Análisis de la Información y Planificación Operativa -PROCUNAR-.
La Procuraduría de Narcocriminalidad, a través de su Área de Análisis de la Información y Planificación Operativa, elaboró un informe sobre las causas iniciadas ante la justicia federal en el primer semestre de este año -un total de 4749-, en el que se advierte una baja del 49 por ciento en la cantidad de investigaciones en relación con el promedio del mismo período entre 2018 y 2019. "Es posible afirmar que la circunstancia excepcional que ha significado la pandemia y las medidas sanitarias tomadas para contenerla han impactado en el despliegue de la persecución penal del fenómeno narcocriminal", indica la Procuraduría especializada.
El informe, elaborado en base a la registración que las fiscalías federales de todo el país realizan en el sistema de gestión informático Coirón, indica que "cobra especial relevancia en este análisis la menor cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo personal y tenencia simple que pueden explicarse por la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, al igual que las causas de comercio al menudeo", una tendencia que "se ha ido normalizando a medida que las medidas sanitarias se han ido flexibilizando".
Una de las jurisdicciones en las que se ha visto un menor impacto es la que integran Salta y Jujuy, provincias en las que se encuentra vigente el sistema acusatorio desde junio de 2019, y alcanza el 20 por ciento. Allí la PROCUNAR colabora territorialmente mediante su delegación regional NOA. Entre otros datos relevantes desagregados en el informe, en esa jurisdicción "el 75% de las causas formalizadas ya finalizaron con condena, siendo que el otro 25% están activas camino a juicio o acuerdo pleno".
El informe de la Procuraduría destaca la necesidad de "reflexionar sobre el grado de eficacia y eficiencia de la persecución penal en materia de drogas", puesto que "en un gran porcentaje de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple (10 por ciento) o para consumo personal (29 por ciento) y esta tendencia se repite en la mayoría de las provincias".
"El análisis de esta circunstancia evidencia que una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal. Y esto ocurre aún bajo la vigencia del sistema acusatorio, tal como surge de los datos de la provincia de Jujuy", indica la Procuraduría, y remarca que esto ocurre a diez años del fallo en el caso "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la persecución penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
El informe de la Procunar incluye los datos volcados sólo en el sistema federal, lo cual implica que en este trabajo no se ven reflejados una porción importante de los números de aquellas provincias que adhirieron a la ley de desfederalización (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en las que tramitan en la justicia ordinaria los delitos menos graves relacionados con estupefacientes, como la tenencia simple y la tenencia para consumo personal, y el comercio al menudeo, tipificado como comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
