El pasado lunes se concretó la audiencia de conciliación con el Ejecutivo para tratar el conflicto laboral en el Instituto de Cultura, que tiene 230 trabajadores y trabajadoras precarizados/das de hasta 13 años de antigüedad con sueldos de entre $12.000 y $51.000; por debajo de la línea de indigencia.
Participaron el gobernador Jorge Capitanich, el presidente del ICCH, Tete Romero; el secretario general de UPCP, José Niz; y delegados del mismo gremio. trabajadores/as autoconvocados/as del organismo, desde sus redes Cultura en Lucha – Chaco, informaron que el Ejecutivo se presentó sin ninguna respuesta a los reclamos por lo que se pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 8.
Concluida la reunión, delegados de UPCP transmitieron a las y los trabajadores/as los dichos del Gobernador planteando que “no está contemplado el pase a planta dentro del presupuesto 2023”.
“Tampoco hubo respuesta en lo referido a la equiparación salarial; y sobre el proyecto de Ley de Carrera de Trabajadores/as Culturales manifestó que debe tomarse un tiempo para analizarla y responder en consecuencia”, señalaron. Cabe recordar que el proyecto de ley se dejó en mano de la Comisión de Hacienda del Legislativo a principios de agosto.
“Tras más de 30 asambleas y actividades de visibilización desde febrero hasta acá, lo que debió ser una instancia de resolución del conflicto, fue otro movimiento de dilación, a días del cierre del ejercicio administrativo anual y en el marco de una conciliación que claramente no está buscando soluciones.”
Trabajadores/as señalaron además la notable ausencia del Directorio del Instituto de Cultura. “Que no se presentaron a dar explicaciones de lo acontecido en la reunión, profundiza y agrava el malestar de lxs trabajadorxs”, indicaron.
REPUDIO A LA AGRESIÓN
Por otra parte, las y los trabajadores auconvocados/das manifestaron su “enérgico repudio antes los gravísimos hechos de violencia ocurridos este martes 6 en la Sede central del ICCH.”
“Nos solidarizamos con lxs compañerxs que sufrieron la tensión, agravios y hasta golpes, perpetrados por un grupo de personas que -según sus dichos- pertenecen a una ONG y se presentaron a reclamar pagos adeudados desde abril”, expresaron.
“Nada justifica este tipo de actos y lxs trabajadorxs no somos responsables del atraso en el pago de las deudas, ni definimos la prioridad de esos pagos”, subayaron.
“Confiamos en que ninguno de los actores -patronal, gremios, etc.- intente capitalizar políticamente estos sucesos lamentables, o emplearlo para distorsionar nuestra lucha. La agresión y la violencia no tiene nada que ver con nuestra lucha, ni con la justicia de nuestros reclamos”, sostienen.
