Foto: Vivienda de madera incinerada durante uno de los operativos denunciados.
Pobladores de Santa Rosa denunciaron este martes operativos de desalojo ilegales sobre ciento cuatro hectáreas habitadas por comunidades vulnerables integradas al éjido municipal en los barrios San José Obrero, Desatanudos y aledaños.
"Usando motosierras, palos y amenazas de detenciones por parte de la policía, han dejado sin lugar donde habitar a familias que no tienen más recursos que lo puesto", denunció este martes por la tarde la Federación Campesina-Guaraní de Corrientes.
La organización señaló como responsables a un individuo identificado como Eduardo Ramírez, que "en complicidad" con un comisario de apellido "Orrego" habría derribado "casas precarias" de "gente sin acceso a una vivienda digna".
Estos hechos suceden "hace unas semanas": "atropellos y hechos muy violentos", alerta la Federación.
Se trata de "desalojos ilegales" que abarcan, hasta este martes, a "104 hectáreas que comprenden los barrios San José Obrero,Desatanudos y aledaños", precisa.
La organización divulgó este martes por la tarde un documento en el que exhorta al juez de Instrucción y Correccional Ramón Alberto Ríos "inmediata resolución" para el "conflicto".
Foto: Arresto de un vecino tras expresar su derecho sobre las tierras que habita.
La organización solicita al magistrado que garantice la supremacía del derecho a hábitat digno e investigue a los individuos identificados al mando de los operativos de desalojo.
Se trata de "especulación inmobiliaria basada en instrumentos ilegales y el uso de la fuerza para sembrar miedo y más violencia", explica públicamente a Ríos en su carta la Federación.
DESALOJO VIOLENTO Y SIN DOCUMENTOS CONTRA UNA COMUNIDAD
La Federación Campesina-Guaraní de Corrientes además expresa su profunda preocupación a que los operativos señalados fueron llevados a cabo sin documentos que acrediten su legalidad.
"Lo que agrava todavía más la situación es que este supuesto dueño como él mismo se presenta, no ha dejado ver ningún documento legal que certifique su derecho sobre las tierras, sólo ha sabido actuar con injurias y violencia secundado por familiares y la fuerza policial", afirma.
"Este barrio junto a tantos otros barrios de la provincia, son la solución que encuentran muchas familias que no tienen posibilidad de adquirir un terreno propio o que han heredado una parcela de sus padres o abuelos, de tiempos en los que la palabra valía", precisa.
"En todos los hechos violentos incluso ante la mirada de oficiales de la Policía de Corrientes nunca se ha esgrimido una orden judicial ni nada parecido", subraya.
JUSTICIA POR MANO PROPIA CON AMPARO DE LA FUERZA PÚBLICA
La Federación Campesina-Guaraní de Corrientes además asegura que las personas afectadas por estos operativos han sufrido daños justificados por sus atacantes como una forma de justicia que se ejerce "por mano propia" y que se practica y desarrolla en Santa Rosa con el amparo de la fuerza policial.
"Miembros de la policía local se prestan a aprietes y amenazas a familias con hijos pequeños, mujeres embarazadas o personas discapacitadas", describe la organización. Las fuerzas "solo actuaron para defender a sus patrones de turno y se han llevado detenidos a quienes se resistieron a ser desalojados", denuncia.
RESPUESTA JUDICIAL SIN MEDIDAS PRÁCTICAS
La Federación Campesina-Guaraní de Corrientes también expresa que la última medida judicial emitida por el juez de Instrucción y Correccional Ramón Alberto Ríos, para el caso, una medida de "no innovar", no ha surtido efecto y denuncia que las amenazas sobre la comunidad continúan.
En paralelo, advierte que los integrantes de las comunidades afectadas han decidido iniciar un acampe hasta que cese la violencia contra sus bienes, se garantice un cese de hostigamientos de la fuerza policial y se reparen los daños recibidos.
Si bien "la organización y la respuesta inmediata de quienes forman parte de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes, campesinos y campesinas que saben lo que significa defender su tierra, han logrado impedir que esta injusticia siga su curso resistiendo ante las máquinas y las amenazas de civiles y agentes de justicia al punto que el juez de instrucción y correccional Ramón Alberto Ríos decidió dictar una medida de no innovar sobre el terreno en conflicto hasta tanto resuelva que hacer", "continúan las amenazas" y las "patrullas policiales" durante "la siesta y la noche", señala.
La organización identifica en el curso de estos hechos a Ramirez, a "individuos que trabajan" para y a los sujetos "Jorge Eduardo Ramírez, José Orlando Ramírez, Ramón Emanuel Ramírez y Mirian Rocío Ramírez"
Foto: Un vecino observa bajo un toldo de nylon el desarrollo de uno de los operativos denunciados.
"Llegan hasta el lugar con constantes "aprietes" a mujeres y menores de edad, y por supuesto esto genera que las familias de estos barrios teman represalias mayores", reproduce la organización de acuerdo al testimonio de Alejandra Aquino referente de la comisión vecinal del barrio San José Obrero, comunidad afectada por el desalojo. "Denunciamos estos hechos violentos y hacemos responsables al comisario Orrego sobre lo que pueda sucederle a las familias que están en conflicto de los barrios Desatanudos, San José Obrero y aledaños", agrega. "Además en asamblea vecinal hemos resuelto un Acampe como medida de protesta y de resguardo ante cualquier hecho violento o represivo", sostiene.
"Exigimos al juez Ramón Ríos la inmediata resolución del conflicto que no puede ser otro que la supremacía del derecho a un hábitat digno, por encima de la especulación inmobiliaria basada en instrumentos ilegales y el uso de la fuerza para sembrar miedo y más violencia" concluye.
