El Gobierno ratificó ayer que está dispuesto a avanzar en la expropiación de la empresa Vicentin mientras los dueños de la agrícola anunciaron que recurrirán a la Justicia, en un contexto en el que ya no hay diálogo entre ambas partes para resolver el conflicto.
Según admitieron ayer desde el Gobierno y desde el directorio de la compañía, los puentes de diálogo que se habían construido la semana pasada “ya no están”. El único nexo es hoy la intervención que lidera Gabriel Delgado.
Además, ni Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ni ninguna otra autoridad de la petrolera tenía previsto volver a reunirse con Delgado ni con los accionistas de Vicentin, según afirmaron fuentes de la empresa semipública.
Ahora, todo está en manos de Delgado y su segundo en la intervención, Luciano Zarich, quienes tienen el control de la firma. En un plazo de 60 días, ellos deberán decirle al presidente Alberto Fernández cuál es el estado y si hay que expropiar todo el grupo o sólo la compañía concursada.
Delgado responde directamente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Ayer, el titular de Agricultura, Luis Basterra, admitió que no estaba al tanto de la decisión de expropiar la empresa en el momento del anuncio, el lunes 8 de junio.
