Especialistas, académicos, integrantes de organizaciones civiles, sociales, y funcionarios públicos en áreas competentes advirtieron, al cierre de la primera jornada del 1° Congreso sobre Playas y Costas Urbanas de Corrientes, graves consecuencias para el ambiente y la comunidad debido al avance de proyectos comerciales e inmobiliarios sobre áreas de playas y barriadas cercanas a los balnearios de la Ciudad de Corrientes y pidieron a la Justicia que intervenga de inmediato.
Durante su primera jornada de debate, el encuentro giró sobre el eje Uso y Ocupación del Espacio Público Ribereño, Marco legal y de justicia ambiental y Perspectiva Socio Ambiental, Paisaje Histórico y Cultural, y, en especial, la situación actual de la ribera en Corrientes. Los expositores invitados fueron Arq. Mariana Melhem (Entre Ríos), la Dra. Silvia Kloster (Misiones), la Dr. Daniel Denmon (Corrientes), Victoria Richter (Buenos Aires) y el Licenciado en Administración, Marcelo Corti (Buenos Aires).
Los panelistas locales fueron el ingeniero Hugo Rohrman (Chaco), la Arq. Inés Presman (Corrientes), Lic. Ataliva Laprovita (Corrientes), la Dra. Sonia López (Corrientes), la Arq. Cristina Magnano (Chaco), el Prof. Enrique Galiana, la Dra. Mónica Colunga (Corrientes) y las arquitectas Laura Alcalá, Florencia Rus y Rosario Olmedo (Chaco)
Este sábado 7, el Congreso continúa por la mañana, desde las 7 horas, sobre el eje Experiencias de organizaciones sociales en defensa del ambiente, los bienes comunes y el espacio público, con la participación del expositor Jonatan Baldiviezo, y de los panelistas Dra. Nora Maciel (Corrientes), Roberto Polimeni (Corrientes), Franco Báez, Defensores Costeros Paso Patria, Paulino Moreno (Chaco), Proceso Colectivo sobre el humedal Chaco: Conocer, enamorar y defenderlo, Fernando Marturet, Nicolás Silva (Corrientes), Marisa Duarte (Corrientes), y Ana Ruiz (Corrientes).
Momarandu.com consultó distintas voces, la primera de ellas, Lucía Abad, integrante de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes, una de las organizaciones que en los últimos quince días, en voz del Arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, se ha expresado públicamente en contra del avasallamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos de Corrientes, en torno a su acceso al ecosistema, al río y al paisaje, bienes comunes que componen a las playas capitalinas.
"Esto nos instruye mucho más y convence más aún de que tenemos que seguir en este camino, de que la propiedad privada no puede estar por sobre los espacios públicos, y de que cuando hay que privilegiar algunas de esas cosas hay que privilegiar lo público y el uso de los bienes comunes antes que lo privado. Acá, verdaderamente se está abriendo un panorama; tenemos disertantes de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Misiones, donde se están viviendo distintas realidades. Eso nos afirma más en este reclamo ante el mal uso de nuestras playas, que también está sucediendo en otros lugares del país", dijo Abad.
"A esta privatización, que acá en Corrientes se vive entre comillas, porque acá el municipio no nos lo dice directamente, nos dice que no se está privatizando, la estamos conociendo muy bien. Y esto, también está sucediendo en otros lugares del país, y tiene que ver con el mercado, con el neoliberalismo, con el extractivismo neoliberal, un escenario en el cual se privilegian todas estas cosas, y los bienes comunes resultan presentados como bienes privados. Eso, no debe ser así. Ahora, estamos mucho más convencidos de qué es esto. Y decimos No al Shopping, No a los Paradores, y respeto al espacio público", subrayó.
-¿Qué piensa de que la Iglesia y las Universidades, algunas de las mayores instituciones en la región, casi unánimenente, hayan rechazado estas iniciativas?, preguntó momarandu.com
-L.A.: Esto académico, y la voz de la Iglesia, nos dan la dimensión de lo que estamos observando en esta ciudad y en otras. En época de cambio climático, aquí, en Corrientes ¿vamos a impermeabilizar una playa que es cuenca de inundación? Estamos en tiempos en los que, como decía el Papa Francisco, estamos en una emergencia ecológica. Lo que respondió la Iglesia, con respecto a Corrientes, no entiendo porqué desolusionó a algunos funcionarios, si en su respuesta no hay más que mantenerse dentro del magisterio de la Iglesia, para la cual, los bienes comunes tienen que ser públicos, respetados y el ambiente tiene que ser protegido, para la cual tienen que haber estudios serios y previos al otorgamiento de consesiones. La Iglesia lo dice, y lo dice nuestra Ley Ambiental. El ciudadano, además, debe ser consultado. Que se abra, que se convoque. Todo ese proceso faltó. La Facultad de Arquitectura -UNNE- y otras casas de estudio, el mismo Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, previo al tratamiento de la aprobación de Shopping y paradores, había elevado una carta el intendente de la Ciudad de Corrientes -Eduardo Tassano- y había expuesto sus reservas y pidió que se lo convocara para conversar, para analizar daños que, ellos decían, que podían llegar a ser irreversibles, y también fueron desoídos. Realmente, se han equivocado mucho en los procedimientos, no se ha tenido la perspectiva del bien común por sobre el privado y esa no es manera de gobernar. La democracia no es así.
