Las diputadas por Corrientes Ingrid Jetter y Estela Regidor, junto a otros trece diputados nacionales, elevaron un pedido al Ministerio de Desarrollo Productivo para que deje sin efecto la suspensión de la ley de Economía del Conocimiento, "teniendo en cuenta la inseguridad jurídica y las graves consecuencias económicas y laborales para el sector" que trae aparejado el cese.
El pedido fue elevado con la firma de los diputados Luis Alfonso Petri, Alfredo Cornejo, Alfredo Oscar Schiavoni, Dolores Martinez, Maria Lujan Rey, Lorena Matzen, Alicia Fregonese, Ignacio Agustin Torres, Albor Ángel Cantard, Fernando Adolfo Iglesias, Jimena Latorre, Jorge Ricardo Enriquez, Camila Crescimbeni, Estela Mercedes Regidor Belledone e Ingrid Jetter,
El pasado 20 de enero el Ministerio de Desarrollo Productivo publicó la Resolución 30/2020 que en su artículo 3 dispone: “Suspéndanse los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento presentadas hasta la fecha de emisión de la presente, hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente.”
En el pedido, los legisladores remarcan que en la práctica dicho artículo "supone lisa y llanamente la suspensión de Régimen" previsto por la ley a pesar de las propias previsiones contenidas en su articulado, particularmente el Artículo 20 que regula su vigencia.
Dicho artículo establece que: “El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2029”, por consiguiente y en los efectos prácticos la Resolución 30/2020 contraria el periodo temporal previsto en la ley siendo a todas luces inconstitucional por la prelación y jerarquía de las normas en conflicto.
De acuerdo a los diputados y diputadas, "una medida como la publicada supone la ausencia de reglas claras y por consiguiente una parálisis en las inversiones previstas en el marco de la ley y la huida de empresas radicadas en el país por falta de ventajas competitivas respecto de la región". Asimismo, "tendrá consecuencias negativas, no solo de generación de nuevos empleos, sino también en la pérdida de puestos de trabajo existentes que se desarrollaron al amparo de la ley de promoción del software desde el 2003 y su continuadora la ley 27.506 de Economía del Conocimiento", remarcan.
Los legisladores recuerdan que la economía del conocimiento mide la aplicación del saber y la creatividad para generar valor y mejorar procesos. Además, representa el 22% de la producción total del país y está creciendo año tras año. Los diputados y diputadas expresan que, en Argentina, más de 6 mil empresas aplican conocimiento en software, innovación, educación y hasta en agricultura. En 2018 la llamada industria del conocimiento, con US$ 6.000 millones, se convirtió en el tercer exportador después de granos y aceites y los autos.
La Ley 27.506 de Promoción a la Economía del Conocimiento fue sancionada en mayo del 2019. Uno de sus objetivos es el crecimiento pudiendo generar en el 2030 más de 215.000 nuevos puestos de trabajos, que significa duplicar la cifra actual y a US$ 15.000 millones de exportaciones, a partir de cuatro beneficios fundamentales: Menor costo de cargas patronales e impuesto a las ganancias, estabilidad fiscal, alivio fiscal para las exportaciones, fomento a las nuevas empresas, todo ello cae en saco roto a partir de la suspensión.
"Esta ley fue votada por 182 votos afirmativos y 2 negativos en la Cámara de Diputados, lo que demuestra el amplio consenso político, consenso que hoy es borrado de un plumazo a partir de la Resolución 30/2020, por lo que solicitamos se deje sin efecto la medida", expresan.
