Expusieron en Dputados la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y los ministros Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta quienes defendieron en las comisiones de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y afirmaron que contribuirá a disminuir la mortalidad materna e incluso el aborto.
"Ha fracasado la política de penalización del aborto, de amenazar a la mujer con la cárcel frente a la decisión de interrumpir su embarazo", aseguró Ibarra, una de las redactoras del proyecto enviado por el Gobierno, al tiempo que señaló que "lo que surgió fue un mundo clandestino de miles de abortos".
"En los países donde se ha legalizado, como Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos. Nadie quiere promover el aborto, queremos disminuirlos. Ninguna mujer está esperando que se apruebe esta ley para embarazarse y abortar. Los embarazos no intencionales nos suceden", remarcó.
Sobre los detalles del proyecto, Ibarra señaló que "hasta la semana 14 se trata de una interrupción del embarazo segura, a través de métodos recomendados por la OMS, medicamentoso".
Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, señaló que "el aborto como problema de salud pública es serio" y aseguró que con la legalización "se elimina una causa de muerte, esto ha sucedido en todo el mundo hace 50 años. Uruguay no tuvo ninguna muerte por esta causa" desde que legalizó la IVE.
García puso de relieve que actualmente hay "1.100 o 1.200 abortos e internaciones en hospitales" diariamente debido al carácter clandestino de esta práctica. Los egresos hospitalarios por abortos solo en el sector público de los que hay registro" hasta 2017 están en el orden de los 44 mil, pero "están descendiendo y eso es por el uso del misoprostol".
A su turno, Gómez Alcorta detalló algunas de las sanciones que se introducen al Código Penal. "Se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas", referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.
DIPUTADAS CELESTES
En la primera jornada, las diputadas celeste Carmen Polledo (PRO) y Marcela Campagnoli (CC) se manifestaron a favor de la despenalización del aborto, aunque no así de su legalización. Pese a no haber presentado ninguna iniciativa en ese sentido, ambas legisladoras consideraron que aclarar que están a favor de no perseguir penalmente a la mujer que decide interrumpir un embarazo podía ser un gesto de acercamiento y diálogo con el sector celeste, en el marco de un debate que supo ser álgido, pasional y de divisiones muy marcadas.
PADRE PEPE
A su turno, el cura villero José María Di Paola, más conocido como el Padre Pepe participó de la jornada, manifestó "sorpresa e indignación" por el apuro del Ejecutivo y pidió que el Presidente diga "a quien le prometió" presentar el proyecto. "Al pueblo seguramente no. Al pueblo de la villa menos. Al de las provincias tampoco". Asimismo, cuestionó la "hipocresía" de plantear que el aborto es una necesidad de los pobres y consideró que el aborto es "una flagrante violación a los derechos humanos".
"Como curas villeros estamos todavía trabajando duro en este tiempo de pandemia; pese al arduo trabajo muchos vemos con tristeza que el número de muertos haya llegado a los casi 40.000", lamentó. "En medio de esta dolorosa situación con sorpresa e indignación vemos también el apuro del Poder Ejecutivo por sancionar rápidamente la ley del aborto", advirtió el padre "Pepe".
