El Observatorio de Conflicto Sociales en el Nordeste Argentino (OCSo-NEA) y la Red Corrientes de Derechos Humanos (Red de DD.HH.) afirman que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2019 se cuentan 2817 demorados y 3031 motocicletas secuestradas como resultado de procedimientos cuestionados por violentar el principio de inocencia de los cuales "sólo un 1,5% resultó con algún pedido de captura vigente".
"Hacemos pública nuestra preocupación ante la sistemática vulneración de los derechos y las garantías constitucionales por parte de la Policía de Corrientes y el ministerio de Seguridad de la provincia debido a la implementación de los denominados “operativos de control vehicular”. Está practica se ha venido reiterando desde fines de 2015 y -tal como lo demuestra una investigación del Observatorio- ha provocado la detención arbitraria de más 3.000 personas hasta la fecha. En su mayoría, varones jóvenes de clase media-baja", expresan.
Estos datos fueron resumidos en un estudio qe fue presentado durante una reunión de comunicaciones científicas en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Consistió en el relevamiento de operativos difundidos por la institución policial a través de sus gacetillas oficiales desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2019: se contabilizaron 2817 demorados y 3031 motocicletas secuestradas.
"Estos operativos persisten con una periodicidad semanal: entre el 29 de junio y el 27 de septiembre de 2019 se han registrado 8 nuevos procedimientos en la ciudad Corrientes: contabilizando 351 demorados (un promedio de 44 demorados por operativo) y 431 motocicletas secuestradas. En suma, la cifra actual es de 3168 demorados y 3462 motos incautadas", señalan el Observatorio y la Red.
OCSo-NEA y la Red de DD.HH. subrayan que estos hechos se producen bajo el amparo de la Ley Orgánica de la Policía (Decreto Ley 33/00) y el Código Contravencional de la Provincia (Ley N° 124/01, modificado por Decreto Ley N° 137/01).
"Ambas normas han sido objeto de sendas presentaciones judiciales por parte de la Red de DD.HH. ante el poder Judicial, denunciando la inconstitucionalidad. Este tipo de procedimiento es cuestionado por violentar el principio de inocencia: invierten la carga del delito al obligar a la persona a tener que demostrar su inocencia, cuando es el Estado el que debe demostrar que ha cometido o está cometiendo un delito. Además, estar demorada por “averiguación de antecedentes” faculta a la Policía a tener privada de su libertad a cualquiera persona por un lapso de hasta 24 horas sin dar comunicación a la autoridad judicial en turno. Este plazo llega a extenderse hasta 19 días en el caso de presuntos contraventores", remarcan OCSo-NEA y la Red de DD.HH.
OCSo-NEA y la Red de DD.HH. resaltan como dato contundente que de las 3168 personas demoradas en 3 años y 9 meses "sólo un 1,5% resultó con algún pedido de captura vigente".
"Por otra parte, este numeroso grupo de personas llevado a las comisarías jurisdiccionales y alojados en lugares no acondicionados ni dispuestos a tal fines, como patios y cocinas tal como lo exponen las fotografías adjuntas, difundidas por la propia Policía. Sumado a las condiciones de hacinamiento de las personas detenidas bajo custodia policial (350 en las 24 comisarías de Capital y unas 1200 en todas las dependencias de la provincia de Corrientes), debido a falta de plazas en la cárcel de procesados (Unidad Penal N° 6 de San Cayetano)" , indican OCSo-NEA y la Red de DD.HH.
El Observatorio de Conflicto Sociales en el Nordeste Argentino y la Red Corrientes de Derechos Humanos expresan que "esta práctica sistemática del gobierno democrático resulta de suma preocupación debido a que su naturalización o normalización por parte de la ciudadanía supone un retroceso en los derechos civiles que hemos venido recuperando desde el final de la dictadura".
"No resulta sumamente llamativo que un tipo accionar se mantenga en el tiempo si no cumple su objetivo: reducir la modalidad delictiva conocida como “arrebato”. Si el 99% de los más de 3000 demorados eran personas completamente inocentes que por qué el gobierno sigue implementando esta modalidad y empieza a aplicarla en el interior provincial, en localidades como Saladas, Bella Vista, Mocoretá y Monte Caseros", afirman.
"Detrás de esto hay un intento de disciplinamiento de la población en general y de la población usuaria de motocicleta en particular, aunque hemos observado que también alcanza a carreros, ciclistas y una menor medida automovilistas", sostienen.
"Corrientes, una ciudad con casi el 50% de habitantes por debajo de la línea de la pobreza según el informe del segundo semestre de 2018 del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), ha sido el lugar de ensayo para su extensión a otros puntos de la provincia. La lógica es la misma: control social no para prevenir el delito “arrebato” sino para regular el número de vehículos con los que éste se comete", concluyen
