Dos petitorios en contra del desplazamiento de los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner ya juntaron más de 240 mil firmas en la plataforma change.org.
Ambas iniciativas buscan que la Corte Suprema intervenga para mantener en sus puestos a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La primera de ellas lleva acumuladas 172.322 firmas, mientras que la segunda suma otras 70.058 adhesiones.
“Señores Ministros de la Corte, tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que ustedes actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente”, advierte una de las solicitadas.
Entre sus argumentos sostienen que la Cámara de Senadores de la Nación y el Consejo de la Magistratura, “ambos con mayorías K", “han articulado una maniobra para desplazar” a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a Castelli, del Tribunal Oral Federal N° 7 de Comodoro Py.
Se refieren al argumento que utilizó el kirchnerismo para avanzar con la remoción –amparado en la Acordada 3 de la Corte–, por el cual los pliegos de los magistrados no habían pasado por el Senado. “Pero omiten intencionalmente tomar en cuenta a la Acordada 7, que establece que en el caso de traslado de Jueces Federales Nacionales la cuestión resulta ‘diametralmente diferente’ a lo dictaminado en la Acordada 4”, justifican.
En efecto, los magistrados presentaron amparos para que se declare inconstitucional el proceso para revisar sus traslados. Señalaron que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían pasar por el Senado de la Nación y que la única manera de desplazarlos de sus cargos es con un fallo judicial.
En ese sentido insisten en que la Cámara alta ya aprobó previamente las designaciones de los tres magistrados para actuar como jueces federales. “De más está decir que el proceder del actual Consejo de la Magistratura y del Senado es claramente anticonstitucional, ya que vulnera el principio de estabilidad de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional”.
La expulsión de Bruglia, Bertuzzi y Castelli de los cargos que ocupaban en la Justicia Federal Penal, aquella ante la cual se tramitan las causas de corrupción, forma parte de “maniobras ilegales por anticonstitucionales en las que está involucrado todo el arco militante del kirchnerismo y el justicialismo en el Senado y en el Consejo de la Magistratura”, denuncian.
En las peticiones destinadas a que Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco impidan los desplazamientos de los jueces, advierten que el objetivo de fondo del oficialismo es “la impunidad de Cristina y sus funcionarios, porque ante la abrumadora cantidad de pruebas en estas causas, no tienen ninguna línea de defensa fundada. No tendrían argumentos para defenderse si las causas avanzan”.
Respecto del pedido de per saltum que realizaron los tres magistrados al máximo tribunal, expresaron que los ministros de la Corte “tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente; si fallan de acuerdo a derecho, será la gente quien defenderá sus investiduras, de ser necesario. Si por el contrario le dan la espalda a la gente, ustedes también quedarán a merced de este Gobierno que, paso a paso, avasalla la República y a quienes se les opongan".
