Tras diez años de conflicto, y como resultado de un proceso de mediación judicial, los pobladores de la comunidad guaraní de Yahaveré recibieron las escrituras de sus propiedades por parte de Haciendas San Eugenio S.A. “Es la primera vez que una empresa privada restituye tierras indígenas”, señaló Miriam Sotelo, una de las pobladoras de Yahaveré.
En un acto realizado en el Superior Tribunal de Justicia, se oficializó mediante la firma de un acta la entrega de tierras a los pobladores de la comunidad guaraní de Yahaveré, por parte del presidente de Haciendas San Eugenio S.A.
En nombre de la comunidad guaraní tomó la palabra Miriam Sotelo, una madre de 37 años que siempre vivió en la zona y fue una de las principales promotoras de la lucha para que se le reconozca el derecho de propiedad de las tierras. “Es la primera vez que una empresa privada restituye tierras indígenas y hoy se marca un antes y un después en la lucha por nuestros derechos”, explicó. Agradeció al Superior Tribunal de Justicia por facilitar los medios necesarios para resolver la situación y poder llegar a un acuerdo.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, celebró el acuerdo que finalizó con la entrega de tierras y remarcó la importancia de que sean las partes las que encontraron la salida al conflicto. “Para el Superior Tribunal los métodos alternativos de resolución de conflictos son una Política Pública, por ello es trascendental para nosotros que en una causa penal se tuviera este resultado”, expresó.
Por su parte, el titular de Haciendas San Eugenio S.A., Eduardo Arturo Macchiavello se mostró satisfecho de ceder estas tierras a los pobladores de Yahaveré. “De ahora en adelante somos vecinos por lo que trabajaremos juntos y en armonía. Concepción se está desarrollando como un centro turístico importante como acceso al Iberá por lo que esperamos que el Estado intervenga organizando y coordinando”, indicó Macchiavello.
El doctor Fernando Augusto Niz, ministro supervisor del Centro Judicial de Mediación felicitó a las partes por arribar a un acuerdo pacífico y remarcó que a nivel mundial el caso Yahaveré no tiene precedentes por la solución integral a la que se llegó. Destacó la labor de la doctora Gabriela Aromí de Sommer y de Pablo Sosa, que intervinieron en el proceso y detectaron la posibilidad de que este caso no se resuelva por el litigio sino en instancia de mediación, y decidieron remitir las actuaciones al Centro Judicial.
“Los doctores Aromí y Sosa pudieron detectar que este era un caso para mediación porque ambos tienen conocimientos en la resolución alternativa de conflictos. Gracias a ello se llegó al Centro Judicial de Mediación, a cargo del doctor Miguel Antonio Benítez, también clave en esta solución positiva”, finalizó.
CORRIENTES, PIONERA EN MEDIACIÓN
El caso de Yahaveré significó un mecanismo constructivo innovador, siendo la provincia de Corrientes pionera en poner fin a un conflicto territorial a través de un proceso llevado a cabo por intermediación del Centro Judicial de Mediación. El caso constituye un claro ejemplo de que un conflicto de 11 años de judicialización pudo ser resuelto con una buena mediación.
EL HECHO
El Centro de Mediación Judicial de la provincia de Corrientes, intervino en un conflicto entre Haciendas San Eugenio S.A. y la comunidad guaraní Yahaveré. De ese modo en el año 2018 pudo cerrarse con éxito un acuerdo que puso fin a un largo pleito por la posesión de tierras rurales en el Departamento de Concepción, Paraje Yahaveré. La causa se remonta al año 2006 y era tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2 bajo la carátula “Leiva Nicanora Norberta, Sotelo Gladis Isabel, Sotelo Antonio y Gómez Doroteo c/Forestal Andina S.A. s/ interdicto de recobrar la posesión” por el dominio de tierras.
ACUERDO DE MEDIACIÓN
A través de la mediación, el propietario se comprometió de manera voluntaria y como un acto de liberalidad gratuita de su parte a entregar el título de propiedad a favor de miembros de la comunidad Yahaveré.
Asimismo, el propietario aceptó colaborar en las refacciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento educativo de la comunidad, así como en las reparaciones del cementerio y puesta en valor de éste, que se encuentra ubicado en zona concerniente a su parte de la propiedad”, según establecen la cláusulas 3ª y 6ª del acuerdo oportunamente arribado.
