Corrientes, miercoles 02 de diciembre de 2020

Sociedad Corrientes
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Ubican a Corrientes entre distritos que no permiten uso de teléfonos y videollamadas de presos con sus familiares

19-11-2020
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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) dio a conocer que existen cinco provincias, entre ellas Corrientes que no cumplen la recomendación de autorizar la utilización de teléfonos celulares y el método de videollamada en las cárceles como medida de compensación a las restricciones de contacto entre presos y familiares por la pandemia. Por ello, hizo un nuevo llamado a estas jurisdicciones para que acaten la recomendación y también requirió a las provincias que cumplen la recomendación que no instrumenten limitaciones al derecho en cuestión.

A raíz del dictado del Decreto del Gobierno Nacional que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por Covid-19, en su momento desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), se elaboró una serie de lineamientos generales para la adopción de medidas en los lugares de detención entre los cuales se recomendó "promover mecanismos de compensación para las restricciones de contacto con el mundo exterior".

A su vez, se emitió una recomendación por la se llamó a las autoridades del sistema penitenciario federal y de todas la jurisdicciones provinciales a la adopción, diseño e implementación, en consulta y con la participación de los mecanismos locales de prevención de la tortura, de protocolos que autoricen la utilización de teléfonos celulares y el método de videollamada, junto con otras medidas de compensación, al menos mientras duraban las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, el Comité Nacional advirtió que transcurridos medio año desde las recomendaciones efectuadas todavía hay jurisdicciones en las cuales no se ha autorizado la utilización de teléfonos celulares ni se han arbitrado otras formas de comunicación o compensación de las paulatinas restricciones por la emergencia sanitaria.

Asimismo, se indicó que si bien se habilitó el uso de celulares en algunos establecimientos, se evidencian problemas en la implementación y acceso a las comunicaciones entre las personas privadas de la libertad y sus familiares y allegados, en ocasiones también por la falta de conectividad o de calidad del servicio de internet.

Así lo hizo saber el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en un escrito enviado a distintas instituciones del país, entre ellas al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la que reitera la adopción de medidas en unidades penitenciarias y en centros de responsabilidad penal juvenil, para asegurar las comunicaciones entre las personas privadas de la libertad y sus familiares, las que se vieron afectadas a raíz de las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19.

Según detalla el Comité Nacional, la implementación y adopción de uso de celulares y método de videollamada se concreta en Chaco, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Jujuy, Mendoza, La Pampa. Salta, Tierra del Fuego, Catamarca y San Juan.

Se remarca que existen jurisdicciones donde no está garantizada la comunicación de los presos con sus familias, como Santa Fe y Córdoba, que no permitieron directamente el uso de celulares en las cárceles, al igual que San Luis, Corrientes y Santiago del Estero y el servicio Penitenciario Federal.

Agrega el informe que en algunos casos se estableció la habilitación del uso de celulares por resoluciones judiciales, como el caso de Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Chubut y Mendoza.

Sobre Corrientes se menciona que se permitió el derecho de comunicación vía celular a un sólo detenido mediante una resolución judicial.

Se trata del caso de un juzgado de la localidad de Ituzaingó que permitió a un detenido comunicarse vía celular con su familia mientras se extienda la cuarentena.

El dispositivo móvil queda registrado a nombre de la persona que solicitó su utilización y las llamadas sólo se realizan en los recintos acondicionados para la comunicación, resguardando su privacidad de las mismas.

En función de lo relevado a nivel país, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) hizo un nuevo llamado y recomendó a las autoridades de las provincias donde no se autorizó uso de teléfonos celulares y videollamadas, entre ellas Corrientes, a implementar protocolos que autoricen la utilización de esta vía de comunicación de los presos con sus familias, (garantizando la conectividad a internet) en todas las unidades dependientes de los servicios penitenciarios, así como en aquellas instituciones que albergan niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal, como medida de compensación al menos mientras duren las restricciones en el marco de la emergencia por la pandemia.

En tanto, a las autoridades de las provincias que sí autorizaron la utilización de teléfonos celulares y el método de videollamadas, se les requirió que se implementen medidas para garantizar al acceso efectivo a las comunicaciones, en tiempo y forma.

Se explicó que en estas provincias los criterios para la utilización no son homogéneos y presentan matices, como ser lugares y horarios permitidos para el uso de celulares, así como el tiempo otorgado por preso para las comunicaciones. Todas las provincias establecieron controles como ser que quede registrado el imei, marca, número de chip, propietario del aparato celular y de la línea.

Al respecto, el Comité entiende que las autoridades penitenciarias adopten medidas de control para la utilización de los teléfonos, siempre que respondan exclusivamente al legítimo objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las personas dentro del establecimiento y dichas restricciones sean proporcionales y no desvirtúen el goce del derecho en cuestión.