Corrientes, jueves 28 de mayo de 2020

Política Mundo

Bolivia despide a su ministro de Salud por presunto sobreprecio en respiradores

20-05-2020
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 Bolivia perdió hoy su segundo ministro de Salud cuando Marcelo Navajas fue detenido y luego removido de su cargo por denuncias de un sobreprecio millonario en la compra de respiradores para enfrentar la pandemia, que se pagó con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Navajas fue arrestado después de que fuera trasladado a dependencias policiales para declarar en el marco de una investigación de una compra de 170 respiradores, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, citado por la agencia de noticias EFE.

La compra de los respiradores a una empresa española, a través de intermediarios y por 4,7 millones de dólares, se realizó con financiamiento del BID, por lo que dos empleados del organismo internacional involucrados también fueron convocados a declarar.

Tras conocerse el arresto de Navajas, la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó que la presidenta Jeanine Áñez -la misma que asumió en noviembre tras la renuncia y la denuncia de golpe de Estado de Evo Morales- decidió "apartar" a Navajas del cargo de ministro, que ocupaba desde hacía apenas mes y medio.

A principio de abril, el primer ministro de Salud de Áñez, Aníbal Cruz, había renunciado "por motivos personales", justo cuando la pandemia -que ya suma 189 muertos y casi 4.500 infectados- comenzaba a crecer en el país.

La ministra de Comunicación explicó ante la prensa que Áñez decidió apartar a todos los funcionarios que son investigados para no interferir en el proceso judicial, y pidió "celeridad" a la Justicia.

La hasta ahora viceministra de Salud, Eidy Roca, asumió inmediatamente de forma interina al frente de la cartera.

El escándalo por los presuntos sobreprecios comenzó el fin de semana pasado cuando un grupo de médicos de terapia intensiva denunció que las máquinas compradas a España no eran adecuadas para las unidades de los hospitales bolivianos.

Luego, dirigentes opositores denunciaron ante la prensa que el gobierno había pagado enormes sobreprecios. El lunes, la Asamblea Legislativa ya había instalado una comisión parlamentaria para investigar el escándalo.

“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos una investigación sobre un posible caso de corrupción en la compra de los respiradores españoles", escribió hoy en Twitter Añez.

“Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, agregó Áñez, quien asumió en una sesión del Senado sin quórum y con un fuerte discurso anticorrupción.

La semana pasada, la mandataria anunció en un acto público la compra de los respiradores y, desde entonces, participó de varias entregas en hospitales del país.

Bolivia le compró los equipos a la empresa catalana GPA Innova a un precio unitario de 27.683 dólares. Sin embargo, luego se supo que la compañía los vende en general por entre 10.312 dólares y 11.941 dólares.

En la operación, otra empresa española ofició de intermediaria, como exportadora: IME Consulting, con sede en Bilbao.

No está claro cuánto cobró esta segunda empresa.

El gobierno boliviano decidió hacer esta compra directamente en España, según los primeros datos por medio de su cónsul en Barcelona, David Pareja, pese a que una empresa en Bolivia, Cosin Ltda había ofrecido importar los mismos equipos por 12.500 dólares la unidad, informó el diario local Página Siete.

Fuentes de GPA Innova explicaron que la empresa “vendió los respiradores a un exportador, a precio tarifa y a partir de ahí la responsabilidad es del exportador” y que “no tienen conocimiento del precio final de venta”, según el diario español El País.

Los respiradores no solo fueron criticados por su precio, sino también porque no eran los adecuados para las unidades de terapia intensiva de Bolivia.

En cartas y comunicados públicos, organizaciones del sector señalaron que estos aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias y, por lo tanto, resultaban inadecuados para atender a pacientes con coronavirus en la crisis provocada por la pandemia.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció la conformación de una comisión especial para investigar el caso.

El escándalo fue calificado por diferentes políticos y analistas como un duro golpe a la credibilidad del gobierno de Áñez, quien también es candidata a la Presidencia en las elecciones que se debían realizar este mes pero fueron postergadas, aún sin fecha clara, para más adelante este año.