Foto: Veredas peatonales en Cataluña.
La crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus ha dejado al Estado español con más de 500 rebrotes y una lógica anti gratuidad en una salud pública cada vez más lejos del sentido común, reporta desde España la periodista trans Edurne para momarandu.com. "Los gobernantes no se guían por el sentido común sino por el beneficio de las empresas", señala.
En contacto con momarandu.com, la periodista transfeminista Edurne de la Heine.org llevó a cabo un resumen sintético de a qué se llama "la nueva normalidad" en el estado europeo.
Al día de hoy, en España, con más de 327 mil personas que han sido contagiadas de coronavirus entre las cuales se han registrado 28.581 muertes, se registran los peores indicadores epidemiológicos y la tasa de contagios más elevada del viejo continente.
Con cifras ya distantes de los 24 en Francia, 17 en Reino Unido, 13 en Alemania y 8 en Italia, donde la pandemia se detectó mucho antes, de acuerdo a los expertos, la tasa de contagios en España la ubica primera en Europa Occidental y decimoprimera a nivel mundial en los registros acumulados más graves de Covid-19.
Las críticas recaen sobre la estrategia sanitaria española que había sido mantener uno de los cierres de frontera y confinamientos más rígidos de Europa, pero que finalmente, al llegar la segunda semana de julio, no habrían servido para que la población española "normalice" el fenómeno en su extensión a escala mundial.
Precisamente, luego de que hasta el 21 de junio pasado se registrara una tasa de 8 casos por cada 100.000 habitantes con solo 238 casos diarios de Covid-19, la tasa se disparó a 95 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
Para los especialistas más críticos, esto es indicio de que el cierre prolongado de fronteras no ha servido para preparar a los españoles para enfrentar la pandemia.
Sin embargo, a ello, ahora también se agrega que la salud pública ha decidido recurrir a una lógica “privatista” y “anti gratuidad”.
Esta semana, luego de que se confirmaran más de 500 rebrotes de coronavirus, comienzan a elevarse críticas hacia numerosos gobernantes por no haber generado con la fuerza de la ley condiciones para que el sistema privado de salud no avance sobre una población ya deprimida económicamente.
Se critica a los funcionarios públicos que, a entender de muchas personas, han abandonado desde sus propios puestos de trabajo los fines que persigue la salud pública para solo observar cómo los costos de la industria médica y farmacológica privada impactan de lleno sobre los ciudadanos españoles a través de sus propias órdenes de control sanitario.
"Los gobernantes no se guían por el sentido común sino por el beneficio de las empresas", expresa la periodista.
LA CRISIS NO REFORZÓ EL SISTEMA PÚBLICO GRATUITO
Edurne subraya que tras "el final del estado de alarma a mediados de junio", España asiste a un "nuevo rebrote a lo largo y ancho de todo el estado".
También destaca que para entender al sistema de salud español es necesario saber que España "no son los mismos".
"Hay que recordar que el sistema sanitario depende de las autonomías y no del gobierno central; tienen cada uno sus características y funcionamiento distintos, con lo cual no es lo mismo enfermarse Madrid que en Navarra o en Andalucía", señala.
Aún así Edurne indica que en todos ellos es un factor común que las "salidas" para los ciudadanos a la necesidad generada a través de la sanidad pública por la pandemia de coronavirus se han visto asediadas por empresas privadas.
"En común a todos -los sistemas sanitarios- es que ninguno se ha planteado poner fin a la participación de empresas privadas en la sanidad pública ni a las leyes que hacen posible que la salida se convierta en el negocio de empresas capitalistas sin escrúpulos", señala a momarandu.com la periodista de Heine.org en contacto desde España.
"Si al principio a la pandemia vimos cómo millones de ciudadanos aplaudían a los empleados sanidad pública y el sentido común apuntaba a que, como consecuencia de esta crisis sanitaria, habría que reforzar sistemas de sanidad públicos gratuitos y de calidad, hoy vemos que los gobernantes, tanto del gobierno central como de las autonomías, no se guían por ese sentido común sino por los beneficios de las empresas", remarca.
RECARGO AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Edurne explica que aún así se señala que si bien los servicios sanidad en España "no están colapsados" algunos “podrían volver a colapsar".
"Si bien los servicios sanidad no están colapsados como al principio de la pandemia, algunos de ellos podrían volver a colapsar de seguir surgiendo nuevos rebrotes", afirma.
"En todos los casos los servicios quedan desde la sanidad pública se han visto afectados por la situación haciendo más largas listas de espera o dejando muchas cosas en segundo plano", agrega.
"Hay casos, además, de que claman al cielo como el de Madrid con una falta absoluta de rastreadores para seguir la propagación de nuevos rebrotes", precisa.
En este lugar "la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso destina un millón de euros de dinero público a la presencia de curas en los hospitales: un cura por cada cien camas mientras que a lo que a rastreadores se refiere tienen menos de uno por cada treinta mil habitantes", observa.
MUCHAS EMPRESAS NO HAN PODIDO VOLVER A TRABAJAR
Edurne también indica que, tras meses de cierre y confinamiento, aunque en gran medida España ya haya liberado la actividad comercial, muchas empresas no han podido volver a abrir.
Además de ello, Edurne asegura que los trabajadores españoles ahora se encuentran ante un escenario laboral nuevo basado en regulaciones nuevas con menos derechos y menos poder adquisitivo.
"Muchas de las autonomías han impuesto la mascarilla obligatoria en espacios públicos al aire libre mientras parte del comercio, la hotelería, la industria, ha vuelto a funcionar, pero en base al criterio seguido por los gobiernos centrales y autonómicos”, señala.
“Esta nueva normalidad se ha guiado más por criterios económicos y presiones empresariales que por criterios sanitarios", subraya.
Al margen de ello, "muchas empresas no han podido volver a abrir por no haber podido hacer frente a los gastos durante todos los meses de confinamiento”, agrega.
“Al principio de la pandemia el gobierno dijo que no dejaría a nadie atrás pero esas palabras una vez más se han convertido en papel mojado", expresa.
"Mucha gente continúa aún en expedientes de regulación temporal de empleo y se les viene nuevas regulaciones de empleo donde se va a dejar a la clase trabajadora aún con menos derechos y menos poder adquisitivo", afirma.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística español, la tasa de desempleo en España subió en el segundo trimestre casi un punto hasta el 15,3%, aunque la cifra no refleja del todo el impacto de la pandemia.
El organismo calcula que la tasa de desempleo creció del 14,4% en el primer trimestre al 15,3% en el segundo, con casi 3,4 millones de desempleados, 55.000 más que en el periodo anterior, la cifra, sin embargo, subestima el impacto del COVID-19 en el mercado laboral español, que pierde 1,07 millones de personas ocupadas entre abril y junio, reconoce el INE.
El confinamiento y el cierre de empresas ha "impedido" a estas personas buscar un nuevo empleo en los últimos meses por lo que no cumplen los requisitos formales para ser clasificados como desempleados, explica.
La tasa de desempleo no incluye a este numeroso grupo ni tampoco a los millones de trabajadores incluidos en los planes de suspensión temporal de empleo habilitados por el gobierno español para evitar despidos masivos en las empresas afectadas por el confinamiento.
