(Por Horacio Pozo*) Desde que asumió el actual presidente de la Nación, hemos estado apoyando todas sus iniciativas a través de nuestros legisladores, que nos representan; convencidos de que el éxito del presidente de la Nación, es el éxito de todos los argentinos.
Pero hoy nos vemos en la obligación de plantear una seria preocupación por la publicación del decreto 522 en el Boletín Oficial, por el que dispone la intervención a la empresa Vicentín. Una empresa, como todos saben, cerealera, oleaginosa, sumamente importante que nació hace 90 años en Reconquista y actúa fundamentalmente en la zona de Rosario, en la Ciudad de Ricardone.
Pero lo importante y a lo que me voy a referir es a dos cuestiones: la cuestión de las facultades extraordinarias de las que hace uso el presidente y, por otro lado, la inconveniencia económica de la decisión. O sea, no me voy a referir a la empresa, porque se trata de un caso en el que se estaba tramitando un concurso de acreedores por la difícil situación por la que pasa dicha empresa, en un juzgado de la Ciudad de Reconquista y los nuevos anuncios que se hicieron verdaderamente nos preocupan, porque nos preocupa la institucionalidad, la vigencia de la República democrática y el fututo económico.
Sabemos que está garantizada la propiedad privada como inviolable por un artículo de la Constitución y que, desde Alberdi para acá, se entendió que la propiedad privada, además de inviolable tenía algunas limitaciones; por lo tanto, existe la expropiación, pero con un procedimiento. El procedimiento es la declaración de la utilidad pública y por ley del Congreso; pero existe otro artículo, que es el artículo 29, que prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias. Y estamos ante un caso en el que el Congreso no le concedió las facultades extraordinarias, sino que el presidente se las dio, se las tomó sin ningún tipo de autorización y la pena para quien concede facultades extraordinarias es la pena mayor, que es ser considerado traidor a la Patria.
Tuve la feliz circunstancia de estar presente en el debate de la Convención Constituyente en el ‘94 en Santa Fe, cuando don Antonio Cafiero defendió el texto de este artículo 29; hoy lamentablemente su nieto se olvida de la gravedad institucional que significa el avanzar con facultades extraordinarias. En el 2006 también hubo en el discurso político argentino, un acalorado debate sobre las facultades extraordinarias que solicitaba el Poder Ejecutivo; la razón por la que se solicitan facultades extraordinarias, es porque es más lindo, es más cómodo gobernar mediante decreto de necesidad y urgencia con facultades extraordinarias.
En la historia hay algunos antecedentes interesantes, Maquiavelo se acordaba que en Roma existía la posibilidad de una dictadura republicana; ésta era limitada, era durante el período que existía el problema y luego eso después se suprimía. Es famoso el caso de Lucio Cincinato, un general de esa época que, estando ya retirado en su chacra, fue convocado por el Senado romano para hacerse cargo de una difícil situación, de una Roma amenazada por enemigos que estaban en sus puertas; pero solucionado el problema, Cincinato volvió a su chacra a seguir su vida y luego los poderes del Estado volvieron a ser de la república normal. Distinto fue el caso de Julio César, en el que él pidió ser un dictador vitalicio.
Señor presidente y mis queridos colegas lo que quiero transmitir, es la preocupación para que defendamos los procedimientos normales, no se puede hablar y es lamentable que se apele a decir ‘la seguridad alimentaria’, porque se mete en una falsedad ideológica. La empresa Vicentín no produce alimentos y en todo caso, produce alimentos para los chanchos de China, por ser exportadora de productos que van a ese destino. No está en juego la seguridad alimentaria de ningún argentino. Las cuestiones graves están en manos de lo que marca la ley, la Ley de Sociedades, tiene que ser en el juzgado donde se la maneje.
Y esto de la segunda parte a la que me refería; por un lado, las facultades extraordinarias y por otra parte la inconveniencia de la decisión; es que los argentinos tenemos suficientes malas experiencias con varios casos. Por una cuestión de cultura que se nos metió, que el Estado quiere resolver cuestiones que las tienen que resolver los particulares interesados o metidos en un conflicto dentro de una empresa, con el juez que corresponda, con los síndicos y los interventores que la justicia ponga dentro del concurso o el proceso de quiebra, si llegara la cuestión a ser más grave.
Tenemos el caso más viejo como el de La Caja del Hogar Obrero que le costó al Estado millonadas de pesos; acá cerca, las Palmas del Chaco Austral, una estatización que no terminó nunca de manejarse. Me acuerdo que en la Facultad nos mostraron una vez el organigrama de las Palmas del Chaco Austral y cubrieron todo el pizarrón grande del aula, de lo que era eso que no producía nada y que al Estado le costaba una millonada de pesos. El caso Sasetru, el caso del Grupo Greco, que fue un grupo mendocino, con una red de Bancos.
Todas estas intervenciones, al margen de la Ley de Concursos y el manejo de la justicia, terminan siendo costosísimas, porque es una socialización de las pérdidas; ¿qué tenemos que ver los argentinos en los quebrantos normales de los negocios que van mal? Cuando los negocios tienen motivación en defraudaciones, ya van por otro lado y también se hará cargo la justicia penal.
Pero es normal y corriente que a una persona que arriesga le vaya mal, porque una de las características de la vida de los negocios es la incertidumbre y ésta hace que, a veces, nos vaya bien y a veces, nos vaya mal; y cuando se llega al caso de la insolvencia, la solución es el proceso del Concurso, pero de ninguna manera esta intervención, haciendo uso de facultades extraordinarias.
Así que, señor presidente, quería dejar planteada esta preocupación, tratar de hacer el llamamiento para que no repitamos una estatización de Aerolíneas Marsans, como la vivíamos hace unos años y después terminamos pagando un costo que Aerolíneas no tenía; o el caso de YPF, con Esquenazi y también Repsol, un costo absolutamente innecesario.
A nosotros nos preocupa -a nuestra bancada- que a la Argentina le vaya bien, que el presidente Alberto Fernández sea exitoso y que esto que vivimos en estos días, de la Intervención a Vicentín, no se convierta en una práctica; sino que la aceptemos como un mal signo, en momentos en que se está negociando la deuda externa, donde no demostramos ser un país serio y donde se respete la seguridad jurídica.
Y, por otro lado, necesitamos inversores que confíen en la Argentina y no que tengan miedo de venir a invertir, que es la única manera de poder generar puestos de trabajo. Un puesto de trabajo necesita un capital de diez mil dólares (u$s10.000) en promedio; por supuesto, un puesto de barrendero se arregla con una escoba y una carretilla; pero hay otros puestos de trabajo que pueden costar cien mil (u$s100.000) o doscientos mil dólares (u$s200.000) de Capital; se dice en Economía que, en promedio, crear un puesto de trabajo necesita una inversión de diez mil dólares (u$s10.000), que es más o menos lo que cuesta un auto de un taxi, de un remis, para generar dos puestos.
Señor presidente: sin ningún ánimo de entrar en ningún debate político, callejero, ni que nos pongamos en posiciones de agraviarnos, sino en posición de hacernos -entre todos- un llamado a la reflexión, para que todos seamos artífices de la construcción democrática. Gracias, señor presidente.
*Diputado provincial. Versión taquigráfica de la Sesión del 10 de junio enviada a momarandu.com para su publicación
