El concejal Fabián Ríos (FdT) presentó dos denuncias penales contra el intendente Eduardo Tassano por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”
Según señala es por "la sucesión y acumulación de irregularidades, falta de transparencia y violación de normas municipales, provinciales y nacionales cometidas durante la entrega de espacios en las playas públicas para la explotación comercial privada".
Una de las acciones judiciales es por la firma de un "Convenio Transaccional" suscripto entra Municipalidad de Corrientes y la empresa Hoco S.A. “sin la correspondiente homologación del Concejo Deliberante” y cuestiona “las excepciones y autorizaciones irregulares” que la administración de Eduardo Tassano le concedió a la empresa privada para la construcción de un shopping en la playa Arazaty II “sin los debidos estudios de impacto ambiental previos”.
Ríos aclara que en el caso del shopping, que la titularidad del espacio, que la gestión de Tassano y la empresa Hoco S.A. dicen que es privada; "deriva de un litigio de expropiación pública y con invocación de derechos que prescribieron hace más de una década".
Explica que se encuentra dentro de "un juicio de expropiación inversa iniciado en 2008 por los señores Bayol y cuyo objeto era el pago de una indemnización por el inmueble donde se construyó la Av. Juan Pablo II" y que posteriormente, los Bayol "cedieron derechos litigiosos a la empresa Hoco S.A respecto de una posible indemnización".
"Desde el inicio de ese juicio de expropiación inversa por parte de Bayol en 2008, incluso durante la gestión del ex intendente Carlos Vignolo; la Municipalidad de Corrientes entendió que el derecho y la acción instaurada contra la Comuna había “prescripto” debido a que la Ordenanza que declaró de "utilidad pública y sujeto a expropiación” esos inmuebles, fue sancionada en el año 2000", menciona Ríos.
Luego puntualiza que todas las gestiones municipales, desde 2008 a 2017, entendieron el caso en el mismo sentido jurídico: el reclamo que inició Bayol en 2008 y los derechos litigiosos invocados por Hoco S.A "estaban prescriptos desde el momento de iniciar la demanda que los privados invocan un derecho extinto, que el planteo fue realizado fuera de término y que hace mucho tiempo opera esa prescripción a favor del Estado que expropió esos terrenos para realizar la obra de defensa costera conocida como Costanera Sur".
“Respecto del inmueble donde se pretende construir el shopping y el de calle Lamadrid (donde pretenden construirse un edificio de viviendas), fueron adquiridos por la empresa Hoco S.A muchos años después de que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y ni siquiera fueron objeto del juicio de expropiación iniciado en el año 2008 por Bayol”, detalla la denuncia.
Ríso acusa que Eduardo Tassano es el único intendente, desde 2008 en adelante, que pretende reconocerle a la empresa privada Hoco S.A. un derecho extinto, le “otorgó privilegios” y le “eximió del pago de contribuciones por hormigonado y uso de veredas”, además de “autorizaciones mediante excepciones al código de planeamiento para que construya un shopping en la playa”.
Incluso la porción de playa donde pretenden construir el shopping, agrega, “ni siquiera fue objeto del juicio de expropiación iniciada en 2008; por lo que cualquier acción en contra del Estado municipal por la titularidad de dichos inmuebles, no podría prosperar ya que los plazos también se encuentran prescriptos”, agrega la denuncia.
Denuncia por restaurantes y boliches en funcionamiento:
En una segunda denuncia penal, Ríos detalla las supuestas irregularidades en las concesiones -sin licitación- de espacios en las playas públicas bajo la figura de “permisos precarios” que facilitaron la construcción infraestructuras de hormigón en las que hoy funcionan paradores, confiterías, restaurantes y hasta boliches bailables que se dedican a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas; actividades estas últimas que están “expresamente prohibida por ordenanza”.
Son los casos en que el Ejecutivo Municipal benefició, de manera irregular, a las empresas “Jack Tower S.A.S”, “Live World S.R.L.” y “Ms Holding Group SASU” vulnerando más de 10 ordenanzas y leyes provinciales.
Señala que la Carta Orgánica Municipal establece que “es el Concejo Deliberante, por mecanismo de doble lectura, quien tiene la competencia para disponer el uso del espacio público y el otorgamiento del uso de bienes del estado municipal a particulares”; requisito que no se cumplió con las entregas de espacios y construcciones de hormigón en las playas Arazaty e Islas Malvinas.
Ello sumado a que, “en ninguno de los casos mencionados se realizaron estudios de impacto ambiental previo”, no hubo participación ciudadana, hubo “ocultamiento intencional de información pública” y no se les permitió a los concejales acceder a los expedientes en cuestión.
