Desde las 8 horas los jueces Rubén Quiñones, Luciano Lauría y José María Escobar Cuello darán a conocer su veredicto en el juicio oral a ocho represores denominado Caballero/Brigada III por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en la ex Brigada de Investigaciones y U7/Alcaidía.
Desde las 8 h los jueces Rubén Quiñones, Luciano Lauría y José María Escobar Cuello darán a conocer su veredicto en el juicio oral a ocho represores denominado Caballero/Brigada III por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en la ex Brigada de Investigaciones y U7/Alcaidía. La parte acusadora alegó por penas de prisión que van de 10, 15, 18 y 25 años de prisión según la cantidad de hechos y delitos específicos (privación ilegítima, desaparición forzada, tormentos, violación).
“El infierno era disneylandia al lado de la Brigada. Era un aquelarre demencial de sangre y electricidad, una calesita de violencia que nos llevaba por delante en la que hasta las paredes daban la impresión de dolor, por los gritos de los torturados seguramente”; palabras del escritor y ex preso político Miguel Ángel Molfino durante su testimonio en el juicio oral que culminará este viernes 30 y grafican de modo contundente el “objeto procesal” de la causa denominada Caballero/Brigada III, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Desde las 8 h el tribunal que integran los jueces Rubén Quiñones, Luciano Lauría y José María Escobar Cuello dictará la sentencia absolutoria o condenatoria para los 8 imputados de Policía, Ejército, y Servicio Penitenciario. Será en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, si bien como durante todo el juicio oral desde sus inicios el lunes 12, la audiencia se desarrollará en modo remoto por videoconferencia en atención a los protocolos sanitarios vigentes por la emergencia de coronavirus.
La modalidad remota por videoconferencia a raíz de la pandemia y el carácter “recargado” con audiencias de un promedio de 10 testimonios por jornada fueron los rasgos distintivos de este juicio oral, séptimo en su tipo en Chaco. Abarca las denuncias de 33 sobrevivientes bajo prisión por razones políticas entre 1974 y 1979, en el marco de operativos de represión ilegal por fuerzas conjuntas - Ejército y la Policía del Chaco-, cuyas víctimas luego sufrieron todo tipo de tormentos en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, ( en su sede por calle Juan B Justo y luego en la actual Casa por la Memoria, en Marcelo T. de Alvear 32) ; el centro neurálgico del terrorismo de Estado en el NEA, así como también en la prisión U7 y en la Alcaidía.
Además, se juzgan cuatro casos de desapariciones forzadas de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fueron vistos por última vez en la Brigada y un caso de violación entendido como crimen de lesa humanidad autónomo.
En su última jornada, el martes 20, la parte acusadora alegó por penas de prisión que van de 10, 15, 18 y 25 años de prisión según la cantidad de hechos y delitos específicos (privación ilegítima, desaparición forzada, tormentos, violación). La defensa del Ministerio Público y particular alegaron en favor de la nulidad del proceso y absolución de la totalidad de los encausados.
TESTIMONIOS DEL HORROR
La totalidad de los testimonios coinciden en detenciones por policías de civil o uniformados, pero sin orden judicial, paso por la Brigada de Investigaciones, torturas y privación de las condiciones más elementales como alimento, higiene, etc. Al momento de denunciar lo ocurrido las víctimas se topaban con la figura del secretario de juzgado federal Roberto Mazzoni que se negaba a tomar declaraciones y formaba parte del dispositivo de represión. Los imputados Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, José Marín y Luis Patetta fueron retratados como los represores de “mayor protagonismo” al momento de desplegar una crueldad sin límites y una pasmosa ineptitud en los “interrogatorios”.
El primer testigo de la causa (en modo presencial, el martes 13 de abril) fue Armando “Manín” Benítez, contó que fue torturado con picana eléctrica en la Brigada de Investigaciones, en su sede por calle Juan B. Justo y también en un descampado en las afueras de la ciudad, donde sufrió simulacro de fusilamiento.
También recordó haber visto el patio de Investigaciones poblado de detenidos, algunos sentados y otros parados. “Yo había sido demorado dos veces por hacer pintadas y pegatinas por policías de Investigaciones. De esa época ya lo conocía a Manader y Cardozo, famosos por meter mano” afirmó.
