Veintitrés familias del barrio Quilmes recibieron entre este mrtes y miércoles órdenes del Juzgado Correccional N° 2 que las intiman a desalojar sus casas antes del próximo 12 de mayo. El pedido sorprendió a los vecinos que, por el contrario, daban las causas por asentamiento cerradas, y esperaban que el gobierno mejore sus servicios o los reubique. "Nos van a sacar de los escombros", dijeron a momarandu.com hoy entre ollas populares en la calle central del barrio.
Los vecinos se reunirán este viernes con la doctora Nora Maciel, Defensora de Pobres y Ausentes N° 2 de Corrientes, y el lunes con el doctor Manuel Cuevas, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, para repasar los casos y precisar detalles sobre los papeles que recibieron entre este martes y este miércoles por parte del Juzgado Correccional N°2.
Los vecinos creen que se trata de una "gran equivocación" y temen que la orden avance, por lo cual, piden al gobierno que entienda rápidamente que el pedido es "inconducente" porque "ya no coincide con la situación del barrio", asumido hace una década una barriada constituída dentro de la cual, por el contrario, se espera la apertura definitiva de un proceso de regularización dominial que permita mejorar el nivel de construcción, de calidad urbana y de acceso a servicios públicos.
Por tales motivos, desde el martes, los vecinos decidieron superar el temor de redadas y castigos por parte de las fuerzas de seguridad que supervisan a rajatabla el cumplimiento de las prohibiciones establecidas desde el 20 de marzo pasado por la pandemia de Covid-19 y reunirse en la calle central del barrio para exponer su situación a vox populi.
Allí fue cuando contaron a más de cien personas en esa situación límite, en total, veintitres familias que habían sido notificadas individualmente por efectivos policiales de que tenían que retirar sus pertenencias a más tardar el 12 de mayo porque la justicia así lo exigia. Ese día "vendrán con topadoras a demoler sus casas", les dijeron los agentes, según testimonios recogidos por momarandu.com.
"La orden viene de parte de una jueza -la Dra. María Cristina Sánchez-, pero los papeles que nos entregan no tienen la firma del Juzgado, tienen una firma de la Comisaría. En total, hasta ahora, veintitres famiias recibieron la notificación. Son familias que viven entre calle Garay e Irala y algunas que están cerca de la cancha del barrio. Son todas casas de material. En las calles más chicas del barrio también hay familias que recibieron la comunicación", contó a momarandu.com una de las vecinas del barrio este miércoles.
La vecina dice que los vecinos se han sorprendido enormemente por haber recibido esta comunicación debido a que, según entienden, a causa de la pandemia de Covid-19 no hay servicios judiciales activos, y por el gran desconocimiento social de los casos que han sido notificados, entre ellos, personas mayores de setenta años que, muy por el contrario, por recomendación del gobierno, deben estar seguros y cuidados en su domicilio.
"Tres familias junto a la cancha también fueron notificadas, y entre esas familias se encuentra, una persona mayor que construyó hace ya mucho tiempo su casa ahí porque, como nos había contado, jamás tuvo dinero para pagar un alquiler, y tampoco lo tiene ahora, por lo que estarían dejando a muchas personas completamente en la calle, personas a las que están por dejar sin hogar, así de simple", afirmó.
Los vecinos dijeron a momarandu.com que no se van a retirar de sus casas. "Nos van a sacar de los escombros", si el 12 de mayo intentan tirarlas con ellos dentro, expresaron entre ollas populares en la calle central del barrio.
Los vecinos dicen que el gobierno debe expropiar inmediatamente las tierras para frenar desalojos violentos, como se ha advertido entre ayer y hoy.
"Ninguno de los vecinos tiene papeles. Hace mucho tiempo los estamos esperando. Se nos ha dicho en muchas oportunidades que una parte del barrio ya estaba asegurada, y que, de apoco, se avanzaría en asegurar esta parte, pero no avanzaron los papeles. Acá todos son changarines, todos salen a trabajar. Las familias no van a permitir que destruyan sus casas", expresaron.
