Remarcan capacidad operativa de la red narco de Itatí en el juicio de la "causa Sapucay"

Están acusados de ingresar el estupefaciente desde la Republica de Paraguay para luego distribuirla y comercializarla hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. La presunta asociación ilícita poseía una poderosa influencia en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional.

El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, junto al titular de las Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio, y el auxiliar fiscal de la Procunar, Martín Uriona, comenzaron ayer su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del juicio que se lleva adelante a doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí de la provincia de Corrientes. Los miembros de la organización, liderada por el acusado Carlos "Cachito" Bareiro, se encuentran señalados por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

En la audiencia de ayer, realizada a traves de la plataforma virtual Zoom, el fiscal Iglesias sostuvo que "es necesario remarcar que en este macro-proceso, como lo hemos definido a lo largo de este debate, se discuten hechos que datan de los años 2011, 2014 a 2017, que se enmarcan en un contexto de una asociación criminal con permanencia en el tiempo durante lapsos temporales entre cada una de las causas".

A su vez, el fiscal se refirió al proceso de la pesquisa y señaló: “Principalmente se advirtió la capacidad logística que tenía esa organización de abastecer de marihuana proveniente del Paraguay al mercado ilícito de importantes centros urbanos de nuestro país”.

En este mismo sentido la fiscalía -que proyectó el video que acompaña esta edición para narrar la operatoria- presentó durante su alocución placas gráficas para ilustrar datos relativos al avance de la investigación sobre la estructura criminal. “El 14 de marzo de 2017 se materializaron los allanamientos en los cuales se produjo la detención de 26 personas imputadas de ser integrantes de esta organización, a la vez que se incautaron 11 kilos de marihuana; diversas armas de fuego, sin la debida autorización legal; vehículos y otros elementos de interés para la investigación. Este procedimiento fue conocido como el operativo Sapucai”, detalló el representante del MPF.



Tras la conclusión de la primera parte del alegato del Ministerio Público Fiscal, el tribunal convocó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 5 de mayo, en el cual la fiscalía continuará con su disertación.

"Se advirtió la capacidad logística que tenía esa organización de abastecer de marihuana proveniente del Paraguay al mercado ilícito de importantes centros urbanos de nuestro país", señaló el fiscal Iglesias.

CAUSAS CONEXAS

El juicio se centra sobre tres causas unificadas donde se exponen un contexto de 39 causas conexas en el marco de las cuales se incautó (entre 2011 y 2017) un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos.

En este marco, 29 acusadas celebraron con el Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 un acuerdo en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en los que se pactó condena. Los acuerdos se encuentran pendientes de la homologación por parte del tribunal.

En expedientes vinculados ya fueron condenadas veinte personas. Además, hay siete acusados a la espera de la celebración del debate oral ante el mismo tribunal. A su vez, otras diez personas se encuentran imputadas en causas que transitan la etapa de instrucción.

FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

La acusación dio por acreditada que la organización contaba con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales. La fiscalía señaló que la asociación ilícita poseía una poderosa influencia en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y federal. Inclusive en las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura criminal estaba integrada por los acusados Carlos Alberto Bareiro, Alejandro Ramón Gayoso, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Carlos Luis Romero, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, Rubén Ernesto Ferrerya, Carlos Víctor López, Melanio Mareco Vargas, Ezequiel Arnaldo Saucedo, Jorge Eduardo Espinosa y Edgardo Javier Coria, quienes, entre otros, utilizaban la vía fluvial proveniente de la Republica de Paraguay para concretar el tráfico de las sustancias ilícitas. El ingreso al país era instrumentado a través de la ciudad de Itatí de la provincia de Corrientes, para su posterior distribución y comercialización al resto del país, particularmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

El juicio se centra sobre tres causas unificadas donde se exponen un contexto de 39 causas conexas en el marco de las cuales se incautó un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos.

A su vez, la presunta asociación ilícita instrumentaba su accionar con numerosos vehículos de pequeño, mediano y gran porte -algunos de los cuales se encontraban circulando con chapas patente apócrifas-, pequeñas embarcaciones, una gran cantidad de teléfonos celulares, armas de diverso calibre y proyectiles.

Según detalla la acusación, en la primera fase de las operatorias la organización realizaba contactos con los proveedores de la sustancia ilícita desde el Paraguay. A partir de las intervenciones de las comunicaciones telefónicas se pudo determinar que los acusados utilizaban palabras como “dorado” y “surubí”, o frases como “tengo el pescado a 300” para referirse a los cargamentos de material estupefaciente, o bien “lechuga” o “verdes” para referirse a los efectivos de las fuerzas de seguridad.

Luego que se adquiría la sustancia estupefaciente, la organización lo acopiaba en las cercanías de la localidad de Ita Corá, localizada sobre el margen paraguayo del río Paraná a la altura de Itatí, o bien en las múltiples islas presentes en la zona, desde donde era introducido posteriormente mediante embarcaciones a Argentina. En relación a la logística, un agente de Gendarmería señaló en su declaración testimonial durante el juicio que la organización tenía la capacidad de hacer el cruce de Paraguay a Argentina por el río Paraná a la altura de Itatí en tres minutos y medio en lancha, con cargas de 700 kilos de marihuana.

Una vez ingresada al país, la sustancia ilícita era acopiada en cargamentos en distintos puntos de la localidad de Itatí y sus alrededores, en zonas agrestes, oculta entre la vegetación. También se acondicionaba en el interior de domicilios y vehículos puestos a disposición de la banda. Desde allí era trasladada hacia el resto del país.