Foto: carpas sanitarias a la salida de la U P 1
La jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Zacarías, en diálogo con momarandu.com explicó que no existen “libertades masivas”, que se estudia cada caso en particular y que, desde los incidentes violentos del 21 de abril en la UP 1, todo se ha demorado en virtud del aislamiento obligatorio por Covid-10 que pesa sobre los internos y penitenciarios del penal. Estos puntos y más detalles, aquí:
“Los pedidos formales están entrando recién ahora. Esta semana empezaron a ingresar una serie de pedidos: algunos de domiciliaria, otros de libertades, pedidos pocos precisos, así que estamos tratando de clasificar y encauzar”, comenzó diciendo la jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Zacarías a momarandu.com
La jueza puso énfasis en que las “prisiones domiciliarias ni las libertades ni los acortamientos de condena, los jueces no las podemos dar masivamente, no estamos habilitados. Los pedidos deben ser efectuados por la defensa o por el interno en forma individual y ahí el juez va a tomar cada caso particular, y eso es para todos los jueces del país. El juez va a analizar si es una domiciliaria o una libertada condicional y que cumpla con los requisitos de la ley”, en este sentido aclaró: “El ‘acortamiento de condena’, como tal, no existe sino es lo que está estipulado y se llama ‘estímulo educativo’. Esto es que el interno pueda adelantarse a la salida transitoria o a la libertad condicional, un máximo de hasta 20 meses, según los estudios que hubiera cursado durante su encierro carcelario, pero esto no acorta la pena, solo puede acercarlo al egreso anticipado”.
La jueza contó que hay internos con enfermedades que son tratadas por el Estado, así, volvió a ejemplificar: “Hay internos oncológicos, otros con diálisis, gente que no tienen adónde ir ni familia que lo reciba… ¿a dónde los vamos a mandar? ¿a la calle?”.
¿EN CUÁNTO TIEMPO SE RESUELVE CADA CASO?
Al referirse a este tema, la jueza Zacarías dijo a momarandu.com que el tiempo que lleva resolver cada caso, “depende de cada situación en particular” y ejemplificó: ”Por ejemplo, la situación es absolutamente diferente entre un interno que está preso por estafa que si estoy ante un abusador, caso en el que se debe profundizar muchísimo la parte psicológica social: imagínese un abuso intrafamiliar y me pide ir a la casa donde sigue estando la víctima… pero, insisto, depende cada caso y situación particular. Otra cosa: si el interno se va a su casa, ¿tiene una familia que lo alimente, que lo asista, que lo cuide? Porque no se va en libertad sino se va a seguir cumpliendo prisión en su casa”.
ESTUDIO DEL ENTORNO DEL INTERNO Y LA VÍCTIMA, UNA PARTE QUE TAMBIÉN HAY QUE ESCUCHAR
Zacarías contó los pasos de tratamiento de cada caso en particular: “Es necesario que los cuerpos interdisciplinarios elaboren una serie de informes médicos, psicológicos, psiquiátrico, social, el ambiente al que el interno iría. En los casos de libertad condicional es más complejo aún, porque hay que analizar toda la situación integral: el desenvolvimiento que tuvo el interno desde el día en que entró hasta el momento en que va a salir. La salida no es automática una vez cumplido los dos tercios, los ocho meses o lo que fuera. Todo va a depender de la evolución del interno y del entorno al que va a ir, eso tiene que quedar muy claro”.
En este estudio de los casos, la jueza Zacarías destacó que “en cada caso hay una parte que no debemos dejar de escuchar, es la víctima o familiares de las víctimas sin no estuviera viva o, por ejemplo, si fueran menores”.
COVID-19, VALLADO DEL PENAL 1 Y PARALIZACIÓN DE INFORMES
En relación al Covid-19, la jueza apuntó que se agrega una situación más y puntual: “Además de escuchar a los médicos de la cárcel tengo que escuchar al ministro de Salud. No es momento de infringir la normativa. Hay que evaluar si estamos con más riesgo afuera o adentro”.
Explicó que, diariamente, tiene diálogo con los directores de todas las unidades penales y con el jefe del Servicio Penitenciario.
Puntualmente, en relación con los hechos violentos ocurridos el 21 de abril en la Unidad Penal 1 y la posibilidad de contagios de coronavirus, la jueza contó a momarandu.com: “Según me explicó el Comité de Crisis, al suceder estos hechos violentos, ingresó mucha gente al penal. Es posible que se haya producido alguna contaminación, por lo que el Ministerio de Salud advierte la necesidad de aislar absolutamente la Unidad Penal 1. En este momento la mayoría de los internos está tranquila; alrededor de 14 internos mantienen la huelga de hambre, según comentarios que recibimos. Quiero decir con esto, que todo lo que veníamos haciendo se paralizó: los informes no nos pueden ser remitidos, tenemos que esperar a que pase el plazo de la cuarentena de los internos y del personal penitenciario que está con ellos, para que podamos volver a poner en marcha la rueda de los trámites y recibir de nuevo de los informes”.
Así, detalló que las asistentes sociales del servicio penitenciario tampoco pueden recorrer las casas de las familias, no podemos llevarlos al psicólogo, no se pueden hacer las entrevistas con el criminólogo, cada establecimiento debe reunirse y emitir una opinión sobre cada interno y no se puede hacer nada de eso. Es decir, se nos produce una serie de inconvenientes a raíz de esta situación violenta y la necesidad de aislamiento”, y comentó que “estamos empezando a trabajar con medios digitales para acercar a las partes con las nuevas tecnologías”.
