El fiscal de Instrucción de Santo Tomé, Facundo Cabral, inició una investigación penal a pedido de la jueza Marina Durand tras denuncias de vecinos por un visible desmonte e intentos de usurpación de tierras en una reserva natural sobre la costa del Río Uruguay con apoyo de funcionarios públicos.
El fiscal de instrucción de Santo Tomé, Facundo Cabral, inició una investigación penal con posibles imputaciones contra particulares y funcionarios públicos tras la constatación de un desmonte y una avanzada usurpación en tierras de una reserva natural sobre la costa del Río Uruguay.
La fiscal de Instrucción de Santo Tomé habría actuado luego de que se señalara a tres profesionales de distintas rubros y efectivo perteneciente a fuerzas de seguridad habrían destruido cientros de metros cuadrados de bosque nativo Santo Tomé para abrir un camino en tras denuncias de desmonte
La orden de la investigación ha sido solicitada por la jueza Marina Durand a raíz de una denuncia formal presentada ante el foro por el intendente Mariano Garay, contra una “asociación ilícita", que, en principio, agruparía a 16 personas, entre las cuales se encuentran funcionarios municipales.
Según se señala desde la localidad, estas situaciones han sido alertadas por el concejal Eduardo Etchegaray, quien ya en 2018 habría instado al Ejecutivo municipal a resolver sobre tomas de tierras y cierres de paso en esa costa del Río Uruguay.
En informes anteriores a la investigación en curso, según se señala, ya se ha dado cuenta de tomas en áreas de reserva en zonas costeras que habrían sido, hasta el momento, sólo por campamentos temporales para el paso de mallón, práctica habitual para pescadores artesanales que hallan sustento en el río.
Pero esta vez, muy por el contrario, de acuerdo a la Justicia se trataría de la instalación de infraestructura precaria para la práctica de pesca, nado, visitas de aventura e infraestructura balnearia, con torres de madera, puentes colgantes y pasarelas aéreas con vista al río, que habría ocasionado un grave daño en áreas de reserva.
Según las primeras declaraciones emanadas por la oficina judicial a cargo de la pesquisa, se trata de unos "vivos", entre los cuales han sido identificados, y que serán imputados por “asociación ilícita, usurpación y daño”.
