Uruguay va este domingo a una elección crucial que pone en juego 15 años de prevalencia del Frente Amplio
Se da por seguro que ningún partido alcanzará el 50% de los votos y habrá un balotaje en noviembre que podría conducir a una victoria de la derecha.
Si bien en los últimos días se detecta una progresión del FA en los sondeos, todo indica un retroceso de la izquierda y un aumento de los votantes del bloque de la derecha, compuesto por tres partidos que ya han iniciado negociaciones para sumar fuerzas.
La izquierda y su candidato, el ingeniero Daniel Martínez, han centrado su campaña en destacar los logros de sus 15 años en el poder, exhibiendo datos como el crecimiento sostenido de la economía en un ambiente de crisis regional, el aumento del salario real (65% desde el primer mandato del FA) o la disminución de la pobreza, que es actualmente del 8,6%, la más baja de Latinoamérica. Pero conscientes del desgaste que sufre la coalición, su eslogan de campaña ha sido: “Vamos a hacerlo mejor”.
Por su lado, la principal formación de la oposición, el Partido Nacional (derecha) se ha concentrado en una fuerte crítica al Frente Amplio, señalando sus fracasos en el desarrollo de políticas industriales, casos de mala gestión que generaron importantes déficits fiscales o los malos resultados en el mantenimiento de la seguridad pública, entre otros.
Todos los partidos aseguran que mantendrán ciertas políticas del actual Gobierno, como la diversificación del acceso a los mercados internacionales (actualmente se negocia un acuerdo de libre comercio con China), la necesidad de potenciar Uruguay como un actor regional con alto valor agregado en temas logísticos o la mejoría de la calidad del agua, recurso deteriorado por la actividad agropecuaria.
Pero el programa del Partido Nacional propone también cambios sustanciales, como la modificación del régimen impositivo para el sector agropecuario, un control de déficit fiscal mediante una reforma de la administración pública, una reforma educativa, además de la anulación de la Ley de Inclusión Financiera que obligó a sistematizar los pagos por Internet para evitar el dinero en efectivo y la evasión fiscal.
