Corrientes, jueves 21 de noviembre de 2019

Sociedad Corrientes
ACUERDO

Convenio Gobierno-Poder Judicial sobre violencia doméstica

07-11-2019
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Fue suscripto por el presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, y el gobernador Gustavo Valdés,  para la supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia doméstica.

El Gobernador Valdés destacó que este convenio se suma a otras medidas dispuestas como las tobilleras electrónicas y la refuncionalización total del 911, que recibe llamados por hechos de violencia, entre otros tópicos.

En el caso del Poder Judicial el compromiso es implementar acciones para la correcta coordinación, fiscalización, acompañamiento institucional y toma de decisiones vinculas a la implementación del Sistema de Dispositivos Duales de Supervisión, Monitoreo y Rastreo de Agresores y Víctimas de Violencia.

También debe garantizar el funcionamiento del “CMyG” en el ámbito del Poder Judicial Provincial, con exención del pago de las tasas de justicia que pudieran corresponder.

El doctor Luis Eduardo Rey Vázquez destacó esta adhesión como un hito relevante que se suma a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las causas judiciales centradas en la violencia doméstica.

“Sabemos que la violencia es un flagelo al cual no somos ajenos y que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Aquí lo que se busca es realizar un adecuado seguimiento para evitar reiteraciones de situaciones críticas” expresó el titular de la Corte Provincial.

Añadió: “Estos dispositivos proporcionan información de si las medidas de restricción dispuestas por los magistrados se cumplen o no. No erradica la violencia pero constituye una herramienta de control eficiente e inmediato de detección de irregularidades” afirmó.

Se mostró preocupado ante el aumento de los casos de violencia doméstica que se tramitan mediante el área de estadística del Poder Judicial y en ese sentido, manifestó que estos dispositivos permiten fortalecer el trabajo de los operadores de justicia.

El convenio implica además el desarrollo de capacitaciones para Magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales sobre la temática, en tanto el Poder Ejecutivo por su parte, deberá comunicar al Poder Judicial sobre los informes que realice la Provincia a la Nación.

Esos informes estarán vinculados a datos relacionados sobre el uso, estado, transgresiones detectadas y demás factores relacionados con la implementación del servicio en el ámbito de su jurisdicción.