La mayoría kirchnerista del Senado convirtió en ley la moratoria fiscal y previsional cuestionada por la oposición que la votó a favor en general, pero rechazó los artículos que benefician con el perdón fiscal al empresario Cristóbal López.
El proyecto no solo propicia un perdón impositivo amplio para personas y empresas afectadas por la pandemia: incluye -y aquí radica lo polémico- una serie de beneficios fiscales y penales a empresarios endeudados con la AFIP con causas judiciales pendientes. L a oposición apunta a los "amigos" del kirchnerismo.
Se trata de la segunda amnistía del presidente Alberto Fernández para quienes no pagan impuestos ni aportes laborales. La primera fue incluida en la ley de emergencia económica aprobada en diciembre último.
El proyecto dispone la creación de planes de pagos de deudas fiscales al 31 de julio de 96 a 120 cuotas y de planes para deudas con la seguridad social de 48 a 60 cuotas. Esos planes pagarán una tasa de interés del 2% mensual hasta enero de 2021 y después una tasa variable en pesos.
La oposición denunció que la nueva moratoria, que ingresó la semana pasada en la Cámara baja, "es un traje a medida" al empresario kirchnerista Cristóbal López, el zar del juego y propietario, junto a Fabián de Sousa , de la petrolera Oil Combustibles , hoy en quiebra y con una deuda multimillonaria.
El foco del conflicto radica en tres artículos del proyecto. Hasta ahora, las moratorias excluían las deudas por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) como también por el impuesto específico por la realización de apuestas. El nuevo artículo 8 del texto anula esa exclusión, por lo que aquellas empresas que acumulen una deuda con la AFIP por esas contribuciones podrán saldarla en cuotas.
De allí que la oposición apunte a Cristóbal López: de aprobarse la ley, el empresario podrá regularizar las deudas acumuladas por Oil Combustibles, firma que fue denunciada por el extitular de la AFIP Alberto Abad por no haberle remitido al organismo lo que recaudó en concepto de ITC durante la gestión de Cristina Kirchner. Se estima que la deuda de la petrolera con el Estado podría alcanzar los $11.800 millones.
Las grandes empresas que adhieran no podrán distribuir dividendos por dos años, operar en el mercado cambiario con acciones y, en caso de tener activos externos, tendrán que repatriarlos en un 30%. Se empieza a pagar en noviembre.
Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la deuda total de los contribuyentes con el fisco aumentó desde noviembre un 90% y alcanza los 7 mil millones de dólares.
En otro orden el Senado convirtió en ley las ampliaciones al presupuesto de 2019 dispuestas por decreto por el Ejecutivo. El de 2020 nunca fue aprobado. La ampliación de partidas alcanzó 1,8 billones de pesos.
El ejercicio fiscal de este año tendrá un déficit 42 mil millones de dólares. Para medir su magnitud, el senador y ex ministro de Economía Martín Lousteau señaló que la reestructuración total de la deuda pública en curso es por 66 mil millones de dólares