Juan Manuel Gonzáles fue detenido y recibió tortura por corriente eléctrica, golpes secos, en distintas partes del cuerpo. Pudo reconocer entre sus torturados a Ricardo Yedro, vecino de su cuadra, ya fallecido. Consultado por el abogado Duilio Ramírez comentó que Rodríguez Valiente era uno de los que “tenía la voz de mando”.
Eugenio “Yango” Dominguez Silva estuvo detenido durante “3 años 6 meses y 11 días”. Fue condenado con 17 años, y sufrió “Mucha violencia, mucha tortura, tengo una rotura de tabique nasal. Hasta hoy en día tengo secuelas”. Nombró a los imputados en el juicio, recordó que hacían sonar un acordeón para tapar los alaridos de los torturados.
Ramón Hanríquez fue secuestrado con varios de sus hermanos y hermanas en el interior de Chaco, en su Campo Largo natal. Su testimonio graficó el maltrato como norma en la Alcaidía, sin razón, sin motivo, en un ejercicio institucionalizado de sadismo para la destrucción física y mental de los detenidos. “Y siempre Álvarez encabezando este tipo de acciones. Así era con todos los detenidos, no tenía perdón para nadie”.
Susana Diez de los Ríos fue detenida con 18 años, en su declaración describió el hostigamiento psicológico en una atmósfera saturada los gritos de los torturados. “Te estás muriendo y no te das cuenta” le dijo el médico que la atendió luego de constatar un cuadro de desnutrición, sarna y escasísimos niveles de glóbulos rojos en sangre, con una hija recién nacida también en un estado grave al punto que debió ser reanimada.
Silvia Robles estuvo en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía. Me decían “sabemos todo de vos, subversiva de mierda, vas a ir a parar a la parrilla ( una cama en la que se tortura con electricidad y te vamos a tirar al sótano”. Comentó que Manader tenía preeminencia sobre los demás integrantes de la “patota de Investigaciones”. Refirió haber escuchado delitos de violencia sexual por parte de sobrevivientes del cautiverio clandestino.
Gerardo Delgado, secuestrado con 20 años en la Brigada, señaló al respecto; “Era una tortura permanente, golpes, picana, en todo el cuerpo, y amenazas con traer nuestras familias. Lo más triste era escuchar que se reían por el dolor que uno sentía. Y preguntaban cosas que ni sabíamos, y por personas que nunca había visto”. Aseguró identificar a sus torturadores en el grupo de acusados; “Los veo y sé quiénes son porque a pesar del tiempo transcurrido de esas voces no me voy a olvidar nunca, ojalá pudiera”.
En el cuarto día de audiencia, el 15 de abril, Juan Pablo Valenzuela, Lila Pastoriza, Juan Lenscak, Rafael Coronel y Crisanto Rispodas, confirmaron la presencia del matrimonio Enzo Lauroni y Mónica Almirón, José Oviedo y Abel Arce en los calabozos de la Brigada de Investigaciones. Se trata de cuatro militantes del PRT desaparecidos en los últimos meses de 1977. Elbia Arce, hermana de Abel, y la hija de Oviedo, María del Carmen, brindaron cada una emotivos testimonios de lo que significó la pérdida de algo tan elemental como el derecho al duelo y un sepulcro para sus seres queridos.
“Les pido compasión a las personas imputadas, aún estamos buscando a nuestros familiares…” afirmó durante su testimonio Patricia Almirón, en un intento de resquebrajar el silencio de genocidas cuando se trata de brindar algún tipo de información sobre el destino final de desaparecidos.
El único testigo presencial de ese día fue Carlos Dante Peinó, que aportó datos en relación con la imputación a Pablo César Cásco, jefe de la guardia más pesada y sádica en la cárcel U7, ya condenado en un juicio anterior y recordado como el “entregador” de los presos políticos que fueron sacados del citado penal y masacrados en cercanías de Margarita Belén un 13 de diciembre de 1976. Peinó detalló el verdugueo constante de Casco, con castigos a la orden del día por motivos mínimos. El testigo contó como el mismo Casco se lo reconoció; “Ustedes van salir quebrados de acá, si no se los destruye físicamente se los destruye mentalmente” me dijo una vez”.
Oscar Varela describió el régimen de destrucción física digitado por César Pablo Casco en la Alcaidía, con palizas por cualquier motivo, y limitación de alimentos al punto de que varios internos perdieron peso y vieron muy desmejorada su salud. Manuel Roque Benítez confirmó lo declarado por Armando Benítez en el primer día de testimoniales en la causa; “Él estaba en la celda contigua a la mía y yo escuchaba el castigo al que lo sometían”.
