Estados Unidos es el foco rojo de la enfermedad en el mundo y supera los 1,6 millones de contagios y los 97.600 muertos. La crisis ha empujado a casi 39 millones de personas al desempleo en este país.
En América Latina el epicentro está Brasil, que ha superado las 22.000 muertes. México también vive su momento álgido.
El país registra 68.620 caso y 7.394 muertos. En Guatemala, el hambre ha lanzado a la calle a la población con banderas blancas pidiendo comida.
También Guatemala ofrece nuevos datos. El Gobierno de Alejandro Giammattei ha informado de 370 nuevos casos en la última jornada y tres fallecidos. El país centroamericano acumula 3.424 diagnosticados con la covid-19 y 58 fallecidos con la enfermedad.
En el país, rige el toque de queda de cinco de la tarde a cinco de la mañana y está restringida la movilidad entre departamentos. Giammattei ha avisado de que el fin de semana "se cerrará nuevamente el país, incluidas las tiendas de barrio, supermercados y mercados".
Uruguay, que ofrece este domingo nuevas cifras sobre la epidemia en su territorio. A diferencia de su vecino Brasil,Uruguay declaró la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros cuatro casos. El país sudamericano registra cinco nuevos contagios en las últimas 24 horas y escala hasta los 769 casos positivos. En total, 618 personas se han recuperado y 22 han fallecido desde el inicio de la pandemia.
El guion se repite desde hace semanas en plena pandemia de coronavirus: tras días complicados, de alta tensión política y cruce de declaraciones a través de la prensa, el presidente Jair Bolsonaro se reúne con simpatizantes en las calles de Brasilia. Este domingo, Bolsonaro ha vuelto a dejar la sede del Ejecutivo para aproximarse a sus fieles votantes haciendo gala de su desprecio hacia los protocolos de seguridad para evitar el contagio de la covid-19.
Antes, sin embargo, ha vuelto a provocar a otro de los poderes de la República. El presidente ha publicado en sus perfiles de Twitter y Facebook el artículo 28 de la Ley de Abuso de Autoridad, insinuando que el magistrado del Supremo Celso de Mello podría ser arrestado por haber autorizado la divulgación, casi en su totalidad, de la reunión ministerial del 22 de abril, una prueba clave en la investigación contra el mandatario.