PROYECTO DE SHOPPING, UNA FORMA DE EXTRACTIVISMO INMOBILIARIO EN SUELO URBANO CORRENTINO
Patricia Pintos, otra de las participantes del Congreso, geógrafa investigadora de la Universidad Nacional de la Plata, dijo que el proyeto de construcción de shopping en playa Arazaty de Corrientes, es una muestra de una "coalición de poder entre los sectores gobernantes y los actores económicos dominantes" y de la "anuencia" del sector público "sin medir consecuencias en el devenir de las condiciones ecológicas, ambientales y sociales" para el conjunto de la sociedad urbana.
"AVANCE PRIVATIZADOR" SOBRE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL ESTADO
Diego Silva, del colectivo ciudadano Defensores de los Espacios Públicos Costeros, dijo, por su parte, que el Congreso ha logrado visibiliar un avance privatizador a título gratuito sobre tierras que han nacido de obras financiadas por el Estado y pidió a los funcionarios judiciales que interventan de inmediato.
"Esto es un Congreso al que han venido distintos especialistas, no solo de Corrientes, sino de distintas partes del país, donde se expone varios fundamentos de porqué nos estamos oponiendo a la construcción de un shopping y de paradores privados en las playas públicas de Corrientes. No solo la cuestión legal, sino también la cuestión ambiental, son las que, entre muchas otras, nos opongamos a esto. Esta, es una forma de visibilizar la problemática que estamos viviendo en Corrientes: un avance privatizador habilitado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, que fue recuperado por el Estado, con inversión del Estado nacional, provincial y municipal, de un sector de la Ciudad que se encontraba abandonado. Esta obra, este lugar, este trabajo, pretende ser apropiado por empresarios vinculados al gobierno municipal actual, que pretenden, también, expulsar a ciudadanos y ciudadanas de Corrientes que tienen, en las Playas Arazaty e Islas Malvinas, uno de los pocos lugares para veranear. Estamos luchando contra eso. Estamos luchando para evitar esta privatización y para que este espacio público siga siendo de los correntinas y de los correntinos como debe ser", expresó Silva.
"Pedimos que se escuche no solo a los ciudadanos, sino también a a la Facultad de Arquitectura, que ya se expidió, a distintas asociaciones de profesionales que ya se expidieron. El Concejo Deliberante, de un día para el otro, trató el proyecto, y lo aprobó con sólo ocho concejales, que lo aprobaron, de un cuerpo que está compuesto por diecinueve ediles. El resto no lo votó, se abstuvo o no participó de la sesión. Política y juridicamente, esta decisión no tiene validez. Hay ordenanzas que en esta decisión no se respetan, hay leyes que no se respetan, leyes nacionales que no se respetan, tratados internacionales que no se respetan. Por todo esto, también hacemos un llamado a los funcionarios municipales, a los concejales, a que abran el debate, que suspendan esta privatización que están llevando a cabo sobre la playa, que se suspendan las obras del shopping, que se suspendan los paradores, y que los paradores que ya están instalados ahí o se siguen construyendo, se suspendan, que se abran las decisiones a la participación, que se escuche también a todas las asociaciones que se están expresando en contra de este proyecto y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, que se está expresando en contra, y a la ciudadanía", reclamó.
"A los funcionarios judiciales, les pedimos que traten todas las presentaciones judiciales que se han hecho. Se presentó una cautelar, para frenar estas obas, se presentó un amparo, para declarar inconstitucional la ordenanza que habilita el shopping y se presentaron dos denuncias penales del concejal Fabián Ríos, también, contra el intendente de la Ciudad, por hacer una entrega del espacio público. Nosotros pedimos a la Justicia que trate a todas estas presentaciones, porque eso se está dilatando, porque se están durmiendo los papeles en los cajones de las oficinas judiciales, y queremos que se expida; queremos que la Justicia se expida, y que los funcionarios políticos escuchen a la ciudadanía", subrayó.
