Esta semana un informe de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet molestó al Gobierno de Caracas, que calificó el trabajo de ese equipo de “tendencioso” y de “muestra palpable de doble rasero, manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países”.
La tensión se disparó después de que la ONU cuestionara la independencia del sistema judicial, que de facto se debe a los equilibrios políticos del país. El Tribunal Supremo, el máximo órgano del sistema de justicia, acaba de inhabilitar, por ejemplo, las direcciones de tres de los cuatro principales partidos opositores para ponerlas en manos de gestoras más dóciles. Las sentencias que favorecen al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) son habituales cada vez que se acerca una convocatoria electoral, como es el caso de las parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre. Estas relaciones, según Naciones Unidas, “impiden que el poder judicial ejerza su función clave como un actor independiente”.
La comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, denunció además el miércoles las “graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, como asesinatos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas e informes de torturas y desapariciones forzadas”.
Bachelet viajó hace un año a Venezuela tras una etapa de profundos desencuentros entre el organismo que encabeza desde 2018 y el régimen. Se reunió con Maduro y con Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino por casi 60 países. Y exigió al Gobierno detener los abusos.
A pesar de las recomendaciones, la situación no ha cambiado y la ONU manifestó también en esta ocasión su preocupación por el descontrol registrado en el Arco Minero del Orinoco, donde las mafias locales han asesinado a 149 personas desde 2016.
El aparato chavista rechazó rotundamente estas conclusiones y aprovechó para enmarcarlas en la política exterior de la Administración de Donald Trump y en la estrategia de Eliott Abrams, representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana.
“¡Reitero mi denuncia! Se prepara contra Venezuela una enorme campaña comunicacional internacional para mentir sobre nuestra patria. Estamos preparados para enfrentarla con la verdad de nuestro pueblo que defiende con dignidad nuestra soberanía e independencia”, lanzó Maduro desde las redes sociales.
El sucesor de Hugo Chávez insistió en una comparecencia retransmitida por televisión: “Va a empezar una campaña recrudecida, financiada por millones de dólares del imperio contra Venezuela. En pequeños detalles, en grandes cosas, todos los días una campaña. Estamos preparados para enfrentarla”.
Caracas quiso advertir además, a través de un comunicado, de que “no tiene el Consejo de Derechos Humanos [de Naciones Unidas] como tampoco ningún actor internacional, facultad legal ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela”.
Aun así, se dijo dispuesto a mantener la cooperación con la ONU “siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes”.
