Foto: Imagen de archivo: Soldados hacen guardia afuera de una casa con propaganda electoral cerca del Área Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía para ex guerrilleros de las FARC, en Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, el 19 de octubre de 2019.
El desplazamiento forzado ocurrió en el municipio de Ituango, una zona históricamente golpeada por el conflicto en Antioquia, noroccidente del país.
Los campesinos, entre los que se encuentra un centenar de excombatientes, huyeron por las advertencias de enfrentamientos inminentes entre las disidencias de las FARC y grupos paramilitares. El Gobierno colombiano estaba advertido.
Dejaron sus casas, enseres, cultivos y animales. Ahora, están albergados en un coliseo.
Esa es la situación de más de 800 campesinos en Colombia, unas 309 familias, que por amenazas de enfrentamientos entre los miembros del grupo paramilitar Clan del Golfo y disidentes exFARC, que se disputan el negocio de la coca, tuvieron que buscar refugio en el casco urbano de Ituango, en el departamento de Antioquia.
De acuerdo con las declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Luis Fernando Suárez Vélez, miembros del grupo paramilitar fueron a varios hogares de seis veredas, durante el fin de semana del 23 de febrero, advirtiendo que en la zona se iba a desatar un enfrentamiento. La reacción natural de los campesinos fue huir de la zona.
Y a muchos de ellos los ha tocado el conflicto de distintas formas, varias veces.
Desde los 80 la zona ha sido disputada por la exguerrilla de las FARC, luego de los paramilitares, que en los 90 mostraron su poderío y dejaron huellas imborrables como las masacres de El Aro y La Granja. Lejos de pacificar la zona y como un círculo vicioso, las disidencias de los exFARC y los grupos paramilitares, ahora bajo otro nombre, se disputan cultivos y rutas esenciales para las economías ilícitas basadas en el narcotráfico. En medio, siempre la población que se queja de un Estado ausente.
A pesar de que el Gobierno Colombiano ha desplegado a las Fuerzas Militares en las seis aldeas amenazadas, y ha prometido brindar ayuda a los campesinos desplazados, la situación es mucho más compleja. La guerra por controlar estos territorios y los constantes enfrentamientos entre las bandas hacen que el riesgo para la población sea permanente.
"Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas", precisó Suárez ante los medios locales.
Pero el retorno en uno de los más importantes "corredores del narcotráfico" no es tarea fácil. El alcalde del municipio de Ituango, Edwin Mauricio Mira, es consciente de que en el territorio "convergen muchos grupos armados ilegales buscando el control de la zona (...) la raíz de toda esta problemática de orden público ha sido el tema de los cultivos ilícitos; detrás de los cultivos ilícitos vienen los grupos armados y detrás de esos grupos armados vienen desplazamientos, muerte a líderes sociales y reclutamiento de menores" explicó Mira.
COMUNIDADES DENUNCIAN AUSENCIA DEL GOBIERNO
Los campesinos desplazados, actualmente refugiados en el coliseo local del municipio antioqueño, han manifestado ante diversas ONG que la "ausencia del Estado" sumada a la "falta de voluntad política" para cumplir los Acuerdos de Paz firmados en 2016, los ha empujado a regresar a la que parece una interminable espiral de violencia.
En una carta emitida por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, la ONG Nodo Antioquia, la Corporación Nibaru, la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, se expone el riesgo inminente que corre la población y la responsabilidad que las víctimas de estas amenazas le atribuyen al Gobierno del presidente Iván Duque.
"Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza de Duque por no implementar de manera efectiva los acuerdos pactados (Acuerdo de Paz, 2016), su omisión y la falta de voluntad política para cumplir el papel fundamental de garantizar la no repetición de la violencia, vivida en décadas pasadas, a las comunidades del municipio de Ituango", advierte el comunicado.
Como si fuera poco, la Fundación Sumapaz denunció este 25 de febrero que tras "72 horas de la crisis humanitaria en Ituango, todavía no han llegado las ayudas prometidas. No son claros los protocolos ni la atención de las autoridades".
De los desplazados, 120 son excombatientes de las desmovilizadas FARC que se acogieron al Acuerdo
Una de las seis veredas en la mira de los paramilitares del Clan del Golfo es la de Santa Lucía, donde se encuentra el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 'Román Ruiz'.
Allí, familiares de los 120 exguerrilleros no solo han tenido que hacer frente a las amenazas, sino que han presenciado el asesinato continúo de los excombatientes que le apostaron a la paz. Ellos también alertaron de esta crisis humanitaria, como lo explicó a France 24 Nubia Ciro Zuleta, lideresa social en Ituango.
"Tanto la FARC (partido político), como la sociedad civil en Ituango le solicitaron al Gobierno que tomara el control de los esos territorios porque ya se sabía que si no se creaban programas integrales de desarrollo y protección para las comunidades y los excombatientes, otros grupos iban a llegar a tomar posesión de esos territorios", dijo Nubia.
Desde la firma del Acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 excombatientes. En respuesta, el Gobierno, a través de la Consejería de Estabilización, dijo que en los próximos meses harían un "traslado" escalonado de los que dejaron las armas y sus familias, "con protección de la fuerza pública".
Este no ha sido el único desplazamiento de excombatientes, sino el más grande. El pasado 31 de enero, por ejemplo, más de 60 exguerrilleros en el mismo ETCR 'Román Ruiz' decidieron salir de allí junto con sus familias ante la difícil situación de orden público del municipio. Se estima que desde la firma del Acuerdo de Paz, unos 70 desmovilizados habían abandonado el ETCR de Ituango por la misma razón. Muchos de ellos ahora se encuentran radicados en la ciudad de de Medellín.
Para Nubia Ciro Zuleta, los que se vive en Colombia es "un nuevo conflicto armado con actores ya conocidos".
La Defensoría del Pueblo y la ONU ya habían lanzado advertencias tempranas al Gobierno
El pasado 19 de febrero, dos días antes de comenzaran las amenazas en las veredas antioqueñas, el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, se encontraba en Ituango haciendo un llamado a las autoridades nacionales, locales y a la comunidad para atender con premura la situación.
"Quiero reiterar la necesidad de seguir trabajando para la seguridad de las comunidades y los excombatientes, tanto los que se van como los que se quedan en el antiguo ETCR de Santa Lucía, Ituango (...) esta situación requiere una atención integral de parte del Estado colombiano para brindar mejores condiciones y así consolidar la paz en la región", indicó Massieu, durante un evento en la que estaban presentes el Gobierno central, las Fuerzas Militares y otros organismos de cooperación.
También, la Defensoría del Pueblo había advertido en uno de sus informes de seguimiento de Alerta Temprana (026 - 18) que "la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las FARC, además de la persistencia de otros actores armados ilegales que explotan las economías legales e ilegales, vulneran los derechos de la población civil".
Según el informe, Ituango está entre los municipios con mayor número de homicidios registrados, los cuales "corresponden a zonas de alta conflictividad social, zonas priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz y escenarios de disputa de actores armados ilegales que buscan el copamiento de zonas donde ostentaron el control territorial las extintas FARC – EP".
Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.
Fuentes: France 24, EFE y medios locales
