Corrientes, viernes 29 de marzo de 2024

Sociedad Corrientes
“CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA”

Duro informe del Observatorio de Conflictos Sociales: asegura que en el Chaco crece la represión policial

18-02-2020
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El Observatorio de Conflictos Sociales (OCSo-NEA), dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste señala que, en sólo 2 meses de gestión del gobierno de Jorge Capitanich, se han producido al menos 6 hechos de represión policial directa contra organizaciones sociales, con personas heridas, detenidas e incluso órdenes de captura hacia sus dirigentes por parte de la justicia provincial.

En tal sentido, el Observatorio considera necesario difundir ante la opinión pública, lo que entiende como “una avanzada en la criminalización de la protesta en el Chaco”, y por ello emitieron un comunicado.

Desde la asunción del gobierno de Capitanich, el 10 de diciembre de 2019, el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) ha registrado seis hechos de criminalización de la protesta social en territorio chaqueño.

La “criminalización de la protesta” puede definirse como aquel proceso político, mediático y jurídico que intenta mostrar un reclamo por derechos como una acción criminal, para legitimar el uso de la fuerza pública en contra de quienes demandan atención de las autoridades.

“Si bien los hechos represivos recientes han tenido diversas modalidades, su característica definitoria es la recurrencia a la violencia policial (balas de goma, gases lacrimógenos, camión hidrante, escudos y cachiporras) como forma de solucionar los reclamos sociales”, indica el Observatorio Sociales del Nordeste Argentino dependiente de la UNNE, en un comunicado.

También hay un párrafo dedicado a los medios de prensa: “Entre tanto, la mayor parte de los medios de prensa actúa legitimando la versión estatal, replicando los comunicados oficiales del gobierno o la policía sin dar voz a los propios afectados y utilizando eufemismos como ‘disturbios’, ‘reclamos violentos’ y ‘agresiones a la policía’ para no hablar de represión”, señalan.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA CASO POR CASO:
A continuación, el Observatorio detalla:

1. El 12 de diciembre, cuando la policía provincial desalojó a distintas organizaciones provenientes de Quitilipi que intentaban instalar una carpa de protesta en la vereda de la Casa de Gobierno, fueron detenidos al menos tres personas -una de ellas menor de edad-.

2. El 18 de diciembre, cuatro trabajadoras contratadas del Programa “Expertos” del Ministerio de Salud fueron golpeadas y detenidas cuando reclamaban su pase a planta en el octavo piso de la Casa de Gobierno.

3. El 19 de diciembre se produjo otra represión frente a la Casa de Gobierno. Esta vez, contra integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones aliadas del gobierno provincial. Además de varios heridos con balas de goma, hubo 5 personas detenidas.

4. El 15 de enero la represión se trasladó a Quitilipi, donde integrantes del MTD 25 de Mayo fue violentamente desalojado cuando se instalaron en los pasillos del edificio municipal a modo de protesta.

5. El 29 de enero, manifestantes que reclamaban viviendas frente al Barrio Toba, fueron desalojados de la ruta 11 mediante la fuerza policial.

6. Finalmente, el 12 de febrero último hubo una nueva represión en Quitilipi contra el MTD 25 de Mayo. Esta vez, la policía desalojó un acampe que la organización realizaba en la ruta 16 y la Justicia ordenó la captura de sus principales dirigentes. Este hecho evidencia el ensañamiento represivo contra una organización y resulta particularmente grave debido a la judicialización de la protesta. Hasta horas recientes se realizaban allanamientos en locales de la organización y dos personas permanecían desaparecidas después de la represión que se extendió desde la ruta hasta los campos aledaños.

Desde el Observatorio de Conflictos Sociales entienden “que este proceso se enmarca dentro una estrategia general que el poder estatal pone en marcha para controlar mediante la violencia, la conflictividad social que se expresa a través de los hechos de protesta”, y hacen un llamado de atención “a las organizaciones sociales, sindicales y políticas en la provincia del Chaco ante el despliegue de una estrategia que, bajo la apariencia del dialogismo, solapa la violencia estatal de la represión policial y la persecución judicial”.