"Esperemos que, en Corrientes, los jueces y las juezas vayan a adoptar un criterio distinto, hay normativa internacional y normativa nacional que los obliga a tener en cuenta el derecho a la ciudad”, dice sobre la judicialización del uso en el circuito de playas y riberas correntinas, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistado por momarandu.com.
Jonatan Baldiviezo es presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, una red de profesionales de distintas disciplinas, abogados, arquitectos, ingenieros, antropólogos, que colaboran con asambleas y organizaciones sociales en la defensa del ambiente urbano, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde este viernes y hasta este sábado, fue invitado a participar y exponer en el primer 1° Congreso de Costas y Playas de Corrientes, que transcurre en el campus de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la Ciudad de Corrientes, y debatir sobre los proyectos que el municipio de Corrientes ha generado desde diciembre pasado en torno a la aprobación de seis excepciones a la regulación de planeamiento municipal sobre el uso de la playa Arazaty, sobre la cual el Concejo Deliberante capitalino, ha aprobado la construcción de un shopping, mientras extiende una línea comercial de paradores dentro del mismo circuito balneario.
"Esta cuestión es una problemática de las ciudades ribereñas en todo el país, que tiene que ver con la privatización y mercantilización de las costas y del contorno ribereño de las Ciudades", señala Baldiviezo.
"En la Ciudad de Buenos Aires, lo trabajamos en un gran debate en relación a la costanera que da al Río de la Plata, porque luego de treinta años, todo ese sector, todo ese contorno ribereño, nuevamente, está siendo privatizado a través de concesiones, y, en algunos casos, todos esos terrenos se están vendiendo, todos terrenos públicos, que deberían ser parques públicos, para manos privadas, para seguir extendiendo Puerto Madero, una urbanización tipo torre, donde las ciudades no van a dar la vista al río, sino la vista a torres", indica.
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"Ese, el gran conflicto que hemos tenido en la Ciudad de Buenos Aires es la experiencia que hemos traído a la Ciudad de Corrientes que, también, está experimentando grandes debates en relación al uso y el destino del contorno ribereño, y también a traer las ideas de nuevos paradigmas en los que la tierra ya no es propiedad de privados o ciertos sectores de las ciudades; como ser la ribera, los contornos ribereños, no son propiedades del Estado ni de los privados, sino que tienen que ser considerados como bienes comunes", afirma a momarandu.com.
"¿Cuál es la gran diferencia en este verdadero cambio de mirada? Es que esto pone una gran limitación, incluso donde sean tierras públicas, al ejercicio del Estado. El Estado, muchas veces, usa artilugios legales para vender tierras o para concesionarias o para negocios comerciales o explotaciones comerciales sin dar ninguna consulta a la ciudadanía. Si uno empieza a interpretar que esos son bienes comunes la ciudadanía tiene un rol principal, democrático, no solamente de votar cada dos años, sino también de discutir el destino del recurso más importante que tienen las ciudades, que es principalmente el suelo", subraya.
MOMARANDU:COM:
¿Qué herramientas tiene el ciudadano que ha construido desde su comunidad y formado su cultura, como sucede para quienes han formado fuertes vínculos en playas, riberas y/o en relación a otros patrimonios naturales, para protegerse de las ventas planificadas por el Estado o empresas privadas en torno a planificaciones, que significan verdaderos atentados contra su identidad?
JONATAN BALDIVIEZO: Históricamente, las ciudades argentinas han entendido que la economía, la producción y el trabajo tenían que estar por sobre cuestiones ambientales y las cuestiones urbanas, donde estas necesidades ambientales, de espacios verdes y acceso irrestricto a los ríos, están supeditados a la cuestión económica. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Tenemos profusa normativa a nivel nacional y también a nivel local, en la Ciudad de Corrientes, donde la actividad económica se tiene que supeditar a estos bienes colectivos, a estos bienes comunes, y donde la defensa de ribera no puede estar por detrás de intereses económicos.
