Un proyecto legislativo plantea la creación de una agencia provincial de bienes del Estado que organice la creciente ampliación de los bienes y estructuras del sistema estatal. Sostienen la necesidad de otorgar un marco normativo que tienda a optimizar la gestión de los bienes provinciales.
La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados y se argumenta que en la actualidad existe una multiplicidad de normas que rigen en la materia para la administración y disposición de inmuebles, configurando un plexo normativo que no se ajusta a las necesidades actuales y futuras de tales bienes en razón de su fragmentación normativa.
Además, el Estado provincial se encuentra en permanente desarrollo, con una ampliación permanente de sus bienes y estructuras. Actualmente, debido al tamaño que ha alcanzado el Estado Provincial, y no teniendo una clara determinación del estado y volumen de su patrimonio, es necesario dictar una norma que organice la administración de bienes del Estado.
Existe actualmente una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Provincial que imposibilita su disposición y administración integral por parte del Poder Ejecutivo Provincial siendo necesario contar con una herramienta de administración de inmuebles que posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos difundidos en diferentes ámbitos geográficos.
En términos cuantitativos, existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectado y concesionado, que al momento se hallan subutilizados en las diferentes jurisdicciones del Estado Provincial, resultando menester el perfeccionamiento de su gestión.
“Resulta pertinente delimitar las facultades y obligaciones a cargo de los organismos usuarios de inmuebles del Estado Provincial” sostiene en los fundamentos del proyecto, el Diputado Eduardo Vischi (ECO).
Agregó que es necesario suprimir las facultades de enajenación de las que gozan algunas dependencias pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, dado que ello altera la naturaleza de sus misiones y funciones y atenta contra la eficiencia y eficacia de su gestión.
En ese sentido, se considera necesaria la creación de un organismo descentralizado, que tenga a su cargo la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado en uso, concesionados y/o desafectados, llevando el registro pertinente de los mismos.
Así, se propone la Agencia Correntina de Bienes del Estado (ACOBE) que realizará sus actividades de manera coordinada con la Dirección General de Catastro y Cartografía, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. En caso de arribar a un proceso de desalojo, el mismo se llevará adelante en instancia judicial, de acuerdo a las leyes que lo reglamenten, y contará, de ser necesario, con el auxilio de la fuerza pública.
De la misma manera se plantea que la ACOBE coordine sus actividades, de ser necesario, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o dependencia asignada por el Poder Ejecutivo en casos donde, producto de su accionar, sea necesario garantizar la protección de personas o familias en situación de vulnerabilidad.
La ACOBE tendrá las funciones de identificar todos los bienes del Estado provincial situados en la provincia, en otras provincias y en el extranjero; tasar todos los bienes del Estado provincial y mantener actualizado su valor; determinar en cada caso si el bien es de dominio público o privado; llevar un registro de bienes cuya propiedad y/o usufructo haya sido recuperada; llevar un relevamiento actualizado de todos los bienes del Estado provincial; y arbitrar los medios necesarios para la conservación de los bienes del Estado.
Además percibir alquileres por el arrendamiento de bienes del Estado; invertir en obras de infraestructura que generen plusvalía; realizar operaciones mobiliarias o inmobiliarias que permitan a la ACOBE obtener una renta; llevar adelante las subastas de bienes del Estado, de acuerdo a reglamentación; y crear un banco de tierras.
