Según pudo conocer momarandu.com, el proyecto de ley toma en cuenta una propuesta presentada por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, con el objetivo de generar mayor acompañamiento, por parte del Estado, en la búsqueda de soluciones concretas al, por ejemplo, ingreso de personas a los establecimientos rurales sin permiso, al robo de hacienda, a los incendios intencionales, a las roturas de tejidos y a la caza furtiva de animales, entre otros ilícitos.
Por ello, se propone la creación de un Consejo de Seguridad Rural, promocionando un espacio interinstitucional donde estén representados todos los sectores públicos y privados de la provincia, constituidos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, municipios, y las entidades rurales para la prevención de todas las acciones ilegales.
El papel que tendría el Consejo de Seguridad Rural propuesto se considera fundamental para poder generar soluciones regionales a las temáticas planteadas, elegir prioridades y trabajar sobre ellas, dar soluciones rápidas a problemas complejos, y realizar un trabajo mancomunado, generando un canal de diálogo que pueda dar respuesta a los productores.
El órgano coordinador designado sería el encargado de velar por el cumplimiento de la presente ley, y para dicho cometido, debería poner a disposición recursos edilicios, materiales y humanos para el funcionamiento del consejo como también los equipos de trabajos específicos que puedan constituirse en el marco de esta ley.
El funcionamiento del Consejo de Seguridad establecería su propio modo de funcionamiento, determinando formas y agendas de trabajo, días y horarios de reunión, periodicidad, mecanismos para la toma de decisión, modo de participación especial, constitución de mesa técnica de trabajo, entre otros.
Según se destaca en el proyecto, son varias las provincias en donde se ha constituido un Consejo de Seguridad Rural con similares características, donde uno de los puntos claves fue la creación de un Sistema Digital Georeferencial con el objetivo de establecer un mapa de delito rural, que cuente con la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, relacionarlos, generar información, y presentarla de manera gráfica (en tableros de control), de manera que el personal especializado en criminalística pueda (en base al uso de esta herramienta) orientar mejor el trabajo de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito rural, quedando su funcionalidad a cargo del órgano coordinador competente.
Los autores de la iniciativa, los diputados Horacio Pozo, Pedro Cassani, Lucía Centurión y María Pérez Duarte, resaltan que se hace necesario el diseño de estrategias de política pública basadas en análisis confiables, pertinentes y oportunos sobre el panorama de la ruralidad y sus problemáticas.
De ser aprobado, el Consejo de Seguridad Rural estaría integrado por el Ministerio de Seguridad; Ministerio de la Producción; Ministerio de Gobierno; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Poder Legislativo; fiscales rurales y ambientales; entidades rurales representativas del sector y podrían ser invitados a participar de las sesiones del consejo, los representantes de las jefaturas de policía de seguridad departamentales y los intendentes municipales.
