El Comité contra la Tortura ha pedido hoy al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que se expida con urgencia sobre la situación carcelaria de un sector de los internos de la Unidad penal 1 considerado de riesgo frente a la pandemia del coronavirus
La demanda coincide con una huelga de hambre que han iniciado este lunes presos que ese encuentran en las mencionadas condiciones de vulnerabilidad y que piden su internación domiciliaria. (Ver relacionada)
Ramón Leguizamón presidente del Comité con el patrocinio del Jorge Eduardo Isetta indican en la presentación que se han hecho antes más de 50 solicitudes judiciales sin obtener respuestas y pide se evalúe caso por caso la situación carcelaria del grupo de riesgo.
Incluyen a los detenidos que están en condiciones de libertades anticipadas, “privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca del agotamiento de su pena o de la libertad condicional, priorizando a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual”.
El Comité aclara que si bien el contexto de hacinamiento coloca en riesgo a toda la población, especialmente hay grupos de riesgo y de alta vulnerabilidad, por lo que aconseja se proceda a avanzar con el relevamiento de esta población de riesgo (adultos mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas.y /o con niños menores de 5 años).
Ver:
Internos con salud delicada del Penal 1 en huelga de hambre
“En esta emergencia los males previos —como como superpoblación, insuficiente alimentación y atención médica— se agravan ante el riesgo inminente de infección” señala el comité y aconseja “una despoblación penal racional, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca de la liberación definitiva o condicional y a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual”.
Para el comité la situación es más extrema desde que se ha confirmado un caso de coronavirus en un empleado de la Unidad Penal I “una de las unidades más superpobladas y deficitarias en materia de infraestructura sanitaria” con un nexo epidemiológico todavía impreciso.
“Las personas privadas de libertad están encerradas y sin recibir visitas del exterior, pero se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad ante la pandemia de COVID-19, atento al hacinamiento y las malas condiciones higiénico-sanitarias que se viven en la cárcel, lo que constituye un riesgo sanitario no solo para quienes estamos presos sino para el personal de custodia, de salud y civiles que concurren diariamente a los penales”, se manifiesta
El Comité contra la Tortura cita en su presentación los aportes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Cámara Nacional de Casación y de otros Tribunales del País
Todos convergen en que los estados deben adoptar medidas urgentes con relación a las personas privadas de la libertad y garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias y recomiendan entre otras medidas reducir la sobrepoblación en los centros de detención y examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al Covid-19
El Comité propicia abrir canales de dialogo entre el Comité de Crisis, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario incluyendo a familiares y la población penal, “para evitar situaciones de violencia generadas por angustia y desinformación”
