La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de dos hombres y una mujer acusados de explotar a ciudadanos extranjeros, en talleres textiles clandestinos en Buenos Aires, a cambio de "insignificantes salarios" y sometiéndolos a "condiciones indignas".

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La medida alcanzó a Néstor Sánchez Anterino, Gabina Verón y Hermes Provenzano quienes habían sido denunciados el 27 de marzo de 2007 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y sobreseídos por el juez federal Norberto Oyarbide en una singular interpretación de costumbres del altiplano que sus superiores rechazaron.

Los sobreseimientos fueron apelados por el fiscal Luis Comparatore, y por la querella -Liga Argentina por los Derechos Humanos representada por el abogado Rodolfo Yanzón- originando la intervención de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah quienes los dejaron sin efecto.

Oyarbide había desvinculado a los acusados con consideraciones sobre las comunidades "Ayllu" que fueron severamente criticadas por las partes y los "amicus curiae", entre ellos el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Graduados en Antropología y el Centro Cultural Hijos del Pueblo, entre otros.

"Las distintas agrupaciones que se presentaron en el expediente criticaron fervientemente que un magistrado argentino haya hecho una equivocada alusión a prácticas que serían inherentes a pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano", recordaron los camaristas.

Freiler y Farah consideraron "desacertado" pretender "extrapolar estructuras propias de pautas culturales del Altiplano para intentar explicar el funcionamiento de talleres textiles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires en los que se confeccionan productos que serán luego comercializados en la lógica de mercado que rige en esta urbe".

De las denuncias planteadas se desprende que en los talleres trabajaban mayores y menores de edad, que "las víctimas y sus familias" vivían en condiciones "deplorables" y los obreros "eran sometidos a prolongadísimas jornadas laborares, malos tratos e insignificantes salarios".

"De esta manera, entendemos que no puede descartarse sin más que los empleados hayan sido sometidos a condiciones indignas y reducidos a servidumbre o a formas análogas" dijeron los camaristas Farah y Freiler al sostener que lo que "está bajo la lupa son conductas y no calificaciones" y que esa fue la "confusión" que llevó a Oyarbide a sobreseerlos.