El Ejecutivo capitalino envió al Concejo Deliberante de la Ciudad un expediente para que el cuerpo de ediles apruebe un "Convenio Transaccional" firmado en enero de 2019 entre la Municipalidad y Hoco SA-Casinos del Litoral SA en torno a la transferencia del área en la Playa Arazaty donde la firma ha expresado su interés de construir un shopping, mientras, en paralelo, se conoce un nuevo elemento judicial que refuerza la posición de quienes sostienen que se trata de un espacio público. Ver:
Difunden documento judicial que avalaría carácter público de terrenos del futuro shopping
El expediente sería tratado este jueves 12 de marzo por el Concejo Deliberante, según se informó este miércoles, novedad que ha disparado una dura crítica desde el colectivo Defensores del Espacio Público Costero de Corriente en un pronunciamiento con el título “el intendente Tassano entrega terrenos públicos a Casinos del Litoral y busca legalizarlo en el Concejo entregado a momarandu.com
"De manera contraria a lo que establecen las normativas de la carta orgánica municipal en su Artículos 46 (incisos 11 y 27) , sobre atribuciones y deberes, el 29 (inciso 23) y el Artículo 92 (que establece que ningún terreno público municipal puede pasar a manos privadas sin contar con el voto del 2/3 del total de los miembros del Concejo Deliberante), Tassano buscará la aprobación por mayoría simple del Concejo Deliberante en la cesión de este jueves 12 de marzo, comprometiendo el interés y el erario público" advierten.
Ponen en entredicho que el intendente señale que el terreno del futuro shopping “es privado” ya que “fue expropiado por el Estado y declarado de utilidad pública y se encontraba en un litigio cuando Tassano ( el intendente Eduardo) , sin consultar con la ciudadanía, sin la aprobación del Concejo Deliberante y sin la homologación de ningún juez, firmó el convenio dando por cerrado el litigio”.
Indican asimismo que los terrenos en cuestión “eran hace unos años un bañado y hoy son parte de la Costanera Sur, que se pudo hacer con un préstamo del Banco Mundial y que costó unos 30 millones de dólares que luego debimos devolver todos los argentinos”.
La sesión de hoy se espera sea agitada si es que la oposición recoge los fundamentos del colectivo ambientalista y los amplifica en la sesión.
LOS DETALLES
Se trata de una iniciativa de ley para "homologar" el "Convenio Transaccional" que firmó la Municipalidad y Hoco SA-Casinos del Litoral SA en 2019. El acuerdo fue firmado el 19 de enero de 2019 y adjuntado a la causa “Bayol Pablo Augusto y Bayol Leopoldo Gustavo C/ Municipalidad de la Ciudad de Corrientes S/ Expropiación” (Exp. 19.662) que se tramita desde 2008 en el Juzgado Civil y Comercial N°13 de la Capital.
El convenio supedita la administración del predio a un derecho de titularidad bajo potestad de la empresa privada, que, sin embargo, fue declarado "derecho extinto" en el año 2000. La extinción de este derecho, en ese año, fue expresada por Ordenanza N° 3.608/00, que dispone “declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación total y/o parcial a todos los inmuebles necesarios a los efectos de la ejecución de Obra Defensa Sur (hoy Costanera Sur) desde la cabecera del Puente Gral. Belgrano hasta la proyección de la avenida Teniente Primero Ibáñez, y desde la línea de ribera hacia el Este con un ancho de 100 metros”. Esto también avalado por las leyes provinciales de expropiación (N°88/00).
En diciembre pasado, se supo que el gobierno municipal otorgó a la empresa Hoco SA-Casinos del Litoral SA privilegios en torno al uso de ese área de playas y la eximió del pago de impuestos en contribuciones por hormigonado y uso de veredas, al requerir al mismo cuerpo de ediles que trate seis excepciones al Código de Planeamiento para que construya un shopping.
Ahora, el Ejecutivo municipal giró al cuerpo deliberante el acuerdo sobre el cual basó su negociación. La propuesta tiene despacho favorable de la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político y fue incluido en el Orden del Día para su tratamiento en la sesión de este jueves 12 de marzo.
Esto ocurre luego de que se presentaran dos denuncias penales y varias solicitudes de amparo, civiles y ambientales, por organizaciones civiles, profesionales y de algunos concejales de oposición.
