Se realizó la sesión en la cual la intendencia capitalina pidió al Concejo autorizar "Convenio Transaccional" con Hoco SA-Casinos del Litoral SA, firmado hace más de un año (ver notas relacionadas). Se aprobó por 9 votos a favor y 8 en contra. Vecinos se manifestaron y presenciaron la sesión.
El expediente fue aprobado con los votos de los concejales Nelson Lovera, Sofía Vallejos, Florencia Ojeda, Mercedes Mestre, Juan Braillard Poccard, Miranda Gallino, Claudia Campias, José Antonio Romero Brisco y Alfredo Fabián Nieves.
Votaron en contra los concejales Fabián Rios, Omar Molina, José Ángel Salinas, María Soledad Pérez, María Lorena Acevedo Caffa, María Magdalena Duartes, José Antonio Gálvez y Germán Braillard Poccard.
El concejal Esteban Horacio Ibáñez no se encontraba en el recinto.
El expediente había sido girado al recinto deliberante con el visto bueno de la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político que integran Alfredo Fabián Nieves, María Florencia Ojeda, Julián Miranda Gallino, José Ángel Salinas y Luis Omar Molina, pero con serias diferencias en torno a la oportunidad de su debate.
Para algunos concejales el contexto político y económico inflacionario actual "no deja bien parada" a la institución municipal si se aboca a tratar transferencias de tierras públicas a inversores multimillonarios.
Pero para las bancadas afines a la gestión en el gobierno la transferencia del predio sobre plena playa Arazaty, dentro del circuito balneario capitalino a la empresa que reclama su dominio es una oportunidad que la ciudad "no puede dejar pasar", en función de los fondos que captaría el Ejecutivo municipal a partir de su conversión a paseo de compras.
Para las bancadas de oposición a la gestión de gobierno, el convenio sobre el cual el cuerpo de ediles hoy basó su debate carece totalmente de validez jurídica, o, como lo señalan, ha sido "una cortina de humo para entregar tierras públicas a costo de nada".
TENSIÓN POR APROBACIÓN "SIN CRITERIO SOCIAL"
Aunque la sesión convocada por el cuerpo deliberante giró casi exclusivamente sobre el expediente referido al acuerdo de transferencia de tierras en la costa capitalina del municipio a la empresa privada, desde dentro y fuera del recinto hubo reiteradas criticas a la exclusión de consideraciones sobre el fin social que cumplen las mismas.
A pesar de que el Concejo Deliberante había anticipado que el único modo de presenciar el debate sería online, debido a restricciones a los eventos públicos y privados, que desde ayer se cumplen en todo el país, a causa de la expansión del Coronavirus (COVID-19), pasadas las 10 de la mañana, un numeroso grupo de personas se reunió afuera, la mayoría de ellos para exigir a los concejales que no aprueben el proyecto de ordenanza.
Una vez iniciado el debate, desde afuera se acusaba a los concejales de dejar desamparado al patrimonio público asidos a la oportunidad de dar por sentada una transferencia a un "gran inversor" avalado por el Ejecutivo municipal sin otro fundamento más que el de un giro legal.
Esto, se criticó, debía ser tenido en cuenta en el marco de los lapsos e instancias que la Justicia ofrece para resolver las demandas contra el Estado, y, en igual medida que otros criterios que pesan sobre la administración de los espacios en la ciudad que han sido historicamente utilizados por la comunidad.
Varias veces hubo abucheos a concejales mientras intentaban explicar que el debate en cuestión giraba en torno a un convenio, entendido como objeto de estudio para el Derecho, no para el cuerpo de ediles o el resto de la comunidad de Corrientes.
Las críticas a los concejales fueron eminentemente por haber centrado sus discursos en brindar explicaciones sobre la naturaleza jurídica del acuerdo firmado por la municipalidad y la empresa privada, y no tener en cuenta que el predio es considerado público por los playistas que todos los días lo utilizan.
El vacío en los discursos y el tiempo muerto entre los turnos que permite el protocolo dejaba espacios para que, de un momento a otro, una catarata de insultos brotara desde las puertas del Concejo Deliberante hacia dentro del recinto, algunos de los cuales fueron respondidos desde dentro por los mismos concejales con más insultos y amenazas hacia la multitud presente afuera.
