El expresidente Rafael Correa fue condenado este 7 de abril a ocho años de cárcel por el delito de cohecho luego de que la Corte Nacional de Justicia lo encontrara culpable. Algo que no ha sentado bien desde la izquierda política del país, ya que consideran este juicio como una persecución política contra el expresidente comandada por el actual mandatario Lenín Moreno.
La condena también inhabilita a Correa de sus derechos políticos durante 25 años. Esto impediría que el exmandatario se volviese a postular a la Presidencia del país para disputar la candidatura a Lenín Moreno, político que en otro tiempo llegó a ser uno de sus más cercanos colaboradores.
De acuerdo con la sentencia, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, han sido condenados, mientras que la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados coautores de este, y dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices.
"La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena está ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme", explicó a EFE una fuente judicial sobre el alcance de la medida.
El texto acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
Correa: "Esto era lo que buscaban (...) lograr lo que nunca pudieron por las urnas"
Desde su residencia en Bélgica, Correa ha criticado duramente la sentencia y mantiene que todo esto es un acto de persecución orquestado contra su persona y su partido. En la actualidad, el expresidente está prófugo de la Justicia de su país por esta y otra causa que no reconoce.
La fiscal general, Diana Salazar, ha acusado a Correa de que, sin llegar a participar en el delito de forma directa, todas las órdenes "fueron orquestadas" desde arriba, en clara alusión a que era él quien dirigía la consumación del delito de cohecho. Según Salazar, los supuestos autores deberían de recompensar al Estado con los 1.130 millones de dólares que costaron los contratos.
Uno de los objetivos de Rafael Correa era poder inscribirse a las elecciones previstas para el 2021 como candidato antes de que lo inhabilitaran.
Correa reiteró, en más de una ocasión, que quieren bloquearle sus posibilidades electorales, que es víctima de "persecución política" y que la serie de indagaciones judiciales en su contra demuestran la "desesperación" de sus opositores.
"Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente", indicó Correa en declaraciones a EFE, en las que criticó la "urgencia" del fallo del tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia en plena crisis por la pandemia de coronavirus.
"Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer", agregó.
El partido izquierdista Alianza País, que antes integraba a Lenín Moreno y Rafael Correa, se ha visto seriamente fragmentado desde la salida del poder de este último. Los "morenistas" y "correístas" se han enfrentado políticamente como adversarios en los últimos años y sus diferencias crecieron, en especial, a partir del referendo sobre la reelección indefinida.
Fuente: France 24 y EFE
