La Red Corrientes de DDHH expresó este viernes su preocupación por la situación de las personas privadas de su libertad a partir de la confirmación de un caso de coronavirus en personal penitenciario de la Provincia. Exhortan al Poder Judicial que revise el listado de personas de riesgo y alta vulnerabilidad en materia de salud y disponga medidas alternativas a la prisión.
La Red Corrientes de DDHH reiteró este viernes que el Estado tiene la responsabilidad de "resguardar la integridad física, la vida y la salud de las personas privadas de la libertad, que quedan bajo su tutela".
"Es público, notorio, y fueron suficientemente advertidas, las deplorables condiciones de detención de cárceles y comisarías en la Provincia. Existe hacinamiento, déficit estructural, falta de agua, superpoblación, poco personal de salud, falta de elementos de higiene y seguridad sanitaria", subrayó hoy la Red a través de un comunicado.
"La unidad penal 1 tiene capacidad para 440 personas y aloja a más de 650, con un 40% de superpoblación, la alcaidía de San Cayetano en situación parecida, con capacidad para 300, aloja con una superpoblación de más del 30% a cerca de 420 detenidos. Se agrava la situación en la Up6 por los históricos problemas de agua, con muy poca presión, lo que dificulta el lavado frecuente de manos y otras medidas sanitarias", precisó.
La Red observó que con la alta transmisibilidad y velocidad de contagio de esta pandemia, un caso de coronavirus "puede desencadenar una tragedia humanitaria que ponga en riesgo a los privados de su libertad, al personal penitenciario y personal civil que presta tareas en esas unidades penales".
Luego subrayó que está declarada la emergencia penitenciaria en todo el país, "y desde el inicio de la pandemia ha habido innumerables recomendaciones de expertos de salud y de derechos humanos de organismos internacionales, nacionales respecto al alto grado de vulnerabilidad que tienen las personas privadas de su libertad en el contexto de esta pandemia".
Ante la situación, la Red reiteró recomendaciones "claras y concretas".
"Disminuir la sobre población, determinando en primer termino los grupos de riesgo: adultos de mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, mujeres embarazadas y/op con niños, etc-. Para esta población disponer, urgentemente su salida de la cárcel, bajo regímenes de prisión domiciliaria, o de libertades anticipadas: condicionales y/o asistida, en el caso de condenados, y excarcelaciones para procesados. Y evitar que ingresen a prisión, estos grupos de riesgo", enumeró.
En Corrientes, hasta el momento "sabemos que sólo se han trasladado de unidades penales muy hacinadas como la UP1 a la granja Yatay, algunos presos de avanzada edad, y se han elevado a la justicia un listado de personas en este grupo de riesgo. Pero el juzgado de ejecución hasta ahora no se ha pronunciado respecto a los pedidos (más de 140) de libertades anticipadas o prisión domiciliaria", detalló.
"Vemos como muy necesario y urgente que se tome nota de la gravedad de la situación penitenciaria, asi como de la situación de quienes están en comisarias, y en los puntos de demora, por violación de la cuarentena, porque son espacios de aglomeración, hacinamiento y de poco control sobre riesgos sanitarios", subrayó la Red.
"El personal penitenciario afectado por coronavirus, estuvo en contacto con sus compañeros de guardia, con privados de su libertad, con personal civil y medico mientras deambuló con síntomas febriles y su confirmación en el dia de la fecha", sostuvo.
"Habrá que determinar el circuito epidemiológico, asegurar hisopados a penitenciarios y presos, mejoramiento de las condiciones de detención, asegurar liberación de espacios para asegurar mayor distanciamiento social, mayor provisión de elementos de higiene, atención adecuada", indicó la Red.
En el caso de las cárceles, "con las visitas de familiares prohibidas desde hace casi 20 dias, el contagio sólo viene por parte del personal penitenciario y los operadores de seguridad que el Estado dispone. Asi como su salud y seguridad dependen exclusivamente del Poder Judicial (Superior Tribunal de Justicia, Tribunales, Cámaras y juzgados) y de los estamentos del Poder Ejecutivo (ministerio de seguridad, servicio penitenciario y policia) que debe garantizar seguridad y custodia adecuadas", expresó.
"Exhortamos al Poder Judicial que revise el listado de personas de riesgo y alta vulnerabilidad en materia de salud y disponga medidas alternativas a la prisión, libertades anticipadas y prisiones domiciliarias en los casos que correspondiere, de acuerdo a los parámetros determinados por comités de expertos, y organmismos internacionales y nacionales en relación a la pandemia", concluye el reclamo.
"Hacemos lo propio con el Ministerio de Seguridad y de Justicia, exigiendo se redoblen las medidas de resguardo, el personal medico, la provisión de elementos de higiene , y se establezcan canales de información a los familiares y a los propios detenidos para evitar situaciones de mayor conflictividad", termina.
