PEDIDO DE BENEFICIOS PARA EX INTENDENTE PROCESADA POR CORRUPCIÓN
"El peronismo entiende que en el Poder Judicial ellos pueden actuar; hay un error y esto no lo podemos permitir", dijo a momarandu.com el diputado -UCR- Manuel Aguirre, consultado sobre la pertinencia del pedido que el PJ, como fuerza política, cursó ante el foro local para otorgar prisión domiciliaria a la ex intendenta procesada por corrupción Angelina Lesieux.
El diptuado Manuel Aguirre -UCR-, especialista en derecho penal, fue consultado luego de que el peronismo correntino exigiera en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus el otorgamiento de la prisión domiciliaria para la ex intendenta Angelina Lesieux, detenida por corrupción.
"No conozco la causa, y nosotros somos como los médicos, si no tenemos el cuerpo presente, no podemos diagnosticar cuál es el problema. Sí, puedo decir, objetivamente, que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tiene decisiones independientes", dijo el diputado.
"No son independientes, como algunos lo incorporan como concepto, porque no existe independencia entre los tres poderes. Unos y otros están ligados. Ustedes saben que el Poder Judicial controla a los otros dos poderes", explicó.
"El Poder Ejecutivo, y en una relación con el Poder Judicial, y con el Poder Legislativo con el Poder Judicial, a través de sus acciones son entendidos por el Poder Judicial, y el Poder Legislativo a través del Juicio Político", dijo Aguirre.
"A su vez, el Poder Legislativo está controlado por el Poder Judicial ante una norma o algo que salga en contra de nuestra Constitución. Es decir, los tres poderes están ligados", subrayó.
"Ahora, hay que analizar -el caso- desde el punto de su independencia de decisiones, y en ese sentido, creo que el Poder Judicial tiene una decisión con respecto a esa persona que está procesada, y de la que se está haciendo debate producto de esta epidemia", dijo luego.
"Más alla de eso, nosotros no nos podemos inmiscuir en lo que uno de los poderes, en este caso, el Poder Judicial, tiene poder de decisión", sostuvo Aguirre.
"Sería lo mismo que el Poder Judicial me venga a decir a mí, cómo se deben aprobar las leyes o qué leyes deben hacerse y qué leyes no. Entonces, se estaría inmiscuyendo en el Poder Legislativo", contrastó.
"Nosotros, lo mismo. No podemos inmiscuirnos en el Poder Judicial", subrayó el diputado provincial.
"Si el Poder Judicial cree que una persona tiene que continuar detenida, pues tiene que hacerlo, y en segundo lugar, los que se sienten lesionados por esta decisión, tienen organismos superiores, no solamente en Corrientes, sino también a nivel nacional", sostuvo.
"A través de la Corte Suprema puede llegar con un recurso extraordinario, o a través de recurso de queja", precisó.
"Creo que si nosotros estamos interviniendo para que el Poder Judicial suelte o no suelte a una persona, estamos entrando a ser jueces, y eso no está permitido por la democracia, ni está permitido constitucionalmente", remarcó.
"Creo y estoy convencido de que sería una barbaridad si hiciéramos eso, donde el Poder Judicial toma una decisión y nosotros tenemos que estar interviniendo", argumentó Aguirre.
"Entonces tendríamos que intervenir en todas las causas, y en todos los procesos, y en todas las sentencias y eso tampoco está permitido por nuestra Constitución, ni tampoco por nuestro sistema democrático", sostuvo.
"A esto lo digo objetivamente, porque conozco poco la causa, conozco poco a los actores de ese proceso", reiteró el diputado.
El documento con el pedido a favor de la ex intendenta lleva la firma del delegado normalizador del Partido Justicialista, Julio Sotelo, de los legisladores nacionales Ana Almirón, Carlos Mauricio Espínola, Nancy Sand, José Ruiz Aragón, Jorge Antonio Romero y las y los legisladores provinciales Félix Pacayut, Alicia Meixner, César Acevedo, Marcos Bassi, José Mórtola, Marcos Otaño, Miguel Arias, Martín Barrionuevo, Carolina Martínez Llano, Víctor Giraud, Daniel Alterats, y del Parlasur Alejandro Karlen.
También de los concejales de capital Magda Duartes, Fabián Ríos, José Ángel Salinas, Soledad Pérez y Omar Molina, de la intendente de Santa Lucía “Tata” Sananez, la intendenta de Lavalle Lucrecia Vázquez y la intendenta de Pedro R. Fernández, Fabiana Acevedo.
Además de a Angelina Soledad Lesieux, la causa imputa a los ex funcionarios del Municipio de Perugorría, Jorge Luis Corona, ex intendente al igual que Lesieux; Patricia Yolanda Vera, ex tesorera; Ernesto Antonio Moray Mussio, ex auditor municipal; y Sabrina María Florencia Lammens, ex secretaria de gobierno.
Todos ellos están acusados por el Ministerio Publico Fiscal de crear una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de obras y planes específicos, los que eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década.
La causa está caratulada del siguiente modo: "LESIEUX A.S Y CORONA J.S P/ ASOC. ILICITA EN CALIDAD DE ORGANIZADORES EN CONC. REAL CON MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS EN LA MOD. DE PECULADO REITERADO EN CINCO OPORTUNIDADES PARA LESIEUX Y EN SIETE PARA CORONA y FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMIN.PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA EN CINCO OPORTUNIDADES PARA LESIEUX y EN SIETE OPORTUNIDADES PARA CORONA ESTOS DOS ULTIMOS (PECULADO Y FRAUDE) EN CONC. IDEAL ENTRE SI - MORAY MUSSIO E.A - LAMMENS S.M.F Y VERA P.Y. P/ ASOC. ILICITA EN CALIDAD DE MIEMBROS EN CONC. REAL CON PECULADO REIT. EN CINCO OPORTUNIDADES y ADMIN.FRAUDULENTA (FRAUDE) EN PERJUICIO DE LA ADMIN. PUBLICA EN CINCO OPORTUNIDADES, ESTOS DOS ULTIMOS (PECULADO Y FRAUDE) EN CONC. IDEAL ENTRE SI - PERUGORRIA", tramitada bajo legajo PXC 7575/16.