ADVERTENCIA: "NO HAY QUE METERSE CON EL PARANÁ"
Otra de las voces destacadas durante la primera jornada del Congreso fue la del Ingeniero en Recursos Hídricos, Hugo Rohrman, especialista en riberas y recursos hidricos. El proyecto de shopping está claramente sobre un "área pública", subrayó. "No hay que meterse con el Paraná", advirtió, luego.
URBANIZACIÓN SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE POBLACIONES VULNERABLES
Momarandu.com también consultó a la Dra. Hilda Presman, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de la Provincia, integrante del colectivo Defensores de los Espacios Públicos.
"La causa judicial nos preocupa porque fue presentado hace veinte días un amparo, que tiene que ser una acción urgente, expeditiva. La ley ambiental habla de principios precautorios, debiera haber tenido respuesta y hasta ahora no tenemos respuesta del amparo. Nos parece que es un elemento sobre el que, ahora, terminado el Congreso, tendremos que empezar a presionar, el equipo jurídico. En relación con todo esto, y haciendo un poquito de historia, esto tiene que ver con el avasallamiento de los espacios públicos, tiene que ver con espacios territoriales que también hemos trabajado como Red de Derechos Humanos por mucho tiempo. Todo este proceso de relocalización de los vecinos de la Costanera Sur de la Ciudad de Corrientes, precisamente involucrados en la relocalización de la zona en cuestión para la construcción de la obra, me refiero a vecinos de los barrios Arazaty y Caridi, un proceso de reclamo que nosotros acompañamos, y, en todo momento, nosotros planteamos, en aquella oportunidad, que esta era una obra que había planteado el carro por delante del caballo, o sea se había planteado la obra primero sin prever cómo reordenar territorialmente a todos los vecinos y demás. Esa fue toda una lucha", expresó la Dra. Presman.
"Ahora, venimos refrendando con lo que vienen planteando los especialistas, con quienes vienen estudiando todo el proceso histórico, de que en realidad esta obra fue planteada con recursos del Banco Mundial, fundamentalmente, como defensa costera, y para mejorar la calidad de vida de los sectores de mayor vulnerabilidad social, que eran precisamente los vecinos de esta zona, es decir, cuando nosotros hablábamos que se había puesto el carro por delante del caballo era absolutamente justo. Y creo que esta es la continuidad de esa lucha. Se desplazó a los pobladores originarios, a los legítimos pobladores de esta tierra, que eran mayoneros, que eran ladrilleros, que eran trabajadores del río, trabajadores ambulantes, de playas, cuando la playa Arazaty no era la playa vip, o la playa top, que se plantea acá, y fueron explulsados de su territorio con una urbanización que priorizó lo turístico, comercial, por sobre la defensa costera, y sobre los objetivos originarios", señaló.
"Este Congreso nos permite tener una mirada nacional y entender que este proceso de extractivismo urbano no es solamente de nuestras costas y de nuestros territorios, sino que tiene que ver con una avanzada de los poderes económicos sobre los recursos naturales y sobre el recurso urbano, en concreto. Este Congreso, nos permite, además, visibilizar, incorporar nuevos actores. Estamos muy satisfechos de esta tarea, de su desarrollo, y de su potencialidad. Sabemos que esto es un objetivo a largo plazo, probablemente, la batalla judicial sea larga, la batalla de sensibilización también, pero vamos a dar la disputa ideológica de información jurídica, ambiental, técnica y académica, alrededor de por qué planteamos que esto es un avasallamiento del espacio público", sostuvo.
"Acá hay una decisión político institucional de desinformar, de no visibilizar, por eso todas las peleas que estamos dando tienen que ver con la sensibilización y la concientización alrededor de esto. Desde el punto de vista de quienes transitamos las playas y conocemos el espacio, no nos cabe duda, no nos cabe duda, de que eso es un espacio público", remarcó. Además, queda claro, que, cuando haya una creciente extraordinaria, al shopping se lo va a llevar puesto el Paraná. Y, en imágenes satelitales -expuestas por el Ingeniero en Recursos Hídricos, Hugo Rohrman- queda claro que -el circuito balneario de Corrientes- es una playa artificial, que fue refulada y rellenada con dragado y con trabajo mecánico y que, en realidad, estos terrenos que hoy se están, supuestamente ofreciendo a la comunidad como regalo gracioso de un empresario, no son más que relleno de costa que fue trabajado con los recursos públicos y el fondo del Banco Mundial para el relleno de la barrera de contención de las inundaciones. Entonces, no es un espacio privado, y queda absolutamente claro que no es un terreno privado, además de todas las irregularidades procedimentales, ilegales, respecto a que, en realidad el municipio está adjudicando por vía de una transacción una disputa que no está concluida, porque hay un litigio que no está cerrado, está concluido, y el municipio, adelanta la resolución haciendo esta transacción, suponiendo que le va a costar muchísimo la expropiación", explicó.