En el día quinto de audiencia el viernes 16 Osvaldo Uferer relató cómo fue torturado por Manader y Héctor Sotelo y cómo escuchó que estos dos genocidas además participaron en la tortura a una detenida y a su bebe de siete meses. El también ex detenido político Juan Carlos Goya coincidió; “El oficial Casco participaba no solamente en la persecución de los presos políticos sino también en la diagramación de la represión. Lo vieron retirando a un compañero que apareció muerto en Misiones”.
Ese viernes 16 se tomó declaración sin público, para la preservación y no re victimización, a una ex detenida que reside en el exterior y denunció ante el tribunal y partes las violaciones y vejámenes que sufrió en la Brigada. La sobreviviente señaló como autores del crimen a los imputados Gabino Manader, y Rodríguez Valiente. También fueron incorporados al juicio oral una serie de trabajos realizados por dos especialistas en violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, la abogada Susana Chiarotti y la Lic. María Cristina Zurutuza, con un vasto trabajo con víctimas en varios procesos judiciales, que aportaron su experiencia para dimensionar la mecánica sistemática de este tipo específico de violencia.
IMPUTADOS Y PEDIDOS DE PENA
A continuación, el listado de los pedidos de pena de las partes acusadoras; la querella de la Secretaría de DDHH y Género, de la provincia de Chaco, y su par de Nación, representadas por los abogados Duilio Ramírez y Manuel Brest respectivamente, y los fiscales Diego Vigay y Carlos Amad.
César Pablo Casco (Servicio Penitenciario de U7): 10 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima por un hecho.
Jorge Ibarra (Policía de Brigada de Investigaciones): 20 años de prisión por desaparición forzada en 4 hechos y privación ilegítima (1 hecho) y tormentos (1 hecho).
Francisco Álvarez (Servicio Penitenciario de Alcaidía) 18 años de prisión por tormentos en 8 hechos (y la absolución en 4 hechos de desaparición forzada)
Gabino Manader (Policía de Brigada de Investigaciones) 25 años de prisión por tormentos (4 hechos), por privación ilegítima de la libertad (10 hechos), por violación (1 hecho) y por desaparición forzada (4 hechos)
José Rodríguez Valiente (Policía de Brigada de Investigaciones) : 25 años de prisión por tormentos (5 hechos), por privación ilegítima de la libertad ( 5 hechos), por violación (1 hecho) y por desaparición forzada (4 hechos)
Luis Alberto Patetta (Ejército) 15 años de prisión por tormentos y privación ilegítima de libertad (2 hechos) y violación de domicilio (1hecho)
José Tadeo Bettolli (Ejército) 15 años de prisión por tormentos y privación ilegítima de libertad (2 hechos), y 3 hechos de privación ilegítima de libertad.
José Marín (Policía de Brigada de Investigaciones) 25 años de prisión por tormentos y desaparición forzada en 4 hechos y tormentos (1 hecho).
En todos los casos la pena solicitada tuvo en cuenta que al momento de la comisión de los hechos el máximo de pena temporal para la pena privativa de libertad en el concurso de delitos era de 25 años (aplic. Ley más benigna).
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Desde la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, los organismos de DDHH integrantes del espacio manifestaron; “Los juicios por crímenes de lesa humanidad como Caballero Brigada III son el resultado de una búsqueda colectiva a partir de la organización y movilización de los más variados sectores populares, gremiales y políticos de Chaco.
La Justicia debe confirmar aquello que para la sociedad ya es una verdad irrefutable desde hace más de 45 años: durante los años setenta en existió un plan sistemático de extermino de las organizaciones políticas enfrentadas al modelo de país de la dictadura y sus socios del poder económico. Tal como lo explica el sociólogo Daniel Feierstein, ese plan fue el terrorismo de Estado, organizado en la clandestinidad para lograr “la transformación de las relaciones sociales en nuestro país. Transformación cuyo objetivo fue instalar en el conjunto de nuestra sociedad la desconfianza hacia el otro, la ruptura de relaciones basadas en la solidaridad y en la responsabilidad…”. Desde esta perspectiva decimos que, si bien los genocidas son juzgados por un tribunal, toda la sociedad los condena.Por todo esto es que, a más de 4 décadas del horror, por la democracia y por el futuro de nuestro país exigimos y reclamamos juicio y castigo y cárcel común a todos los genocidas y sus cómplices”.
