(Por Hilda Presman)* El ministro de seguridad de Corrientes Juan José López Desimoni, hoy defiende corporativamente el violento accionar de los grupos de élite de la policía de Corrientes
Y lo hace en la represión a choferes de Ersa en huelga por sus derechos laborales, a los vecinos y organizaciones sociales que los acompañaban, afectando incluso a la comunidad educativa de la esc 291, lindera a los talleres.
Este entramado de complicidad entre la brutalidad policial, el poder político que lo ordena y el poder judicial que justifica y encubre, no es de hoy. Es de siempre. Pasan los gobiernos y la represión y la violencia contra el pueblo quedan. Ya nada nos sorprende, aunque siempre van por más…
El Gobernador Valdés, en su último decreto de ascenso, incluyó a los asesinos de Nino Largueri, en Monte Caseros. Hoy tras las maniobras de nulidad del debate que debía realizarse en Paso de los Libres el pasado mes de Mayo, vuelve la causa al Juez Eduardo Alegre, de Monte Caseros. Y éste, prontamente decreta no hacer lugar a una nueva investigación dictando falta de merito para los agentes implicados (el oficial Cris¬tian Íbalo y los suboficiales Ramón Goin, Walter García y Roberto Aguirre) en el secuestro, los vejámenes y la muerte de Nino Largueri.
Queremos relacionar y hacer un poco de memoria… Para no hablar por hablar, remitánomos a hechos que hoy están en la primera plana de las noticias vinculadas al narcolavado. El caso de la banda de policías, de la ex brigada de investigaciones de la época de Tato Romero Feris. Fue famosa por su accionar represivo, por detenciones arbitrarias, por asesinatos, (incluso a testigos de otros asesinatos en sede policial). Hablamos de los conocidos ex policías “Martillo” Acevedo y “Ñoqui” Romero, denunciados por Amnesty Internacional, y por el Serpaj Europa, en la década de los ’90, quienes asesinan a sangre fría en la puerta de su casa a un denunciante, Pedro Aguirre, en el año 1996. Muchas idas y venidas, mucha agua bajo el puente… Fueron exonerados por la intervención de Mestre bajo la gestión del cordobés Ripa, en el año 2000, la Brigada se disolvió y cambio de nombre (no de mañas). Estos sujetos siguieron trabajando en agencias de seguridad, empresas en manos de policías en actividad. Tras un par de años en el “llano” la justicia ( como ahora con Ibalo, Goin, Aguirre y García) los reincorporó a la fuerza y los volvió a sus funciones. En eso estaban, cuando empezaron a ser investigados por la justicia Federal por lavado de dinero perteneciente al narcotráfico, por usura y por tenencia de arsenal de guerra. Su condena por estos delitos se leerá el próximo 21 de Junio en el TO Federal de Corrientes.
No queremos que con los asesinos de Largueri pase lo mismo, y recién “descubramos” después de 20 años, y con las causas por homicidio prescriptas que efectivamente eran delincuentes vinculados al crimen organizado. NO hay mafias sin la participación, connivencia o facilitación del poder político y judicial.
¡JUSTICIA PARA NINO! ¡JUSTICIA PARA PEDRO!
* Titular de Red de Derechos Humanos de Corrientes
