La Cámara que agrupa a las prestatarias del transporte de pasajeros -Fatap- denuncia una "injustificada" discriminación del gobierno nacional a los empresarios del interior del país que está conduciendo al sector a un callejón sin salida
En una declaración dirigida a las autoridades y usuarios asegura que el transporte del interior ha sido excluido, sin causa ni norma que lo justifique, de los beneficios establecidos en el Dto. N°332/20 (ATP), ni se ha accedido a declarar la Emergencia del Transporte del Interior.
Explican que el gobierno nacional como si se tratara de países diferentes se mantiene "una injusta e inaceptable discriminación que se traduce en que, a diferencia de la región AMBA, al Interior no se le ha compensado la pérdida de recaudación causada por la dramática disminución de pasajeros transportados"
Fatap indica que hay una conjunción de factores que está destruyendo sistemáticamente el
capital y el trabajo de cientos de empresarios y miles de trabajadores argentinos a lo
largo y ancho del País, ante la pasividad de quienes tienen en sus manos la posibilidad
de evitarlo.
Enumeran que el sector ha experimentado una reducción de sus ingresos mantniendo
valores tarifarios de diciembre de 2019 y aportes provinciales establecidos en base a
costos del año 2018 por o cual no podrá subsistir en una economía que afronta la mayor crisis de su historia
Señalan que ello ocasiona que la regularidad y continuidad de los servicios, así como la
calidad de las prestaciones se vean garantizadas en una porción de la Argentina, pero
no en la mayor parte de su territorio y que los poderes concedentes municipales y provinciales no han logrado establecer políticas que permitan sostener las prestaciones
Expresan que el sector la actividad sufre las consecuencias de malasdecisiones del pasado que no han sido revertidas y generan hoy que las jurisdicciones nacional, provincial y municipal disputen quién debe hacerse cargo de la cuestión, mientras las prestadoras asumen las nefastas consecuencias económicas y financieras,que destruyen la cadena de pagos
Dicen paradójico que, en momentos en que el país intenta evitar la quiebra de
su sistema productivo y la situación que describimos amenaza con tornar estériles
inversiones que superan los $56.000.000.000 y generan 40.000 puestos de trabajo,
poco se hace para evitarlo.
"A las empresas les queda la defensa de sus inversiones hechas
en el ejercicio de una industria lícita amparada por la Constitución Nacional, frente a
poderes concedentes que, por acción u omisión, en algunos casos actúan de modo
confiscatorio, al hacer correr con las consecuencias de la situación solo a las
prestadoras, sin asumir la responsabilidad contractual que les cabe de mantener la
ecuación económica financiera del sistema" dicen finalmente.
