Erika Maura, madre de José Candia, asesinado en abril pasado durante un operativo dentro del Penal N°1, constituyó este jueves una querella ante el Ministerio Público Fiscal que investiga los hechos y reclamó al foro que atiende la causa un cambio de carátulas de "homicidio en ocasión de motín" a "homicidio calificado" debido a que, según señala, ya se ha probado que el crimen fue cometido por las fuerzas de seguridad.
"Las pruebas de que en realidad hubo un actuar ilegítimo por parte de la fuerza son claros, por lo tanto, sostener la idea de que fue un homicidio en ocasión de motín, a esta altura de la investigación se vuelve insostenible", dijo hoy frente al Tribunal que lleva la causa la abogada querellante de Erika Maura, madre de José Candia, Andrea Quincose Vilalta.
"Todavía no se ha individualizado a los posibles autores de los disparos, eso está pendiente de producción. Hay informes que han sido requeridos a los jefes de los distintos grupos especiales, del Grupo ETOP, del Grupo PAR, y ellos tienen que remitir estos a la brevedad. Lo cierto es que el disparo que "Kevin" -José Candia- recibe, viene de algún miembro de la fuerza", precisó.
Quincose Vilalta también dijo que el cambio de carátula "se puede dar" antes de que inicien las audiencias. "Es una solicitud que nosotros hacemos al presentar la querella, pero, por supuesto, va a estar pendiente la decisión judicial", sostuvo. "Falta mucho todavía por avanzar", remarcó.
Quincose Vilalta dijo que la parte acusadora no se halla conforme con que sólo se haya "marcado una línea de investigación". "Creemos que se debe continuar. Hay que seguir solicitando informes", sostuvo. Quincose Vilalta anticipó que, una vez que las solicitudes entregadas "sean respondidas", la querella solicitará "nuevas medidas de prueba" para esclarecer los hechos.
A esta altura de la investigación, "podríamos decir que hay indicios suficientes para decir que no fue una reyerta entre internos, que no hubo un montín, y que no se dieron las circunstancias, digámoslo así, fácticas, que habilitarían el uso de armas de fuego dentro de un contexto de encierro, como es la cárcel, y mucho menos el uso de munición letal con balas de plomo que fueron justamente las que se encontraron en el cuerpo de Kevin" dijo la abogada querellante.
Quincose Vilalta reiteró que de ahora en más es necesario que "los jefes de los distintos grupos especiales que intervinieron, jefes del servicio penitenciario y de la policía, suministren más datos para la individualización de los intervinientes".
"Ha habido alrededor de cien efectivos de distintas fuerzas, ese día, dentro del penal, y por lo tanto, es necesario que más allá de que digan, más allá de que participó A, B y C, que digan dónde estuvo A, dónde estuvo B y qué armas usó C", explicó. "Se trata de una obligación de ellos de informar todas estas cuestiones", subrayó.
"La querella la presentó Erika Maura como la madre de Kevin con el patrocinio de la Doctora Quincose Vilalta por homicidio agravado, con la posibilidad de ampliar las imputaciones y las investigaciones a todos aquellos que resulten responsables de encubrimiento, de responsabilidad política, responsabilidad material", agregó la coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, Dra. Hilda Presman.
"Todavía no hay imputaciones personales porque se están pidiendo todos los informes a las fuerzas de seguridad que participaron, que queda claro que participaron infantería del servicio penitenciario, el grupo ETOP el Grupo PAR y otras fuerzas especiales", señaló Presman.
"También queda claro que hubo algunas irregularidades bastante evidentes y graves" que "provocaron el foco de coronavirus en la unidad penal", agregó Presman. "Queda claro que hicieron levantar de la cuarentena y los trajeron de una zona de enecon a todo un grupo de penitenciarios que estaba en cuarentena, en ese momento, y esas son algunas de las personas que se indican como civil, que estaban también actuando en el momento represivo", explicó.
