La junta militar de Myanmar llega hoy a 100 días en el poder en medio de protestas, tras el apresamiento de la líder del país electa, Aung San Suu Kyi.
Myanmar, nación ubicada en el sudeste asiático, sigue sumida en una crisis política sin precedentes luego de que la junta militar, que sacó del poder a la líder del país electa, Aung San Suu Kyi, el pasado 1 de febrero, cumplió 100 días en el Gobierno sin poder controlar las manifestaciones que piden el regreso de la mandataria depuesta.
En el marco de los 100 días del golpe militar, cientos de personas salieron a las calles en ciudades y pueblos para denunciar a los integrantes de la junta militar. En estas, una parte de la sociedad civil denuncia a los militares de haber llevado al país a su peor crisis en décadas.
Las manifestaciones se desarrollaron con marchas, caravanas de motocicletas y protestas relámpago para evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad. En estas, algunos grupos antigolpistas hacían llamados a derrocar a la junta militar, la cual ha sido condenada en gran parte del mundo.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la junta militar ha tenido que hacer frente a guerrillas que han evitado un control total de la nación. Por la situación, las empresas y algunas instituciones públicas se han paralizado en rechazo de los militares en el poder, a pesar de dar el golpe bajo la promesa de llevar a cabo nuevas elecciones en un lapso no mayor a un año.
Diversas han sido las consignas de los ciudadanos contra el Gobierno militar. En Rangún, la ciudad más importante del país, los manifestantes portaron pancartas donde llamaban a la lucha “para eliminar por completo al enemigo” al tiempo que en Hpakant marcharon bajo el lema “la revolución debe prevalecer”.
GOBIERNO DE UNIDAD
En el plano político, los adversarios al golpe militar establecieron semanas atrás el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por siglas en inglés), con Aung San Suu Kyi al frente de manera simbólica, que se erige como una coalición en contra de la junta.
El día de hoy, además de Hpakant, los manifestantes expresaron apoyo a la coalición en la ciudad de Sagaing.
Dr. Sasa, portavoz de la coalición, anunció que sostuvo un encuentro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para determinar cómo ese país, junto a sus aliados, “podrían trabajar juntos para poner fin al reino de terror”.
“Debemos lograr una verdadera democracia federal para todos en Myanmar, además de paz y estabilidad para la región. El pueblo de Myanmar permanecerá siempre del lado de aliados leales y socios que nos apoyan en nuestra lucha final por la libertad”, se lee en un mensaje a través de las redes sociales.
A medida que los problemas se intensifican en el territorio birmano, la junta militar no consigue el respaldo de la comunidad internacional que se mantiene conmocionada por las imágenes de las fuerzas de seguridad atacando a los ciudadanos.
Tras 100 días en el poder, ningún país ha estado dispuesto a reconocer públicamente a una junta militar como Gobierno legítimo. Por el momento, su mayor logro ha sido la asistencia del general golpista, Min Aung Hlain, a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), donde los socios no le recibieron como líder del país.
Países como Rusia y China, intentan desmarcarse de la violencia ejercida contra los civiles, aunque han evitado que el Consejo General de la ONU -el órgano que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza- actué contra los generales golpistas.
Los militares justificaron el levantamiento por un presunto fraude electoral en el proceso llevado a cabo en noviembre de 2020, poniendo fin a un período democrático en el país establecido una década atrás.
Para llevar a cabo su acción, los militares detuvieron a la líder Aung San Suu Kyi en el movimiento. El 10 de mayo, el tribunal que lleva su caso anunció que comparecerá frente a un juez en persona el 24 de mayo.
La crisis, además de causar un impacto social y político, ha provocado daños en la economía de la nación. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, que cita a agencias de calificación, el PIB de la nación podría caer hasta el 20% por la situación.
De acuerdo con el grupo de monitoreo de la Asociación de Prisioneros Políticos, cuyas cifras son empleadas por la ONU, los enfrentamientos han provocado la muerte de unas 781 personas desde el inicio del golpe, entre ellos 52 niños, y la detención de 3.843 ciudadanos.
Fuentes: France 24, EFE y Reuters.
