El Gobierno dispuso un mecanismo express para autorizar las suspensiones con rebajas salariales del 25% en el personal sin tareas.
A través de la resolución 397 que será publicada en las próximas horas, el Ministerio de Trabajo encabezado por Claudio Moroni habilitó un trámite abreviado en función del acuerdo alcanzado el martes por la UIA y CGT para licenciar personal sin tareas con el pago del 75% del salario neto por abril y mayo.
"Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución y acompañen el listado de personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores", reza la normativa en su primer artículo.
Así, se busca agilizar los convenios de crisis que se habían demorado por diferencias con los sindicatos, pero también darle "legalidad" a un esquema que en las últimas horas despertó algunos cuestionamientos en diferentes ámbitos.
Los cambios establecen además un procedimiento especial para las empresas que implementen medidas similares. En ese caso, las presentaciones "serán remitidas en vista a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la representación gremial".
"Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora. La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación", indica la resolución.
Los acuerdos que, en cambio, no se ajusten íntegramente al acuerdo marco serán sometidos al control previo del Ministerio de Trabajo, por lo que el trámite se realizará en los plazos habituales. Por último, la resolución precisa que "las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017)".
En sus fundamentos, la resolución explica que mediante un acuerdo los representantes de la UIA y la CGT "solicitaron a la Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales". Y afirma que el entendimiento "permite contar con un marco producto de la voluntad de los representantes de los empleadores y de los trabajadores que garantiza una adecuada protección de los derechos de estos últimos".
En esas condiciones, se decidió "agilizar los trámites, ante la necesidad impostergable de lograr que trabajadores, trabajadoras y el sector empleador, puedan acceder a medidas que tiendan a paliar la situación socioeconómica actual, evitando de esta manera que el No, nos parece un pelotazo en contra para los trabajadores que va a generar un pésimo precedente para el restoretardo en su implementación, lo torne ineficaz o frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño de difícil reparación".
UN PARAGUAS LEGAL
La idea es generar un "paraguas" durante los próximos 60 días para los convenios alineados con la pauta acordada entre los industriales, el sindicalismo y el Ejecutivo. La reunión contó con el aval de Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes firmaron el entendimiento para darle un "contenido político".
"Esto le da un marco de celeridad y legalidad a los acuerdos entre las partes con el piso del 75% (del salario neto)", explicaron fuentes oficiales. De ese modo, todos los acuerdos por empresa sellados sobre esa base o un porcentaje superior obtendrán una homologación rápida. Los especialistas estiman que el plazo podría ser de entre 48 y 72 horas.
A fines de marzo, el Gobierno prohibió por decreto las cesantías y licenciamientos por fuerza mayor, a la vez que habilitó acuerdos entre empresas y sindicatos para implementar la reducción de la jornada laboral y salarios mediante el artículo 223 bis. Pero también dispuso en el DNU 297 que durante el aislamiento los trabajadores del sector privado tendrán derecho al "goce íntegro" de sus ingresos habituales.
Fuente: Ipro
