Un ex policía y quien fuera su socio fueron condenado en Corrientes a trece años de prisión por liderar una organización destinada a lavar dinero del narcotráfico a través de actividades como la venta de automotores y ofertas de préstamos de dinero a personas de escasos recursos. Otras tres personas recibieron penas de seis años. Cometían las maniobras en el playón del hospital pediátrico Juan Pablo II, en la ciudad de Corrientes
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Oral Federal de la mencionada ciudad al ex efectivo Jorge Gómez, a quien se halló responsable de "lavado de dinero de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda".
Según informó la página Fiscales, también fue condenado a la misma pena Abelardo "Martillo" Acevedo por igual delito que Gómez y otras tres personas a seis años de reclusión.
Según dio por probada la fiscalía en el juicio, Gómez y Acevedo cometían las maniobras en el playón del hospital pediátrico Juan Pablo II, en la ciudad de Corrientes, y de las mismas también participaban Verónica Orue y Elsa Domínguez -cónyuges de ambos, respectivamente-, Jorge Romero y Martín Gómez.
En su mayoría, las personas que tomaban préstamos eran conductores de remises de bajos recursos económicos, inestabilidad financiera y precariedad laboral, de manera que los servicios ofrecidos por la organización eran la única forma de obtener un microcrédito o cambiar el vehículo que utilizaban como herramienta de trabajo.
Los ahora condenados financiaban la adquisición de vehículos nuevos o usados a sus víctimas, con préstamos de pequeñas sumas de dinero que debían pagarse en cuotas diarias, y cuyos cobros eran registrados por escrito.
Incluso, en una de las tareas investigativas, un policía de civil pudo registrar cómo “Martillo” le pedía a un remisero atrasado en el pago de cuotas que realizase algunos viajes a la ciudad de Resistencia a llevar marihuana para saldar su deuda.
Luego de realizar allanamientos en las viviendas de todos los imputados, se incautaron vehículos de alta gama, armas de fuego, un chaleco antibalas, boletos de compraventa y pagarés. Al momento de detener a Acevedo, Romero y Gómez en el playón del hospital pediátrico, se les incautaron también distintas documentaciones de vehículos, talonarios de recibos y anotaciones de pagos diarios con nombres, fechas, montos y cantidad de cuotas. De la investigación surge que ninguna de los acusados tenía cómo justificar el dinero prestado ya que no poseían cuentas bancarias.
En su alegato, el fiscal señaló que los imputados, actuando en forma continuada, “convirtieron, transfirieron, administraron y vendieron bienes provenientes de un delito con la consecuencia posible de que los bienes originarios y subrogantes adquirieron apariencia de un origen lícito”. Para ello, eran incorporados a su patrimonio, en algunos casos por un tiempo breve, para luego ser traspasados a otros miembros de la organización o a otros individuos, “reiterándose así las acciones de lavado de activos durante un período prolongado de tiempo”.
De esta manera, Schaefer solicitó penas de trece años para Gómez y Acevedo por el delito de lavado de activos agravado por su calidad de organizadores y por haberse cometido en banda, una figura por la que se pidieron diez años para Romero. Martín Gómez, en tanto, fue señalado como coautor del delito de lavado de activos, por lo que se le solicitó una pena de seis años, mientras que Verónica Orue y Elsa Domínguez lo fueron en calidad de partícipes necesarias, con una pena de ocho años.
Para la fiscalía, los imputados incorporaban bienes a su patrimonio, en algunos casos por un tiempo breve, y luego los traspasaban a otros miembros de la organización.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes hizo lugar de manera parcial a los pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal. Condenó a cinco de los seis imputados, todos como coautores del delito de lavado de dinero de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda.
Gómez y Acevedo fueron sentenciados a trece años de prisión, mientras que Elsa Domínguez, Verónica Orué y Martín Gómez recibieron una pena de seis años, y Romero fue absuelto. Los fundamentos del fallo se conocerán el 5 de julio. Asimismo, los magistrados dispusieron el decomiso de ocho vehículos y bienes muebles e inmuebles que fueron objeto y/o medio del delito de lavado de dinero.
