“Cuando comenzaron a cometerse los hechos investigados, en 2008, regía una ley que no penaba el autolavado y que esa es la norma que debe aplicarse en toda la causa, por ser la más benigna. El autolavado fue considerado delito recién en 2011”. (Del sobreseimiento de Cristina Kirchner y cómplices, en la causa Hotesur/Los Sauces, dictado por el Tribunal Oral Federal 5)
(Por Jorge Eduardo Simonetti). Tengo un amigo que hace tiempo asimila la situación argentina con la del Titanic en aquella fatídica jornada de la noche del 14 y madrugada del 15 de abril de 1912, en la que la fenomenal nave colapsara y se hundiera en las aguas del Atlántico. La síntesis de esa comparación es la siguiente: “a los botes”.
Confieso que la metáfora me molestaba, porque significaba el abandono de la lucha en este país, el nuestro, país del “nunca jamás”. Pero hoy, lo reconozco, me pregunto seriamente ¿a qué distancia temporal y conceptual estamos los argentinos de sentirnos con la desazón de los pasajeros del Titanic ante la inminencia del hundimiento?
El Tribunal Oral Federal N° 5, con la disidencia de la jueza Pallioti, el día viernes, uno antes de que terminara la subrogancia de un juez afecto al kirchnerismo (Adrián Grunberg), dictó de apuro y contra reloj el sobreseimiento, sin juicio oral, de Cristina Kirchner, sus hijos, Cristóbal López, Lázaro Báez y demás cómplices, en la causa Hotesur/Los Sauces, un expediente que hace tres años estaba para juicio oral, esperando fecha para su realización. Pocos días le bastaron al TOF 5 para tumbarlo.
Conjuntamente con la de “Cuadernos”, era la que más preocupaba a Cristina, una causa emblemática si las hay, donde el dinero de la obra pública ingresaba a raudales por la puerta giratoria de la corrupción, para volver como jugosos retornos a los titulares del poder estatal, estadías hoteleras simuladas mediante.
Una pieza entera en el edificio de la Armada ocupaba las pruebas reunidas, los argumentos utilizados para el sobreseimiento por el TOF 5 habían sido ya planteados y rechazados en todas las instancias con anterioridad, la causa tenía tres años de espera para la fijación de fecha del juicio oral. Nada de eso importó más que el apuro de contar con la integración adicta y la vista gorda de dos jueces del palo.
El sobreseimiento sin juicio oral solo puede darse en circunstancias excepcionalísimas. Para poner un ejemplo, la aparición con vida de la presunta víctima en una causa por homicidio, lo que no es el caso evidentemente.
Cristina ya había sido sobreseída de esa manera (sin juicio oral) en dos causas: “Dólar futuro” y “Memorandum con Irán”, a la que se suma ahora “Hotesur/Los Sauces”, y va por más, le quedan dos años en el poder, suficientes para culminar su mandato de vicepresidenta limpita y sin antecedentes penales.
Es cierto, a pesar de que lo veíamos venir y ya nada nos puede sorprender en la Argentina del siglo XXI, guardábamos una pequeña y secreta esperanza de que no se iban a animar a tanto. Ilusos, ingenuos, se animan a todo, incluso a sobreseer sin juicio oral a los acusados de los pornográficos delitos de saqueo. No solo que los estamentos judiciales dictan sentencias amañadas en favor de los que arrasaron con las arcas públicas, sino, por si hiciera falta, aclaran que “las acusaciones no afectan el buen nombre y honor” de Cristina, de Máximo, de Florencia, de Cristóbal López, de Lázaro Báez. O sea, sin castigo y limpitos, con buen nombre y con honor.
Es cierto, en el juego no salieron del todo incólumes, debieron sacrificar algunos peones como José López y Jaime, pero salvaron a la reina y a sus herederos. Ajedrecistas consumados.
Y lamento reconocer que estamos en la cubierta del Titanic, en una Argentina gravemente enferma material y moralmente, con los tres poderes involucrados en este pacto mafioso de impunidad que se lleva adelante sin prisa pero sin pausa, ante la mirada cada vez más descreída de los ciudadanos.
El contrato moral está roto. En una democracia existe un pacto tácito de orden ético entre los representantes y los representados. La base debe ser la honestidad y la transparencia de los gobernantes, para aspirar a la obediencia civil de quienes los eligieron.
Pero no, a este gobierno y a gran parte de la dirigencia política, muy poco les interesa mantener ese acuerdo invisible, pero no menos necesario, entre los ciudadanos y los titulares del poder público. No le hacen asco a nada cuando de alcanzar sus objetivos se trata, ni a la mentira descarada, ni a la simulación, ni al rompimiento expuesto de normas jurídicas a través de jueces que se mueven al ritmo de la veleta.
A qué distancia estamos para que la desobediencia civil se consume en los hechos, porque en los corazones está instalada hace tiempo. Un presidente que no hesita en valerse de la mentira, del doble mensaje, de la moral bifronte, un congreso que lava las intenciones de los poderosos, una justicia con la venda caída a la que le gusta inclinarse ante el poder.
Lo peor de todo ello es que la sociedad naturalice estos comportamientos, porque en ese caso estaremos ingresando definitivamente en el “default moral” que nos conducirá al precipicio como nación.
En los últimos meses electorales, como muestra de la inexistencia de valores que identifiquen y separen lo correcto de lo incorrecto, lo legítimo de lo ilegítimo, lo legal de lo ilegal, tomamos como válida la intención del Gobierno de utilizar los recursos públicos para inclinar los votos ciudadanos en su favor. El “plan platita” pareció una picardía criolla, la compra de voluntades fue vista con ojos condescendientes.
Es más, a pesar de que todos lo imaginábamos, hasta dónde tienen validez intelectual las medidas de gobierno que se intentaron ocultar para cazar incautos electorales y se toman ahora luego del sufragio. Gastaron ingente cantidad de dólares para mantener el tipo de cambio en el período preelectoral, y luego del mismo se preocupan por las menguadas reservas volcando el esfuerzo, cuando no, sobre la ciudadanía, prohibiendo la salida de dólares por turismo.
Todo ello, sin embargo, forma parte de un combo indigerible para la buena marcha de los asuntos públicos, no hay modo de salvar los valores sociales cuando se toleran conductas absolutamente reñidas con lo que supone debe ser una nación con un pueblo educado, que sabe distinguir el bien del mal, que tiene normas jurídicas y sociales que lo regulan.
En este “vale todo” moral, la consigna debe ser “ni olvido ni perdón”, porque podrán sobreseer acusados y permitir la impunidad jurídica, pero lo que no podrán lograr es borrar de la memoria de millones de argentinos la cara de los protagonistas de este festival de corrupción.