En horas del mediodía, ya avanzado el debate, a casi llegar el momento de la votación, la policía de la provincia reforzó la seguridad alrededor de los despachos de los concejales detrás del recinto deliberante con un grupo de guardias de choque.
POSICIONES DURAS SOBRE DECISIONES AMBIGUAS Y UN "ENRIEDO ADMINISTRATIVO"
Otro de los puntos criticados fue que el acuerdo haya sido enviado al Concejo Deliberante un año luego de que fuera firmado entre el Ejecutivo municipal y la empresa privada.
Los concejales debieron explicar, desde sus puntos de vista, por qué el pliego no fue tratado con anterioridad, precisamente, antes de que la misma firma reclamara al Ejecutivo municipal, y el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, que apruebe exceptuar la administración del predio de seis regulaciones de desarrollo urbano para que avance en él la construcción de un shopping.
Para los concejales de las bancadas oficiales esto ocurrió debido a que hasta hoy no existía claridad en torno al proceso legal que se hallaba de transfondo al "acuerdo transaccional" al que refiere la ordenanza aprobada este jueves; los concejales de la oposición, por su parte, acusaron al oficialismo de ocultar deliberadamente los documentos para dejar las "manos libres" al Ejecutivo municipal.
Otro de los puntos largamente discutidos dentro y fuera del recinto, incluso con observaciones sobre un largo fragmento de debate que devino en acusaciones mutuas entre concejales con micrófono cerrado, fue el número de votos que requería el pliego para ser aprobado definitivamente, debido a que para los concejales de la oposición eran necesarios tres cuartos del cuerpo deliberante, mientras que para los de las bancadas oficialistas bastaba con mayoría simple.
Estos nodos de conflicto, puntos de inflexión al margen del tratamiento de las necesidades de los vecinos de la costa cercana al proyecto en ciernes, para algunos de los presentes, dejaron a cielo abierto la escasa incidencia que las decisiones tomadas en el Concejo Deliberante tienen en beneficio de los habitantes en condiciones de extrema miseria que viven a 200 metros de la playa.
CRÍTICAS POR AUTORIZACIÓN DE OBRA PRIVADA SOBRE ESPACIOS MEJORADOS PARA USO PÚBLICO
Al finalizar el debate, la arquitecta Marisol Maciel, especialista en patrimonio e integrante del colectivo ciudadano Defensores de los Espacios Públicos Costeros, lamentó las medidas adoptadas por el Concejo Deliberante y sostuvo que el impacto de la construcción en las playas causará daño al patrimonio paisajístico y recreativo que los correntinos disfrutan en ese extremo del circuito balneario capitalino.
"Soy arquitecta, urbanista, y me dedico al patrimonio, con lo cual, desde el derecho urbano y patrimonial, puedo decir que, hasta donde comprendo, esos terrenos han sido mejorados con el aporte de Nación, Provincia y Municipio. Fueron destinados para defensa costera y, después, con el refulado, playa", sostuvo
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"Toda esta cuestión de la entrega a un privado particular, de una manera absolutamente irregular, sin planificación urbana, sin que se respeten todas las normas vigentes relativas a la planificación urbana, parece bastante desatinado porque, normalmente cuando un privado quiere construir tiene que hacerlo en alguna manzana y que tenga e esté inscrita dentro de los espacios edificables, y de ninguna manera la playa es edificable", explicó.
"Nosotros hemos asistido a anteriores defensas de espacios costeros como los que hacía Costanera para Todos y siempre se estableció que desde la baranda hacia el río, como espacio público, debería quedar libre de la contaminación no solo ambiental sino también visual", afirmó.
"Un proyecto como el del casino y como el del shopping que va a tener más altura o el doble de altura que el que está construído sobre el Río Negro en Avenida Sarmiento -Ciudad de Resistencia- impactaría en el ambiente y en la visual y, por lo tanto, en el patrimonio paisajístico y también en el patrimonio recreativo de los correntinos", subrayó.
"Lamento profundamente la actitud que toma la gestión municipal presente, estoy absolutamente en desacuerdo, y bueno, nos quedará, como habíamos sacado en conclusión del Congreso de Playas, de diferentes vías judiciales", terminó.
