"El Estado debe ser garante del imperio de la Ley y el estado de derecho, y en tal sentido es indispensable que su propio proceder se desarrolle en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas y de toda aquella conducta que pueda representar abuso de poder", expresó la Mesa Provincial Chaco de la UCR "Convergencia Social".
La carta lleva la firma de los dirigentes radicales Carim Peche, Víctor Zimmermann, Livio Gutiérrez, Alejandro Aradas, Teresa Celada, Ayrton Urlich, Irene Dumrauf, Juan Carlos Polini, Glenda Seifert, Hugo Maldonado, Diego Gutiérrez y Sebastián Lazzarini.
Fue divulgada esta semana junto a una reflexión con una reflexión acerca de cómo se ha tratado hasta el momento el abordaje preventivo contra la pandemia de Covid-19.
"El mundo entero se enfrenta a una crisis pocas veces vista como consecuencia de la pandemia COVID-19. Esta inusitada situación nos permitió observar como los países se abocan a enfrentar la exigencia sanitaria sin que ello les impida atender el impacto económico y social de la emergencia", explica la carta.
"En Argentina la primera reacción de las autoridades fue minimizar el problema. Sobre la base de esa percepción tardía, se impuso un aislamiento social obligatorio con el objetivo de aplanar la curva de contagios y así evitar el colapso del endeble sistema de salud argentino, nunca mejor visibilizado que en la marcha nacional de profesionales reclamando salarios y condiciones dignas para desempeñar su tarea en un país que presenta la tasa más alta del mundo de personal sanitario infectado: casi un 14% de los positivos, superando ampliamente el 10% advertido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", expresa.
"Los protocolos sanitarios adoptados por el gobierno nacional contaron con nuestro acompañamiento, todos entendimos que era necesario cuidar la salud de nuestra sociedad, pero sin dejar de advertir sobre las graves consecuencias de esa falsa dicotomía “salud o economía” como así también el riesgo institucional que implica la paralización de los Poderes del Estado. Tanto el gobierno nacional como provincial han desatendido esta realidad", recuerda.
"Si bien son necesarias políticas de asistencia a los sectores más desprotegidos, serán solo paliativos si no se realiza una fuerte inversión sobre la economía real que hoy presenta empresas quebradas, comercios cerrados y una inseguridad laboral expandiéndose tan o más rápido que el virus. Frente a un futuro demandante de alimentos, el sector del agro, del comercio, la industria y las pymes serán los protagonistas de la recuperación del país, pero para que eso ocurra hay que fortalecerlos hoy", subraya.
"Nuestros legisladores nacionales, provinciales y municipales han trabajado en un sinfín de propuestas orientadas a dar respuestas a los legítimos reclamos del sector económico y productivo: ampliación de moratoria impositiva y previsional para Pymes, autónomos y monotributistas en el orden nacional; declaración de emergencia económica, financiera y fiscal del sector comercial, productor de bienes y servicios; prórroga de vencimientos de ingresos brutos; eximición del pago del impuesto inmobiliario rural; congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos, remates y ejecuciones; créditos a tasa 0%, subsidios no reintegrables, refinanciación de todos los créditos otorgados por el Nuevo Banco del Chaco y tantas otras", detalla.
"Todas estas políticas de asistencia económica y financiera, a decir de los expertos, deben ir acompañadas de medidas complementarias de manera encarar un plan de salida gradual de acuerdo a la realidad de cada provincia y localidad: ampliación de la base de testeos a quienes no presentan síntomas ya que el 50% de los contagios son por parte asintomáticas y hacerlo extensivo a poblaciones de mayor riesgo ya que la ampliación de la movilidad y apertura económica deberá combinar diferentes criterios de segmentación: geográfica, demográfica, de riesgo sanitario, de sector y actividad", afirma.
"Las estadísticas de nuestra provincia con casi 900 infectados y 53 fallecidos muestran el fracaso de las políticas públicas. Cientos de profesionales de la salud y personal de seguridad infectados. Aislamiento social obligatorio para ciudadanos pero que ni el gobernador ni sus funcionarios cumplen. Restricción de circulación mediante trámites y controles de dudosa efectividad al mismo tiempo que continúan ingresando personas a través de los límites de la provincia comprometiendo a pueblos y ciudades del interior", sostiene.
"A diferencia de los países del mundo, los efectos del “cuidado” estatal alcanzó la institucionalidad del país. Podemos expresar con orgullo que hace 37 años vivimos en democracia, pero no sentimos el mismo entusiasmo si tenemos que hablar de nuestra República, varias veces amenazada por la tentación de quienes, como hoy, entienden el poder como un estado de emergencia permanente que les permite decidir unilateral y discrecionalmente que, como y cuando hacer", recuerda.
"El Estado debe ser garante del imperio de la Ley y el estado de derecho, y en tal sentido es indispensable que su propio proceder se desarrolle en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas y de toda aquella conducta que pueda representar abuso de poder", reclama
"Es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto común. Los argentinos han mostrado responsabilidad a la hora de enfrentar la pandemia. Respetaron las recomendaciones sanitarias y las disposiciones vigentes. Ha llegado la hora de que quienes ejercen el poder, y con ello la toma de decisiones, actúen con reciprocidad hacia una nueva sociedad que reclama ayuda para insertarse en un nuevo mundo, y no está siendo escuchada", concluye.
