El cuerpo de delegados del Invico ha rechazado el proyecto de ley de creación de un Fondo Fiduciario de Viviendas (FOFIVI), ya que afirma conlleva la "intención de privatizar la administración de recursos públicos nacionales, provinciales y municipales"
Señala que de pasar el proyecto redundaría en elevados costos financieros, renegociaciones de contratos permanentes, riesgos de quiebras y sobrecostos a los adjudicatarios, que se contraponen" a la realidad de una emergencia habitacional urgente y desesperante para las familias afectadas por esta problemática".
En sus fundamentos el proyecto dispone el cumplimiento del artículo 39 de la C. P., y el P.C.C.E. y D.S. (Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social) para mejorar la calidad de vida de los correntinos, a través de la atención integral ante la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional de la provincia, resolviendo la problemática con acciones paulatinas y asegurando el acceso a un hábitat digno y sustentable.
De acuerdo a estos lineamientos políticos se propone la creación de un fondo fiduciario como herramienta estratégica para el sector de la construcción y para que las familias accedan a la casa propia; destacando que el instrumento financiero generará empleo en sectores económicos claves y que permitiría una amplia inclusión de sectores sociales.
Los delegados gremiales señalan que este proyecto se contrapone en su concepción con sus supuestos objetivos, "pero más que nada con la realidad de la pobreza estructural y de una emergencia habitacional urgente y desesperante de las 74.000 familias afectadas; presuponiendo que la mera administración financiera (Banco de Corrientes S. A.) y privada, —obviamente orientadas al lucro no a la sensibilidad social—, podrá encargarse de tamaña complejidad socioeconómica".
"Rechazamos este intento de privatizar recursos públicos que ya tienen destinos específicos, como son atender la problemática habitacional y de viviendas de sectores sociales, —cada vez más numerosos—, que no pueden acceder a la vivienda por la vía del mercado" afirman.
Por el contrario sostienen el principio de subsidiariedad delegado por el estado provincial al INVICO, aunque aceptan se debería "reformular la actual política habitacional hacia los sistemas de ejecución participativos, atendiendo al hecho que han ingresado durante 2019 más de $ 2.600.000.000 millones y no se traducen en un mejoramiento del hábitat y acceso a viviendas dignas perceptible".
Insiten en que el sistema así planteado solo beneficiaría a bancos, desarrolladores inmobiliarios y empresas de construcción, pero no a la sociedad civil que es a quien debe responder el Estado.
Además, idnican que "los créditos UVA han demostrado ser ineficientes, coloca a las familias en situación de vulnerabilidad frente a los bancos; no siendo adecuado para dar soluciones habitacionales de interés social, por ello a nivel nacional, se está estudiando dejarlo sin efecto. Y lo más cuestionable es que además, en el Fideicomiso están representados los grupos concentrados de la economía local y no la sociedad civil, (las organizaciones, los eventuales beneficiarios y los trabajadores); se crea un sistema a espaldas del pueblo de la provincia, con fondos públicos que pertenecen a toda la sociedad.
