Momarandu.com pudo saber de fuentes extraoficiales que habría menos personal del habitual en el servicio penitenciario de la Unidad penal 1 de Corrientes a causa del período de cuarentena al que han sido afectados varios de sus miembros. En tanto dos presos continuarían en huelga de hambre
La información surge después de que nuevamente ocurrieran situaciones de violencia en el interior del Penal , siempre en el contexto del Covid-19. Ayer lunes por la tarde, un recluso se subió a los altos de la Unidad para reclamar, como él mismo hizo saber a viva voz abrazado a la torre más alta del Penal, medidas de protección a la población carcelaria por el Covid-1 9, no la salida de prisión –que, en este caso en particular, no le correspondería, según manifestaciones realizadas a la prensa por la Jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Zacarías-.
¿Cómo lograr subir el interno a la torre del Penal si estaba custodiado?, es una pregunta que surge. Momarandu.com pudo saber que este interno, Diego Cáceres, subió a la torre durante un recreo. Es un hombre joven y ágil y, en esa zona del penal –parte de adelante, cerca de Don Bosco y Avenida 3 de Abril, cerca de la capilla del penal- hay columnas y vigas que permiten un fácil acceso a la torre. “No es la primera vez que reclusos suben a la torre de la UP 1”, indicaron fuentes a momarandu.com.
Fuentes no oficiales aseguran a momarandu.com que, en el Penal, a raíz de los penitenciarios contagiados con Covid-19 -cinco- y otros agentes que realizan cuarentena, habría menos personal. Incluso, estarían trabajando en la UP 1, personal de Goya, de la Unidad Penal 8.
Al mismo tiempo habría dos internos que están realizando huelga de hambre; con reclamos dirigidos a la Justicia y Seguridad aunque el Servicio Penitenciario, en un informe médico al que tuvo acceso momarandu.com, no la considera una “urgencia médica”. ya que se ha puesto en duda que realmente, los dos internos la estén cumpliendo.
CONSIDERACIONES DE AL RED DE DDHH
La referente de Red de DD HH, Hilda Presman, a momarandu.com asevera que a raíz de la situación especial por la pandemia y la aparición de 23 positivos de coronvirus entre internos del Penal no se observa voluntad de dialogo ni desde la Justicia ni desde el área de Seguridad del Gobierno.
Sostiene que “la idea nunca fue abrir las puertas de las cáceles y que salgan todos” sino analizar ciertos casos, pero que no se logra aún. Por otro lado, momarandu.com pudo saber que hay dos internos que continúan en huelga de hambre.
Familiares y Red de DD HH, mientras se desarrollaba el conflicto desatado ayer lunes en la Unidad Penal 1, estuvieron en contacto con los internos vía telefónica (algo que está permitido; se recuerda que desde inicio de marzo los internos no reciben visitas por el Covid-19).
“Se sumaron dos situaciones: una es la preocupación por los casos de Covid-19 (23 casos confirmados entre internos de la UP 1) y la otra es que los internos quieren definir de una vez cuántos casos positivos más hay, por eso piden que se realice a todos el hisopado, para aislarlos de la unidad penal: ellos no quieren ser contagiados. Están cumpliendo condena y, además, están siendo contagiados”, señaló Hilda Presman, de la Red de DD HH a momarandu.com.
En cuanto a los pedidos de salidas anticipadas ante la Justicia, para aquellos internos que estén en condiciones de recibirlas y esté en riesgo la salud, Presman describió: “Nadie da respuesta a los pedidos y muchos no tienen que ver con ‘arrestos domiciliarios’ sino con la enorme demora en la Justicia en aplicar el régimen de ‘libertad asistida’ que está contemplada por la ley, y de estos casos hay muchos (salir algunos meses antes de terminar la condena)”.
Presman dio como ejemplo, el caso de un interno que tiene problemas pulmonares y su condena termina en agosto. “Estas son las situaciones excepcionales que se plantean ante la pandemia y el riesgo. Se pide que se le otorgue la libertad asistida y dejar así, en el penal, un espacio, más lugar, condiciones, insumos médicos, para que, quienes tengan que cumplir una condena más larga, la cumplan en mejores condiciones. Esto es lo que significa el despoblamiento parcial, racional, acotado, analizando caso por caso. La idea nunca fue abrir las puertas de las cáceles y que salgan todos”, enfatizó la titular de Red de DDHH Corrientes.
En tal sentido, Presman explicó que “nunca pudimos conseguir que el Superior Tribunal, el Juzgado de Ejecución y el Ministerio de Seguridad se sienten a conformar una mesa de diálogo y analizar determinado número de casos, que siempre es relativo, que es poco”. Detalló que hay alrededor de 60 internos con pedidos especiales, pedidos que fueron enviados al Juzgado de Ejecución por el propio servicio penitenciario a principios de marzo. Después, por la pandemia o por la feria, no fueron resuelto y el Juzgado pide más tiempo”, contó Presman.
