La presión para que el rey Felipe VI responda al escándalo de corrupción que implica a su padre, Juan Carlos de Borbón (82), se incrementó este martes ante las últimas revelaciones y después de que miembros del Gobierno de Pedro Sánchez pusieran en cuestión la transparencia y continuidad de la propia monarquía.
"Nos volvemos a reafirmar en las declaraciones en las que celebrábamos cualquier iniciativa que tome el Jefe del Estado para dar mayor trasparencia y confianza en relación con los acontecimientos que hemos conocido", aseguró hoy la vocera del Ejecutivo progresista español, María Jesús Montero, mientras en España se sigue esperando algún movimiento de parte de Felipe VI.
En las horas previas, la ministra de Igualdad española, Irene Montero, dijo que "es muy difícil poder separar los casos de corrupción de la familia Borbón, algunos presuntos y otros contrastados, de la institución de la que forman parte".
Montero, "número dos" del partido de izquierda Unidas Podemos (UP), se distanciaba así de la postura del Ejecutivo que ella misma integra, que intenta diferenciar la cuestionada figura del rey emérito de la supuesta "ejemplaridad" del actual monarca con la intención de dar estabilidad a la institución.
No obstante, ante el goteo de revelaciones sobre los negocios ilegales de Juan Carlos de Borbón, la estrategia comienza a tambalearse.
La Justicia suiza lo investiga por blanqueo de capitales y comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.
De acuerdo con la fiscalía helvética, el padre de Felipe VI ocultó el dinero saudita en la Fundación Lucum, una empresa off shore con cuenta en Suiza, y en 2012, transfirió el dinero que le quedaba a su ex amante, la empresaria Corinna Larsen (56).
