(Por Ernesto Sánchez).Otra vez el ciudadano en vilo por el conflicto salarial en un servicio público bajo explotación privada pero sin control estatal, al menos no lo suficiente
En lo que toca a la Ciudad de Corrientes, su Municipio, observa la pelea como un espectador y no como el actor clave que es. Dice que es un conflicto de intereses ajenos, privado, entre partes, en donde una de ellas, se supone que la parte laboral, se endurece más de lo debido.
No ve o no quiere hacerlo que es el poder concedente, que es quien debe intimar a las firmas a las que le ha cedido el servicio la prestación del mismo en las condiciones preestablecidas bajo amenaza de apartarlas "si así no lo hicieren".
Un proceder así debería ser lo usual. No sería tomar parte por un reclamo laboral, -que tanto asusta a los funcionarios de la Comuna- sino hacer valer un contrato de prestación por el que las empresas, no la UTA, deben responder. Hacer valer la legislación y defender al usuario indefenso, es el propósito
El conflicto se origina en un reclamo de los choferes a sus empleadores por sumas acordadas pero no saldadas.
¿ No debería ser algo lógico que la Comuna recordara a las empresas que para prestar el servicio en las condiciones pactadas debe pagar a sus fuerzas de trabajo de acuerdo con la ley?
En cualquier caso el peor camino para el gobierno de la Ciudad es el que ha elegido: el de observar de brazos cruzados, expectante.