“Hay que buscar un equilibrio en relación a las necesidades económicas, sociales, culturales, pero, el interés económico individual de unos empresarios, de funcionarios y funcionarias no puede estar por sobre la protección de estos bienes, y la normativa es esencial para eso, la existente, justamente, garantiza que, estos debates, no lo den solamente un sector empresarial o solamente un sector político, sino, lo tienen que dar, de forma transparente, y en forma completa, tienen la obligación de hacer esa apertura democrática, y de transparentar esa información", afirma Baldiviezo.
"No puede ser que se aprueben ordenanzas que, durante semanas, sean normativas de las que no se sabe su contenido; no puede ser que haya proyectos de cinco edificios que superen en más de cien metros la ribera y no se sepa, o sobre los que no se ha hecho evaluación de impacto ambiental. Nosotros remarcamos que, antes de autorizar el permiso de obras se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental", sostiene el presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, de Buenos Aires.
"La preservación de impacto ambiental tiene que ser acumulativa. No se puede aceptar el artilugio de hacer impacto ambiental por edificio. Si sabemos que se está haciendo todo un complejo habitacional o comercial de más de cien metros y de cinco pisos, se tienen que hacer informes de impacto ambiental acumulativos. En esa instancia democrática es donde la ciudadanía tiene el derecho de pensar los usos y los destinos del suelo. Cuando esta apertura democrática, mayormente, tiene que ver con un uso común, y un acceso libre a estos lugares, y la ciudadanía no termina eligiendo que se termine negando a explotaciones inmobiliarias, comerciales", expresa a momarandu.com.
M.:
En esta problemática social, ambiental, siempre se señala al amparo, a la medida cautelar, como el primer llamado de atención a los jueces, a la Justicia, para que intervenga en ese asunto. ¿Cuál es la apelación a los jueces más allá de esta situación?
J.B.: Hay dos visiones. Una visión ideal, que dice que la Justicia debería intervenir en el minuto uno, en estos conflictos. Incluso un juez, una jueza, cuando advierte que hay un conflicto público, un conflicto social por la disputa de un territorio, y donde hay empresas por un lado y ciudadanía, por el otro, tiene todas las herramientas para profundizar ese debate. Es necesario señalar que, cuando hubo esos conflictos es porque no hubo un debate, no hubo debate previo en la comunidad. Y los jueces tienen todas las herramientas para frenar, incluso una obra, y obligar a que se de ese debate. Eso es lo que las normas obligan.
Estamos en un contexto donde, lamentablemente, las estructuras institucionales han sido organizadas históricamente para responder a los poderes económicos, y no para responder a esta necesidad de debates democráticos, de la ciudadanía. Por lo tanto, el Poder Judicial no suele tener herramientas o una estructura jurídica para incorporar lo que es la democracia participativa, y termina mal respondiendo o respondiendo con validez a decisiones del poder Ejecutivo o de la Legislatura por más que no hayan tenido ese debate, más abierto y participativo. Ahí creo que es un rol fundamental de los movimientos sociales, de las organizaciones, de la ciudadanía en general, de presionar políticamente, de organizarse, para que esta estructura institucional vaya respondiendo no a democracias más vetustas o a poderes económicos, sino a una democracia más abierta, más profunda, de concentración del poder, para tomar estas decisiones", sostiene.
"Por experiencia nuestra, el Poder Judicial siempre ha sido la última instancia a la que acudimos, cuando han fallado todas las instancias políticas previas, y en estas cuestiones también, no siempre el Poder Judicial ha estado a las alturas, salvo excepciones, pero también convalidando las decisiones del poder económico", agrega.
"Esperemos que, en Corrientes, los jueces y las juezas vayan a adoptar un criterio distinto, hay normativa internacional y normativa nacional que los obliga a tener en cuenta los nuevos cambios donde el paradigma del derecho a la ciudad, de los bienes comunes, el paradigma del buen vivir en la ciudad, van prevaleciendo y se están constitucionalizando, positivizando, en las constituciones y tratados internacionales", concluye.
